La energía también forma parte de los procesos electorales en el País Vasco y en Cataluña. La transición energética y el despliegue de las renovables, aunque no en primer plano, están en el debate. Las dos comunidades históricas tienen deberes pendientes.
En Cataluña, el despliegue de energías limpias lleva diez años paralizado mientras en el País Vasco, que tradicionalmente ha mirado más al gas que a las energías verdes, se ha aprobado una Ley -LEY 1/2024, de 8 de febrero, de Transición Energética y Cambio Climático- que tiene como objetivo el ahorro en el consumo final de energía de, al menos, un 12% para el año 2030 y un 37% para el año 2050, tomando como base los datos de 2021.
Leyes vigentes
La ley vasca, apoyada por PNV y PSE (socios de Gobierno) y EH-Bildu ha levantado cierta polémica porque, entre otros puntos, apoya (artículo 24.8) “la generación de combustibles alternativos de procedencia renovable, teniendo en cuenta sus características técnicas, su incidencia ambiental y su impacto económico”.
Los “combustibles alternativos” levantan suspicacias. En esencia, son combustibles líquidos que proceden de residuos orgánicos, hidrógeno o CO2 capturado. Como todos los combustibles, se queman para producir energía, lo que da pie a acusaciones de “blanqueo medioambiental” -greenwashing- y a demandas por publicidad engañosa como la planteada por la eléctrica Iberdrola contra la petrolera Repsol.
En Cataluña el despliegue de energías limpias lleva diez años paralizado mientras que en el País Vasco se ha aprobado una ley que tiene como objetivo el ahorro en el consumo final de energía
Los ecologistas recelan de la ley vasca. Ven en ella la mano de Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, presidente del PNV entre 2004 y 2008, y protagonista de un intenso enfrentamiento con la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, por el papel de los combustibles fósiles y su supuesta alternativa, los sintéticos.
Replantear la estrategia
La posición de Imaz, según los ecologistas, sigue el argumentario de todas las grandes petroleras. El exponente más claro, el consejero delegado de la petrolera Saudi Aramco, Amin H. Nasser. En esencia, su argumento es este: es necesario replantear con urgencia la estrategia y abandonar “la fantasía” de eliminar gradualmente el petróleo y el gas. Nasser esgrime números a su favor: a pesar de que el mundo se ha invertido billones de dólares en la transición energética durante las últimas dos décadas, las alternativas no han podido desplazar a los hidrocarburos a escala y la energía eólica y solar combinadas suministran, hoy en día, menos del 4% de la energía mundial.
Ese es el marco del debate. Según recoge la ley recién aprobada “Euskadi presenta una alta dependencia energética exterior, en torno al 90 % del consumo total energético” y los derivados de petróleo “son la fuente energética más utilizada, seguida del gas natural”. Así, el porcentaje de combustibles fósiles en el consumo final energético constituyó, en 2022, un 83,9 %.
El porcentaje de combustibles fósiles en el consumo final energético constituyó, en 2022, un 83,9 %
La fotografía del mix de generación es reveladora: Euskadi dispone de un parque de generación eléctrica con 2.973 MW de capacidad, pero únicamente un 16,1% de la potencia total instalada en 2023 se corresponde con tecnologías renovables, lejos del 61,3% del conjunto de España. Los datos de Red Eléctrica de España (REE) revelan por dónde ha ido la apuesta. Las centrales de ciclo combinado que queman gas representan el 66,2% de la potencia instalada total; le siguen las energías renovables, con un 16,1% y la cogeneración, con un 15,3%.
Propuestas de campaña
En este escenario, el candidato del PNV a la lehendakaritza, Imanol Pradales, apuesta -publicado está-, por una descarbonización pragmática y un mix energético abierto, explorando la utilización del hidrógeno, los biocombustibles y otro tipo de energías. El pragmatismo que defiende el PNV presiona las líneas rojas que han marcado la política energética de los Gobiernos que se han sucedido en la Comunidad Autónoma vasca.
Las líneas rojas ya no son lo que eran. Durante mucho tiempo imperó el rechazo a la energía eólica por su impacto visual. La eólica era interesante para la industria vasca por la demanda de aerogeneradores, pero siempre que se instalara en otro lugar. Las cosas han cambiado porque, como sucede en otras comunidades -Madrid sin ir más lejos-, la energía que se genera en la comunidad no cubre ni de lejos las necesidades de su industria y sus servicios.
El sueño que presentó el entonces Lehendakari Patxi López (PSE) desde Dallas (Texas, EE. UU.) en octubre del año 2011 -la existencia de reservas de gas en Álava suficientes para cubrir el consumo energético de Euskadi durante más de medio siglo- se ha evaporado porque la técnica para extraerlo -el fracking– tiene un impacto brutal en el entorno natural y ha sido prohibida en España.
El uso del fracking
La prohibición del fracking –Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición energética– acabó con los planes de las empresas implicadas como la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA) -controlada por el Gobierno Vasco- y la compañía Oil&Gas Capital, impulsada ésta por inversores y directivos de origen vasco, algunos de los cuales trabajaron en su momento para compañías como Gamesa o Iberdrola.
