La ventriloquia es un arte que consiste en modificar la voz de forma que parezca venir de lejos. En el sector energético se practica mucho; por ejemplo, en las críticas a los planes ratificados por el Gobierno de Pedro Sánchez para cerrar todas las centrales nucleares españolas entre 2027 y 2035.
Foro Nuclear, la asociación que agrupa desde hace 62 años a la industria sectorial -incluidos los grandes grupos propietarios de las centrales- quiere atrasar cuatro o cinco años el apagón para cubrir los «sobrecostes» del VII Plan General de Residuos Radiactivos, aprobado en diciembre. Nada nuevo.
Las grandes compañías -la voz que viene de lejos- han defendido siempre la extensión de la vida útil de las centrales nucleares más allá de los 40 años planteados en su diseño, eso sí, con la condición de que aporten beneficios a la caja.
Todo lo que lo impida, escuece y provoca polémica. Así ha sucedido con la propuesta del Gobierno para elevar la tasa que sufraga la gestión de los residuos nucleares un 40%, de 7,98 euros/MWh a 11,14 euros/MWh a partir del 1 de julio.
Voces que vienen de lejos
Las eléctricas aceptaron y firmaron en 2019 el protocolo de cierre de las cinco centrales y siete reactores nucleares que aún funcionan, un objetivo que el Gobierno de Pedro Sánchez ha asegurado con una doble llave: el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y el plan de residuos, aprobado el 27 de diciembre.
El acuerdo de 2019 contemplaba que la tasa Enresa -con la que los titulares de las centrales nucleares sufragan la gestión de los residuos radiactivos- subiría en torno al 20%. Así se hizo: la tasa subió de 6,69 euros/MW a 7,98 euros/MWh y la empresa pública Enresa, la encargada de gestionar los residuos nucleares, pasó a recaudar 480 millones de euros (para una producción de 60.000 MWh al año), es decir, 80 millones más.
El Protocolo de 2019 no contemplaba lo que iba a suceder después. Los cálculos de la tasa, respondían a un plan para centralizar la gestión de todos los residuos nucleares en un único emplazamiento -un Almacén Temporal Centralizado (ATC)- que el Gobierno de Rajoy decidió ubicar en Villar de Cañas (Cuenca).
Las grandes compañías han defendido siempre la extensión de la vida útil de las centrales nucleares más allá de los 40 años planteados en su diseño
Un plan imposible de realizar por razones técnicas -Enresa planteó en 2013 dudas sobre el subsuelo del emplazamiento- pero, sobre todo, según resumen fuentes al tanto de los planes del Ministerio de Transición Ecológica, porque ninguna Comunidad Autónoma está dispuesta a aceptar residuos nucleares de otras regiones.
Como consecuencia del rechazo, donde se planeaba un único almacén -y una tasa concreta para financiarlo-, ahora habrá siete almacenes temporales descentralizados (ATD) y una tasa más elevada. Traducido a números: la gestión de residuos con una única instalación, iba a costar entre 1985 y 2100 un total de 24.436 millones.
Pero, según cálculos de Enresa, la factura se eleva ahora en 2.125 millones. Un pico que ha puesto de uñas a las voces lejanas y sus intérpretes. “No están de acuerdo las empresas que tienen que pagar” apuntan fuentes al tanto de los planes “pero hay consenso de Comunidades, ecologistas y del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)”.
Por el camino quedan años de controversia política en torno al gran almacén de Cuenca y mucho esfuerzo desperdiciado. Sólo el CSN ha empleado en las evaluaciones relativas a la solicitud autorización de construcción del ATC, 43.000 horas de personal técnico propio del organismo, así como otras 4.900 horas de personal externo.
Quedan años de controversia política en torno al gran almacén de Cuenca y mucho esfuerzo desperdiciado. Sólo el CSN ha empleado en las evaluaciones relativas
La gestión de residuos se mantendrá, por lo tanto, en zonas que se han acostumbrado a recibir apoyo del Estado por aceptar la cercanía de los desechos de las centrales.
Enresa ha distribuido desde 1989 entre un centenar de ayuntamientos próximos a las centrales más de 600 millones de euros, una cantidad más que respetable que ha servido para “acolchar” la opinión pública. El último análisis conocido sobre el destino y los logros de las ayudas lo hizo Industria en una orden ministerial de 2015.
