La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha convocado al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para el próximo lunes al mediodía para que las Comunidades Autónomas conozcan el detalle de la senda de déficit y puedan pronunciarse al respecto, puesto que aún no lo han hecho.
Este es el paso para llevar la senda al Consejo de Ministros para su aprobación y remisión a Cortes Generales, donde habrá de superar el trámite parlamentario. Primero, en el Congreso de los Diputados y, después, en el Senado, que ya no tiene capacidad de veto, por lo que la mayoría absoluta del Partido Popular en la Cámara Alta no será determinante. Por ley, el Ejecutivo tendría que volver a presentar una si la primera no prospera.
La senda, tal y como adelantó Demócrata, plantea para 2026 un -2,1%; mientras que para el 2027 y el 2028 se propone un -1,8% y -1,6% respectivamente, según ha podido saber Demócrata.
La Seguridad Social siempre tiene déficit y su proyección es del -0,2% para el 2026 y del -0,1% tanto para el 2027 como para el 2028.
Por su parte, a las Comunidades Autónomas se les propone un déficit de -0,1% en los tres ejercicios; quedando para la Administración Central un -1,8% en 2026; un -1,5% para 2027 y un -1,4% en 2028.
En cuanto a la cuarta pata, las entidades locales, en este caso es cero.
La senda se acuerda con Europa y se fija un horizonte a tres años vista, en este caso, 2026, 2027 y 2028. Es la que se manda en el Plan Fiscal Estructural y, aunque ya no es determinante para el seguimiento, sí que se podría abrir un expediente por un déficit excesivo en caso de superar el 3%.
Hacienda quiere aprobar esta nueva senda, pero si no es posible por la oposición de los grupos, se armará el proyecto de ley de Presupuestos con la senda antigua; y recuerdan además que la ley establece que, sin senda, se activa el equilibrio presupuestario, lo que daría menos margen a las Comunidades Autónomas. “Es increíble que el Gobierno quiera dar más capacidad a las autonomías y digan que no…”, señalan.
El orden del día incluye un último punto que no figuraba en un principio para abordar la situación de la reforma de la financiación autonómica.











