La Mesa del Congreso de los Diputados ha rechazado el requerimiento del Senado en el que solicitaba la retirada de la ley de Amnistía. La decisión se ha adoptado en la reunión de este martes, con PSOE y Sumar siguiendo el criterio de los letrados. Enfrente, un Partido Popular que ha votado en contra e incluso ha acusado a la presidenta, Francina Armengol, de cometer “fraude de procedimiento”.
Valiéndose de su mayoría absoluta en el Senado, los populares plantearon un conflicto institucional entre ambas cámaras y, aunque el Congreso tenía un mes de plazo para responder, no ha tardado en hacerlo. Los argumentos esgrimidos por la mayoría de la Mesa (PSOE y Sumar) son los recogidos en el informe de los letrados, incidiendo en que el conflicto planteado es “improcedente”.
Además, exigen al Senado “lealtad institucional”, recordando que no puede usurpar las funciones del Tribunal Constitucional: “La función de controlar cómo ha aplicado su Reglamento el Congreso corresponde en su caso al TC, no pudiendo el Senado asumir funciones de fiscalización de otros órganos constitucionales”. El informe de los letrados del Congreso también subraya que “no existe ningún cauce reglamentario” que permita que la Mesa del Congreso pueda paralizar una iniciativa que está en tramitación.
“Fraude de procedimiento”
El Partido Popular se ha desmarcado de esta posición y ha votado en contra de la respuesta de la Mesa, como es lógico; pero además, ha acusado a la misma de extralimitarse en sus funciones.
El PP ha acusado a la Mesa de extralimitarse en sus funciones, blandiendo los artículos 31 y 129 del Reglamento del Congreso.
Fuentes de la Mesa del PP han denunciado que la Mesa no tiene competencia para contestar al requerimiento del Senado. A su juicio, únicamente puede hacerlo el Pleno de la Cámara.
Alegan que el artículo 31 del Reglamento del Congreso no atribuye esa potestad a la Mesa, siendo las facultades de esta específicas. Sería el Pleno el que tiene la competencia para retirarla -o no-, en virtud del artículo 129, que reza así:
La iniciativa de retirada de una proposición de ley por su proponente tendrá pleno efecto por sí sola, si se produce antes del acuerdo de la toma en consideración. Adoptado éste, la retirada sólo será efectiva si la acepta el Pleno de la Cámara.
Es por ello por lo que el PP entiende que Armengol ha cometido “fraude de procedimiento” al introducir en el orden del día de la reunión de la Mesa la respuesta al requerimiento del Senado. “Además, se ha extralimitado diciendo que es improcedente el conflicto y que debe ser el TC el que lo diga. La Mesa solo califica, admite a trámite o no, pero ni legisla, ni tiene competencias para responder”, remachan las mismas fuentes populares.
Precedentes
El PSOE ha razonado que existen dos precedentes, los dos únicos conflictos de atribuciones en los que el Congreso ha sido “demandado”. El primero en 1985, a iniciativa del CGPJ, y el segundo en 2016, a iniciativa del Gobierno de Mariano Rajoy. En ambos casos la Mesa recibió los requerimientos y contesto sin pasar por el Pleno, lo que fue avalado expresamente por el TC. El PP no lo da por válido el precedente de 2016 puesto que aquel requerimiento era sobre una decisión (veto presupuestario) que había adoptado la propia Mesa y la iniciativa no había llegado al término de su tramitación.
En cuanto a las acusaciones vertidas por el PP de haberse extralimitado, fuentes de la Presidencia del Congreso argumentan que no hay ningún cauce reglamentario para elevar la respuesta al requerimiento al Pleno y el Reglamento otorga en su artículo 31.1.7 todas aquellas competencias que no se encomienden a ningún otro órgano.
Artículo 31 Reglamento del Congreso.
1. Corresponden a la Mesa las siguientes funciones:
7.º Cualesquiera otras que le encomiende el presente Reglamento y las que no estén atribuidas a un órgano específico.
En definitiva, continúan las mismas fuentes de la Presidencia, “el Senado tiene ahora mismo dos opciones: desistir de su conflicto de atribuciones o llevar la ley al Constitucional como habían planteado. Y en cualquiera de las dos, seguir tramitando la ley y devolverla al Congreso antes de un mes”.