Según recogía la orden, tras 25 años de ayudas, los municipios «aún mantienen una marcada dependencia económica de las nucleares», debido «a la baja incidencia» que estas ayudas han tenido en su desarrollo, por su «escasa» aplicación a proyectos de inversión para generar economías alternativas.
La energía nuclear en España y otros países
Las empresas propietarias de las nucleares aspiran a una prolongación de la vida operativa de las centrales, aunque no lo solicitan formalmente. “Al producir más energía durante más tiempo, se tendría que reducir el pago unitario de la tasa por MW” explican fuentes cercanas a la disputa. Pero la cuenta no es tan sencilla.
Para prolongar la vida útil de las centrales, las eléctricas propietarias tienen que realizar inversiones e incurrir en costes que debe validar el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). “En su día” explican las fuentes consultadas “consideraron [las empresas] que era más rentable invertir en renovables [que en centrales]”. Aparentemente, nada ha cambiado desde entonces.
Las grandes compañías han defendido siempre la extensión de la vida útil de las centrales nucleares más allá de los 40 años planteados en su diseño
A día de hoy, no hay ninguna petición de construir nucleares en España. Y ello, a pesar de que los defensores de este tipo de energía –limpia porque no emite CO2, aunque no renovable– sostienen que hay un retorno nuclear global por la subida de los hidrocarburos, la inestabilidad política en importantes productores de gas y petróleo, la reducción de emisiones a la atmósfera y las mejoras en seguridad de las plantas de tercera generación.
La Unión Europea, aseguran, está impulsando el desarrollo de los nuevos minirreactores modulares y forma parte de una ola mundial que impulsa la construcción de entre 57 y 68 nuevas centrales nucleares: hasta 23 en China, 8 en India y 4, tanto en Rusia como en Turquía.
España no está en la ola; lleva desde principio de la década de 1980 eliminando gradualmente sus programas nucleares. De hecho, paralizó su desarrollo en 1994 con la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico.
Los Gobiernos de Pedro Sánchez, con la ministra de Transición Teresa Ribera a la cabeza, apuestan por las renovables y contra la energía nuclear por razones medioambientales y por razones económicas.
En su análisis, la energía nuclear es un obstáculo para la lucha contra el cambio climático. Porque si se consideran todas las etapas del ciclo nuclear – la minería de uranio, la fabricación y el enriquecimiento del combustible, la construcción de las centrales, su mantenimiento, su desmantelamiento y la gestión de los residuos radiactivos – las plantas consumen grandes cantidades de combustibles fósiles, por no hablar del consumo de agua para refrigerar los reactores.
España no está en la ola: lleva desde principio de la década de 1980 eliminando gradualmente sus programas nucleares
La conclusión de los responsables de la política energética, es que las centrales nucleares son económicamente inviables ya que suman falta de maduración tecnológica y una tendencia de costes crecientes.
Una prueba es la quiebra de la francesa Areva, su absorción por EDF y la nacionalización de ésta por el gobierno de Francia; o la pesadilla de la central Olkiluoto 3 en Finlandia, que empezó su construcción en 2005 e inició su producción en 2023, cuadruplicando su coste hasta 11.000 millones de euros.
Hay más ejemplos. En Reino Unido, según ha confirmado EDF, los costes estimados para la finalización de la nueva central nuclear de Hinkley Point C, han aumentado hasta un máximo de 34.000 millones de libras esterlinas, y su apertura se ha retrasado hasta la década de 2030 .
La multinacional ha anunciado además retrasos en el proyecto de construcción de dos nuevos reactores nucleares en Somerset. Son datos que no alcanzan para silenciar las voces que llegan de lejos y que tienen eco en la caja de los grandes grupos energéticos.
En resumen, la viabilidad de la energía nuclear exige elevadas subvenciones y garantías públicas, largos plazos de construcción y altos precios de la electricidad. Lo que de alguna forma supone socializar también sus costes. Simplemente, afirman sus críticos, la energía nuclear no es competitiva. Aunque lo nieguen los ventrílocuos del sector energético.
SOBRE LA FIRMA Santiago Carcar es un periodista especializado en temas económicos y de energía. Ha trabajado en prensa escrita, radio y televisión.