«El conflicto planteado es improcedente por referirse a decisiones que no constituyen el objeto propio de un conflicto de atribuciones, sino en su caso, de un recurso de constitucionalidad» y el Congreso actuó con arreglo a la Constitución Española (CE) durante la tramitación en la Cámara de la Proposición de Ley Orgánica (PLO) de Amnistía. Estas son las dos principales conclusiones a las que llegan los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados en relación con la invasión de competencias denunciada desde el Senado.
Así consta en el informe de respuesta que los letrados han propuesto a la Mesa y al que ha accedido Demócrata. El documento serávotado en la reunión de la Mesa de este martes, donde se espera que vea luz verde dada la mayoría de PSOE y Sumar en el órgano. La propuesta de acuerdo considera que las votaciones plenarias «en el marco de un procedimiento legislativo», no son «objeto idóneo» para un conflicto de atribuciones.
Para respaldar este punto, citan la sentencia 45/1986 del Tribunal Constitucional (TC), la que resolvió el primer conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales, cuando el CGPJ invocó este procedimiento contra el Gobierno en rechazo a ciertos aspectos de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada en 1985.
