QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
España ha cubierto una etapa más en la senda que lleva a la descarbonización total de la economía en el año 2050. Tras un año de consultas, centenares de alegaciones, debates y presiones, el Gobierno está a punto de cerrar la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) aprobado hace tres años. La normativa europea recoge la obligación de los Estados miembros de proceder a la actualización en 2024, contemplando para ello los nuevos objetivos europeos asociados a la transición energética.
El nuevo PNIEC 2023-2030 de España cuenta con el respaldo de Bruselas desde enero y -a la espera de los últimos retoques- eleva al 32% el objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 respecto a 1990; incrementa el peso de las renovables hasta el 48% del consumo final de energía y mejora la eficiencia energética hasta el 44%. El plan contempla que las renovables aporten el 81% del consumo eléctrico en 2030 frente al 76% anterior.
El nuevo PNIEC 2023-2030 de España cuenta con el respaldo de Bruselas desde enero y eleva al 32% el objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030
Transición Ecológica propone alcanzar una potencia total en el sector eléctrico de 214 GW, de los que 160 GW son de generación renovable, y 22 GW de almacenamiento, lo que en la práctica supone más que duplicar el nivel de instalaciones actual.
Dependencia energética
Como punto destacado, la dependencia energética debería reducirse al 51%. Tradicionalmente ha estado por encima del 70%. El ahorro estimado, si se consigue el objetivo, alcanzaría los 90.000 millones. La dependencia se reduce drásticamente en 22 puntos en el periodo, lo que supone una reducción adicional de 10 puntos respecto al PNIEC anterior. Son cifras ambiciosas. Según las previsiones del Plan, un 49% de la energía primaria procederá de fuentes autóctonas en 2030, comparado con el 27% del año 2019.
El plan debería haber sido aprobado en junio, pero se ha retrasado porque el trabajo de evaluación ambiental que lo acompaña ha sido complicado. Más de lo esperado. La evaluación estuvo en información pública entre el 12 de junio y el 12 de julio y el ministerio ha tenido que considerar cuidadosamente las alegaciones presentadas. Era un punto delicado por los precedentes.
Greenpeace, Ecologistas en Acción-Coda y Oxfam Intermón presentaron una demanda contra el anterior PNIEC 2021-2030 precisamente por la evaluación ambiental. Solicitaban que “en ningún caso la reducción de emisiones para el mencionado periodo fuese inferior al 55% en 2030 respecto de 1990”. El Supremo desestimó el recurso en julio del pasado año al considerar que el plan era “ajustado a derecho, no arbitrario y supone integrarse en el compromiso asumido por la UE en esta materia”.
Transición Ecológica ha ido con pies de plomo, consciente de que el despliegue masivo de renovables tiene consecuencias por el riesgo de ocupación de espacios naturales protegidos y de la Red Natura 2000 por nuevas instalaciones de generación eólica y solar, y por redes de distribución y transporte, así como por la posible la alteración del paisaje rural.
Los efectos negativos pueden reducirse, según las recomendaciones del Ministerio de Transición Ecológica, mediante instrumentos de planificación. Siempre que sea factible, recomienda que se aprovechen las estructuras existentes para la instalación de renovables con el fin de reducir la superficie natural ocupada en el territorio.
Las empresas con intereses en el sector energético y de infraestructuras están pendientes de la concreción final del plan. Hay mucho dinero en juego en el proceso de descarbonización. El cálculo de inversiones movilizadas en la década ronda los 300.000 millones y el reparto de los beneficios desata tensiones que van acompañadas de muchas dudas. La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) plantea una interesante.
Las empresas demandan seguridad
El PNIEC, según su análisis, recoge un escenario -improbable- de incremento del consumo eléctrico del 40% entre 2022 y 2030. Porque la demanda tiende a la caída y eso es un problema. En 2023, la demanda se redujo un 5%. España, sostienen en la asociación deberá mantener un ritmo muy elevado de instalación de renovables y ello implica garantizar a las compañías una visibilidad del retorno de su inversión. Algo que se antoja complicado en un escenario de reducción del consumo.
En ese escenario, las grandes eléctricas también reclaman seguridad. O lo que es lo mismo, ingresos suficientes. La presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), Marina Serrano, ha advertido de que la inversión en redes que incluye el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) “no es la adecuada” y que se debe ser más ambicioso si se quieren alcanzar los objetivos marcados en la hoja de ruta de la descarbonización.
La presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), Marina Serrano, ha advertido de que la inversión en redes que incluye el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) “no es la adecuada”
El PNIEC estima unas inversiones en este apartado de unos 53.000 millones de euros, el 18% de las inversiones totales que se movilizarán en la década. “Creemos que la inversión que se prevé no es la adecuada, que debe incrementarse” ha resumido Serrano.