Ahora, la carrera es otra. Hace un año, el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publicó el Plan Territorial Sectorial (PTS) de las Energías Renovables en Euskadi que identifica un total de 110 puntos en los que podrían instalarse proyectos de energía eólica o fotovoltaica. La apuesta se concentra fundamentalmente en Álava y en Bizkaia por una cuestión de orografía y también de clima. Ambos territorios acumulan el 82,7% de las zonas susceptibles de tener una instalación de energía renovable en su terreno, 91 zonas en total, y para el territorio alavés se reservan las más grandes en lo que se refiere a los parques de placas solares por tener más terreno y una mayor cantidad de horas de sol.
La prohibición del fracking acabó con los planes de empresas implicadas como la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA) -controlada por el Gobierno Vasco- y la compañía Oil&Gas Capital
Los pasos en Cataluña
Como el País Vasco, Cataluña también intenta corregir errores. En 2023 -datos de Red Eléctrica- solo un 15% de la energía generada procedió de fuentes renovables: fue la segunda comunidad donde la energía verde tuvo menos peso respecto a su producción total, según Red Eléctrica. Hace diez años, el 21% de la energía que producía era de origen renovable. Además, Cataluña es la quinta comunidad que menos renovables ha instalado en los últimos cinco años.
La situación es apurada y, tras una década de parálisis, el Govern ha tratado de dar un impulso a la descarbonización a través del fomento del autoconsumo, pero también de agilizar trámites para la instalación de parques eólicos y huertos solares.
El Ejecutivo catalán ha autorizado en los últimos dos años un total de 1.500 megavatios (MW) en instalaciones de energías renovables, frente a los 9 megavatios de la década anterior. Y los proyectos que se están tramitando suman 5.400 megavatios, el equivalente a más de cinco centrales nucleares. En todo caso es un acelerón que puede resultar insuficiente. Los objetivos de transición verde marcados para 2030 y 2050 están aún lejos.
Poco antes de que el Ejecutivo catalán anunciara que se ponía las pilas en materia de energía verde, el Observatori de les Energies Renovables a Catalunya presentó un informe sobre la situación en 2021 caracterizado por «una progresiva normalización de consumo energético tras la pandemia» y advertía de que, a no ser que haya un cambio radical, «el 94% de los objetivos de energía renovable en Cataluña para 2030 sólo se podrán cubrir con importaciones de fuera de Cataluña». El sueño de la soberanía energética del independentismo queda muy lejos.
El Ejecutivo catalán ha autorizado en los últimos dos años un total de 1.500 megavatios (MW) en instalaciones de energías renovables, frente a los 9 megavatios de la década anterior
Impulsar el acceso a las renovables
En la misma línea, el último informe del Foro Industria y Energía, que se define como un punto de encuentro, reflexión y diálogo entre todos los actores implicados en el desarrollo y gestión de la energía para la industria concluyó en octubre pasado que Cataluña necesita impulsar el acceso a las renovables para garantizar la soberanía energética. El informe FIE2023 señala la necesidad de desarrollar hasta 12.000 megavatios (MW) de renovables adicionales; un reto que conlleva enormes oportunidades para los sectores industrial y energético.
El informe también recoge como condiciones necesarias una regulación clara que elimine barreras como las que existen, por ejemplo, en comunidades energéticas y las redes de distribución de energía cerradas, o la simplificación de los trámites burocráticos, de modo que los proyectos de renovables puedan avanzar al ritmo necesario.
En Cataluña, y en el mercado de la energía, el planteamiento independentista supone concentrar y limitar las aspiraciones de los banqueros y empresarios catalanes que intentaron desde principios de 2000 formar un gran grupo energético. Gas Natural (OPA sobre Iberdrola en 2003, OPA sobre Endesa en 2005 y compra de Fenosa en 2008) y Repsol fueron las palancas de esas aspiraciones; La Caixa –con Isidro Fainé y José Maria Nin al frente- fue, por su parte, el músculo financiador e impulsor vía participaciones.
Energía y su peso electoral
En la comunidad catalana funcionan tres de los siete grupos nucleares que existen en España. Los tres están en Tarragona. Se trata de Ascó I (Endesa 100%), Ascó II (85% Endesa, 15% Iberdrola) y de Vandellòs II (72% Endesa y 28% Iberdrola). Los teóricos del independentismo las tienen bien estudiadas. Las nucleares -datos de 2022- cubrieron un 55% de las necesidades energéticas de la comunidad.
Entre 2030 y 2035 está previsto que paren estas tres centrales nucleares (Ascó y sus dos grupos -Ascol y Asoll-). Son instalaciones estratégicas, pero sobre las que el Gobierno autónomo no tiene capacidad para aplicar una política energética integral. El artículo 133.1 del Estatuto de Autonomía atribuye al Ejecutivo autonómico competencias compartidas. Cataluña no puede regular los precios del petróleo, el gas o la electricidad ni priorizar inversiones.
La energía pesa en las elecciones. El president de la Generalitat, Pere Aragonés, que ha hablado de “cambio de paradigma” ha hecho ver que se lo toma en serio con la creación de la compañía pública de la Generalitat, L’Energètica, y los proyectos de investigación PRIMA, en Gurb, y PLEMCAT, en el golfo de Roses, una especie de laboratorio de pruebas de la eólica marina. Cataluña tiene una dirección de avance clara hacia las renovables. Entre otras cosas, porque no hay muchas alternativas.