El caso de 'El Perejil', el propietario de la excavadora investigada por el incendio de Burgohondo, permite observar una realidad que se repite en los grandes incendios europeos: localizar el punto donde comenzó el fuego no equivale necesariamente a identificar a su responsable penal. (((Consulte aquí en directo el estado de los incendios)))
La Guardia Civil investiga si el incendio que ha afectado a más de 50.000 hectáreas en Ávila se originó por el empleo de maquinaria pesada durante una jornada en la que estaba prohibido utilizarla debido al riesgo extremo. El dueño de la excavadora fue detenido y posteriormente puesto en libertad, mientras que el operario permanece investigado.
Falta determinar quién decidió realizar los trabajos, quién manejaba la máquina, si esta produjo efectivamente la chispa y hasta dónde alcanza la responsabilidad de cada implicado. Por ahora, ninguno de ellos ha sido juzgado y ambos conservan plenamente la presunción de inocencia.
Los antecedentes europeos aconsejan prudencia. Algunos de los incendios más graves de las últimas décadas comenzaron con una conducta individual, pero acabaron revelando fallos mucho más amplios en la prevención, la evacuación o la gestión forestal. En otros casos, la Justicia no pudo atribuir responsabilidades pese a sentar a numerosas personas en el banquillo.
Mati: una imprudencia y 104 muertos
El ejemplo más dramático se encuentra en Grecia. El incendio de Mati, declarado el 23 de julio de 2018 en las proximidades de Atenas, causó 104 muertos y dejó decenas de heridos graves. Sigue siendo el incendio forestal más mortífero de la historia reciente del país.
La investigación situó el origen en una propiedad particular. Su dueño fue condenado por haber provocado el fuego de manera negligente. La sentencia de primera instancia le impuso tres años de prisión, aunque la pena quedó suspendida debido a su edad y estado de salud.
Sin embargo, la causa no se limitó al hombre que inició el incendio. La Justicia griega también examinó cómo un fuego localizado pudo convertirse en una catástrofe humana. El proceso alcanzó a responsables de los bomberos y de Protección Civil por los fallos de coordinación, la ausencia de una evacuación eficaz y las decisiones adoptadas durante la emergencia.
En 2025, el tribunal de apelación declaró culpables a 10 personas. Cuatro antiguos altos cargos recibieron penas acumuladas de hasta 340 años, aunque la legislación griega limitó a cinco años el periodo efectivo de cumplimiento. En mayo de 2026, el Tribunal Supremo confirmó definitivamente la culpabilidad de cuatro responsables operativos, aunque ordenó revisar una cuestión concreta relacionada con los atenuantes y las penas. La resolución convirtió en firmes las principales condenas por el incendio de Mati.
La lección griega es relevante para el caso español. La responsabilidad por iniciar un fuego no agota necesariamente la investigación sobre una catástrofe. La Justicia puede diferenciar entre quien provoca la ignición y quienes, por acción u omisión, contribuyen a que las consecuencias sean mucho mayores.
Pedrógão Grande: once acusados y ninguna condena
Portugal ofrece el desenlace contrario. El incendio de Pedrógão Grande de junio de 2017 dejó 65 fallecidos y arrasó más de 30.000 hectáreas. Muchas de las víctimas quedaron atrapadas en sus vehículos cuando trataban de escapar por carreteras rodeadas por las llamas.
Durante años se discutió incluso el origen del incendio. Las primeras explicaciones apuntaron a una tormenta seca, mientras que los informes técnicos posteriores analizaron la posible interacción entre la vegetación y una línea eléctrica, además de las deficiencias en la limpieza de los terrenos.
El proceso penal llevó al banquillo a once personas. Entre ellas figuraban el comandante de los bomberos de Pedrógão Grande, trabajadores de la antigua EDP Distribuição, empleados de la concesionaria de carreteras Ascendi, responsables municipales y personal vinculado a la gestión forestal.
La Fiscalía les atribuyó posibles delitos de homicidio y lesiones por negligencia. Sin embargo, todos fueron absueltos en septiembre de 2022. En junio de 2025, el Tribunal de Apelación de Coimbra confirmó las once absoluciones y cerró la vía abierta contra los responsables sentados en el banquillo. La resolución mantuvo íntegramente el fallo absolutorio.
Pedrógão demuestra la dificultad de transformar los fallos administrativos, forestales u operativos en responsabilidades penales individuales. Hubo una tragedia, deficiencias documentadas y una larga investigación, pero no un «Perejil» condenado al que atribuir el desastre.
Landiras: detenido y después descartado
Francia proporciona un tercer escenario. El incendio de Landiras, uno de los grandes fuegos de la Gironda durante el verano de 2022, quemó aproximadamente 13.600 hectáreas de bosque y obligó a evacuar a miles de personas.
La Policía detuvo a un vecino de 39 años tras el testimonio de una persona que aseguró haber visto un vehículo abandonar el lugar donde comenzaban las llamas. El sospechoso ya había sido investigado años antes por otro incendio, aunque aquel procedimiento fue archivado por falta de pruebas.
Durante unas horas, Francia pareció haber encontrado al responsable del gran fuego. Pero las pericias, los análisis de los elementos recogidos y los interrogatorios terminaron por descartarlo. La Fiscalía de Burdeos ordenó su puesta en libertad y reconoció expresamente que las diligencias lo dejaban fuera de la causa, pese a mantener la hipótesis de un origen criminal. El incendio continuó bajo investigación después de que el detenido fuera exonerado.
El precedente francés constituye una advertencia frente a la construcción precipitada de culpables. Una detención, un apodo conocido en la zona o unos antecedentes policiales no sustituyen a la prueba pericial capaz de vincular a una persona con la ignición.
Cerdeña: cuando las cámaras sí permiten una condena
Italia ofrece ejemplos en los que la autoría sí ha podido ser acreditada. En junio de 2024, un tribunal de Oristán condenó a cuatro años de prisión a un vecino de Ghilarza por provocar intencionadamente un incendio ocurrido en Cerdeña en julio de 2021.
El fuego quemó unas 130 hectáreas y amenazó viviendas, carreteras y explotaciones agrícolas. En su extinción participaron más de 120 personas, cinco helicópteros y tres aviones Canadair.
En este caso, los investigadores localizaron el punto exacto donde habían comenzado las llamas y utilizaron imágenes de videovigilancia para reconstruir los movimientos del acusado. El hombre optó por un procedimiento abreviado y recibió una condena de cuatro años por incendio forestal doloso. La sentencia consideró acreditada la autoría del fuego de Ghilarza.
La chispa no siempre explica la catástrofe
Los "Perejiles" europeos ofrecen, por tanto, tres posibles finales: una condena por iniciar el fuego, una absolución por falta de pruebas suficientes o la aparición de responsabilidades adicionales por los fallos cometidos durante la emergencia.
En Burgohondo, la investigación deberá determinar si la excavadora fue realmente el origen del incendio y qué grado de conocimiento tenía cada implicado sobre la prohibición de trabajar con maquinaria. Pero también habrá que separar dos cuestiones: quién pudo causar la primera chispa y por qué ese fuego llegó a superar las 50.000 hectáreas.
El calor, el viento y la sequedad explican parte de la propagación. También deberán analizarse la continuidad de la vegetación, la gestión del monte, la rapidez de la respuesta y la disponibilidad de medios. El incendio puede haber comenzado en un punto concreto, pero un desastre de estas dimensiones rara vez tiene una sola causa.