Para abrir boca, las grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa y Naturgy) junto con las asociaciones Aelec (donde está integrada también EDP) y CIDE -asociación de distribuidoras- solicitan a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una subida de la tasa de retribución financiera para las actividades de distribución y transporte de electricidad -las redes- del 5,58% al 7% a partir de enero de 2026. Un interesante plazo fijo a resguardo de las tormentas.
Las empresas de renovables, en general, están satisfechas con la apuesta reforzada por la energía eólica y fotovoltaica. La Asociación de Empresas Eólicas (AEE) destaca que la tecnología eólica tendrá un rol aún más preponderante del actual en la reducción de gases de efecto invernadero y el cumplimiento de los planes: es la tecnología que más emisiones de CO2 tiene que evitar según los datos del PNIEC.
Además, si se alcanza la cifra de cinco millones de vehículos eléctricos (con una sustitución de un consumo aproximado de 4.800 millones de litros de combustibles), éstos tendrán un consumo de 11,25 TWh de electricidad. La eólica, dicen, siendo un 34% de la generación total en 2030, supondrá la alternativa energética a algo más de un tercio de los combustibles fósiles sustituidos en el transporte gracias a la electrificación.
Las empresas eólicas están satisfechas y las fotovoltaicas eufóricas. La Unión Española Fotovoltaica (Unef), asociación sectorial mayoritaria de la energía solar en España -799 empresas asociadas- celebra que se haya tenido en cuenta la petición del sector para revisar al alza los objetivos de energía solar, tanto para autoconsumo como para plantas en suelo. Los objetivos de instalación de potencia fotovoltaica han incrementado de 36GW del PNIEC de 2021 a 76 GW, tanto para autoconsumo como para plantas en suelo, en este borrador del PNIEC.
Este nuevo indicador está en línea con lo que proponía UNEF entre 70-80 GW, de los cuales 57 GW corresponden a proyectos de energía solar en suelo. “No sólo el sector fotovoltaico está hoy de enhorabuena, también toda la sociedad” dice Unef.
Objetivos y riesgos en la demanda
Los objetivos están claros -mayor penetración de tecnologías renovables, incremento de la eficiencia energética de la industria, la movilidad y la edificación y electrificación de usos finales de energía- y las empresas están razonablemente satisfechas. Pero también hay riesgos.
El especialista en modelos energéticos Javier García Breva advierte sobre el riesgo de sobreinversiones energéticas y los agujeros en los análisis de la evolución de la demanda, de los costes y de los beneficios en los planes de la Comisión Europeo y los Estados miembros de la UE. Hay banderas rojas de alarma. El Tribunal de Cuentas de la UE, en un informe publicado el mes de junio, manifestaba que Europa sigue sin estar preparada ante una futura crisis de precios de la electricidad, a pesar de las medidas adoptadas en 2022; algo que puede afectar, sin duda, a los planes de transición.
García Breva en el informe ‘La naturaleza del Pacto Verde Europeo’ sostiene que “el cambio climático avanza más deprisa que nuestra adaptación al clima y el ecopostureo es mayoritario en las empresas”. Para la Europa del sur y especialmente España, la amenaza es mucho más grave.
El Tribunal de Cuentas de la UE, en un informe publicado el mes de junio, manifestaba que Europa sigue sin estar preparada ante una futura crisis de precios de la electricidad
La Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) presentó en marzo su primera “Evaluación Europea del Riesgo Climático”. Poco después, la Comisión Europea presentó un plan de acción no vinculante para afrontar los riesgos climáticos y “anticipar” las crecientes crisis climáticas.
Lo que sorprende a analistas como García Breva es que para sostener el plan repite la argumentación del Informe de Nicholas Stern ‘La verdad sobre el cambio climático’, que en el año 2006 previó una pérdida entre el 5% y el 10% del PIB mundial si no se actuaba y la temperatura del planeta se elevaba hasta 5ºC.
Después de casi veinte años, la Comisión Europea repite lo mismo que Stern dijo en 2006 y predice que el calentamiento global provocará una caída del 7% del PIB de la UE a lo largo de este siglo. Y la previsión es conservadora. García Breva sostiene que en las instituciones europeas se ha instalado también el ecopostureo que combina las medidas más avanzadas para reducir las emisiones con el alargamiento de los combustibles fósiles, la energía nuclear, el derroche energético y las barreras para transformar los consumidores pasivos en consumidores activos. En ese magma de intereses se va a aprobar el PNIEC.
