Actualizado el 9 de abril, a las 11:42
La comisión de investigación motivada por la Operación Delorme avanza en el Senado. Ya se conocen los planes de trabajo propuestos por los diferentes grupos parlamentarios una vez finalizado el plazo para su registro. Aunque los focos están puestos en la relación de nombres que cada partido desea incluir (o en quienes quedan fuera de momento), el plan de trabajo es el que determina el funcionamiento de la comisión, su objeto, la duración de la misma, los listados de comparecientes o los documentos que se recabarán de cara a elaborar el informe con las conclusiones finales.
Este miércoles, tras concluir el pleno, está prevista una sesión de la comisión para examinar las propuestas y aprobar el plan que marcará su desarrollo. Como era de esperar, las diferencias entre los dos principales partidos han quedado reflejadas en sus documentos. La principal discrepancia viene por el lado del objeto de la comisión de investigación y, en consecuencia, en la relación de personas llamadas a comparecer.
Aunque en el PP no están cerrados al diálogo con otras fuerzas, como indican desde el grupo parlamentario a este medio, su texto es taxativo: la comisión de investigación se regirá por «el plan de trabajo que obtenga mayoría simple de los votos emitidos para su aprobación». Dada la mayoría absoluta de la que goza el Grupo Popular en la Cámara Alta (también en la comisión), esto implica que, salvo acuerdo de última hora en la Mesa del órgano investigador, el plan de trabajo registrado por el PP será el que marque las reglas. Ahí se incluyen los nombres de los comparecientes, cuyo «listado final estará formado por la lista de personas que acompañe al plan de trabajo que obtenga la mayoría», como reza en el texto de los populares.
El listado del PP: 58 nombres de partida
Si bien el plan de trabajo del Grupo Popular contempla que durante las sesiones de la comisión puedan abrirse nuevos plazos para incorporar comparecientes, su propuesta actual, la que se aprobará inicialmente salvo acuerdo con otros grupos, incluye a 58 personas.
La relación de identidades la conforman en su mayoría nombres que son mencionados de una forma u otra en el sumario de Delorme o que han aparecido en diferentes publicaciones en prensa. Al ex secretario de organización del PSOE y exministro de Movilidad, José Luis Ábalos, o el que fuera su asesor, ‘Koldo’ García, se únen el exministro de Sanidad, Salvador Illa; la expresidenta de Baleares y presidenta del Congreso, Francina Armengol; el expresidente de Canarias y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el de Movilidad, Óscar Puente; o el actual secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán.
Más allá de ministros o miembros de la dirección del PSOE, en la lista se encuentran antiguos altos cargos o en vigor del Gobierno, dirigentes de empresas públicas, empresarios o mandos policiales, así como el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales; el diputado del PSOE por Cádiz Juan Carlos Ruiz Boix, o el que fuera CEO de Globalia, Javier Hidalgo, nombres estos dos últimos que no constaban en el documento facilitado y registrado por el PP, pero que sí se han incluido en la relación final al registrarlos como una corrección de errores en la Cámara Alta, como ha avanzado El Mundo y confirman a Demócrata desde el Grupo Popular.
Por su parte, el listado del PSOE se reduce a 11 responsables de diferentes órganos fiscalizadores autonómicos durante la pandemia y al de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, único nombre en el que las propuestas de socialistas y populares coinciden.
Una comisión que abarcará el ‘caso Delcy’
Las discrepancias entre PP y PSOE por el objeto de trabajo también son insalvables. Ya en la reunión de la Mesa del Senado del 12 de marzo, los socialistas pidieron ampliar el objeto de la comisión que previamente habían registrado los populares. Aunque el PP, con mayoría en el órgano rector, se mantenía en su postura inicial, emplazaba a la hipotética posibilidad de que una vez la comisión echara a andar, esta pudiera ampliar el objeto de sus trabajos en un futuro.
Esa opción fue desestimada por la Letrada Mayor de la Cámara. «La creación es acordada por el Pleno con el objeto que figura en la propuesta y la comisión no tiene capacidad para modificarlo», como consta en el acta de aquella sesión consultada por Demócrata. De ahí, la importancia del plan de trabajo que finalmente se apruebe esta semana, entre cuyos contenidos estará perfilar el alcance de la comisión.
Mientras que el PSOE pide en su propuesta que el escrutinio se extienda al «marco general de las actuaciones de las Administraciones Públicas durante los procesos de contratación de emergencia» para adquirir material sanitario durante la pandemia, el PP pide acotarlo a «la existencia de una presunta organización criminal (…) vinculada con el Gobierno», «para desviar (…) recursos públicos destinados a contratar material sanitario».
El documento del PP va más allá y pide que sea objeto de conocimiento de la comisión el estudio de una «presunta red de tráfico de influencias (…) vinculada con el entorno político y familiar más cercano al presidente del Gobierno», para analizar si pudo influir «en la contratación pública, adjudicación de fondos y ayudas (…) con cargo al erario». Por último, «en la medida en la que pueda existir relación con la trama», solicitan «esclarecer los hechos ocurridos» durante la estancia en el aeropuerto de Barajas de la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez, en enero de 2020, «así como el posible desvío de parte de los fondos sustraídos a los españoles a la República Dominicana».
Hasta abril de 2025
A propuesta del PP, «las sesiones de la comisión no podrán extenderse más allá de los doce meses a contar desde la fecha de constitución de la comisión», esto es, hasta el 1 de abril de 2025. Sin embargo, en el caso de «aparecieran nuevas informaciones o la extensión del trabajo lo hiciera necesario», el plan contempla una prórroga en los plazos. Estos tiempos chocan con los del PSOE, que en su propuesta limitaba el calendario a cuatro meses desde la fecha de arranque de la comisión.