QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Cambio en el Reglamento del Senado, una vez más. El Grupo Popular ha avanzado su intención de registrar una nueva modificación del texto por el que se rige el funcionamiento de la Cámara Alta. Así lo trasladaban, ayer, en un escrito firmado por su portavoz, Alicia Rodríguez, dirigido al presidente de la institución.
De salir adelante (los populares cuentan con mayoría absoluta), esta sería la tercera actualización de la norma en lo que va de legislatura, tras la hecha para regular las comparecencias del Ejecutivo y la posibilidad de revocar la tramitación de urgencia a proposiciones de ley, además de la que se hizo para introducir el procedimiento de participación de la Cámara en la Conferencia de Presidentes de CCAA.
Ahora se busca una «reforma integral» del Reglamento que abarcará la función de control al Gobierno, la tramitación de iniciativas y, de forma más amplia, al «funcionamiento general» de la institución.
Al contrario de cómo se llevaron a cabo las dos últimas reformas, desde el PP indican que se pretende alcanzar el mayor consenso posible a la hora de sacar adelante la propuesta. En la nota registrada manifiestan que a lo largo de esta semana presentarán y harán llegar al resto de grupos parlamentarios su proposición de reforma del Reglamento.
Desbloqueo de leyes, contratación y potenciar las entidades locales
Entre los objetivos perseguidos por el Grupo Popular, está potenciar el papel de las entidades locales en la Cámara o una comisión permanente para el «seguimiento y control en la contratación pública». Otro de los aspectos a abordar será el procedimiento de iniciativas legislativas, como han trasladado fuentes del grupo en conversación con Demócrata.
En el punto de mira, el devenir de las proposiciones de ley (PL) de los grupos parlamentarios en la Cámara Alta, textos con vocación de ley que inician su andadura en el Senado con el trámite de toma en consideración y que, superado el primer filtro, siguen su recorrido en el Congreso. Aquí aparecen las denominadas por el PP como ‘leyes Feijóo’, 16 PLs de los populares tomadas en consideración y que permanecen atascadas por la Mesa de la Cámara Baja, algunas desde hace más de un año, por sucesivas ampliaciones de los plazos para registrar enmiendas.
Por el lado de las entidades locales, se señala principalmente a los ayuntamientos. Con la aspiración de dotarlos de mayor relevancia institucional en las Cortes Generales, desde el Grupo del PP se apunta como inspiración a la Comisión General de las Comunidades Autónomas, un órgano creado a mitad de los noventa en el Senado por el que se pretendía potenciar la función de representación territorial de la Cámara. La comisión, con más de una veintena de funciones reservadas, tiene potestad para intervenir en prácticamente cualquier iniciativa que afecte a las autonomías, como por ejemplo la elaboración de ponencias, algo que ahora se quiere emular para el ámbito local.
En estos momentos ya existe una comisión de Entidades Locales en el Senado. Desde el PP no aclaran si se reformularan sus atribuciones o si se creará un nuevo órgano.
Respecto a los contratos del sector público, sin más detalle y con el foco puesto en los últimos meses en cuestiones como el popularmente conocido como ‘Caso Koldo’ y otras causas judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno, la pretensión del PP sería crear una suerte de fiscalizador dentro del Senado con capacidad para controlar y dotar de transparencia la contratación de cualquier tipo en la Administración que pueda resultar de interés a instancias de la Cámara. Cómo se articularía el proceso o cuál es la diferencia con una comisión de investigación son extremos que de momento se desconocen.
El anuncio de Arenas hace año y medio
Al inicio de la legislatura, en septiembre de 2023, uno de los debates en la Cámara Alta orbitó en torno al derecho o no de PNV, Junts y las formaciones agrupadas en la bancada de Izquierda Confederal a constituir grupo parlamentario propio. Aunque el PP se mostró reticente en un primer momento por no alcanzar por sí mismos el mínimo de legisladores requerido (diez), supeditó la decisión final al criterio que dictaran los servicios jurídicos del Senado en un informe encargado ad hoc para resolver la cuestión. Una vez que los letrados dieron el visto bueno, el debate se trasladó a los medios y recursos a disposición de los grupos.
Así, tras lo que el vicepresidente primero y portavoz de la Mesa, el senador del PP Javier Maroto, calificó como un incumplimiento de «la filosofía del Reglamento», la Mesa, con mayoría de los populares, acordó restringir los recursos de tres de los grupos: el Plural (Junts, Coalición Canaria, BNG y la Agrupación Herreña Independiente), el Vasco (PNV y un senador cedido por el PSOE) e Izquierda Confederal (Más Madrid, Compromís, Geroa Bai, un independiente por Ibiza-Formentera, la Agrupación Socialista Gomera y otro senador cedido por el PSOE).
El entonces portavoz del Grupo Popular, Javier Arenas, defendía las medidas que luego acabaría adoptando la Mesa de la Cámara Alta, en un contexto en el que el PP denunciaba que se estaba haciendo un uso fraudulento del Reglamento del Congreso para forzar que tanto ERC como Junts disfrutaran de grupo propio. Con el fin de evitar arbitrariedades y reducir ambigüedades interpretativas de cara al futuro, Arenas anunció un «estudio en profundidad del funcionamiento de los grupos parlamentarios de la Cámara» Alta, todo ello en un plazo «de menos de un mes». De aquella declaración de intenciones, pronunciada a mediados de septiembre de 2023, nunca más se supo.
Finalmente, bajo la justificación de que los medios personales y el dinero que el Senado pone a disposición de los grupos «están pensados para diez senadores», Maroto anunciaba, a finales de septiembre de aquel año, que las bancadas de menos de 10 integrantes no dispondrían de portavoz adjunto con derecho a percibir el complemento por su cargo (una dotación de algo más de 33.000 euros anuales). Del mismo modo, la Mesa también acordó que las cuotas o cupos de iniciativas de control como preguntas orales, interpelaciones o mociones no serían intercambiables o moneda de intercambio entre grupos, para evitar que el PSOE pudiera cederlas a dichos grupos.
