PP y Vox han registrado en el Congreso sendas enmiendas a la totalidad contra el proyecto de ley orgánica del Gobierno para la condonación parcial de deuda a las comunidades autónomas, por el que el Estado asumirá 83.252 millones de euros. Ambas formaciones de la oposición exigen que la iniciativa sea devuelta al Ejecutivo, al considerar que procede de acuerdos políticos bilaterales con ERC.
El Consejo de Ministros dio luz verde a finales del pasado año a esta norma de condonación de deuda y la envió a la Cámara Baja para iniciar su tramitación parlamentaria.
Esta misma semana ha concluido el plazo para presentar enmiendas de devolución, confirmándose que PP y Vox reclaman que la ley vuelva al Gobierno al estimar que vulnera principios básicos de responsabilidad y solidaridad fiscal.
“NORMA INJUSTA, INSOLIDARIA E INEFICAZ”
En concreto, la enmienda a la totalidad registrada por el PP, a la que ha tenido acceso Europa Press, tacha el texto del Gobierno de norma “injusta, insolidaria e ineficaz para lograr los objetivos que dice perseguir”.
En este sentido, los 'populares' reprochan al Ejecutivo que premie a determinadas comunidades sin tener en cuenta su gestión y censuran que la condonación de la deuda autonómica se haya articulado como un “traje a medida acordado con sus socios parlamentarios”, extendiéndolo después al resto de regiones para intentar “disimularlo”.
MUTUALIZA LA DEUDA
Tal y como viene denunciando desde que se planteó la medida, el PP subraya en su enmienda que la ley “mutualiza directamente la deuda generada por desequilibrios presupuestarios en cada comunidad que pasa a ser asumida por todos los ciudadanos del resto de España”, lo que, a su juicio, pone en cuestión el principio de solidaridad interterritorial.
Recuerdan también que las autonomías gobernadas por el PP abandonaron el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) cuando se trató la condonación, acusando a Hacienda de imponer el “rodillo del voto ministerial” en este órgano multilateral.
Asimismo, los 'populares' sostienen que una quita incondicionada actúa como un “incentivo perverso para la disciplina fiscal” y no se traduce en un aumento de la capacidad de gasto social de las comunidades.
VOX: “PRECIO PARA PERMANECER EN EL PODER”
Vox, por su parte, fundamenta su rechazo al proyecto de ley señalando que no obedece a una necesidad del sistema de financiación autonómica, sino que deriva “de un pacto político entre el PSOE y ERC”.
En esta línea, la formación de Santiago Abascal denuncia que el Ejecutivo utiliza la norma para cumplir con el “compromiso de impulsar la condonación de la deuda como precio de su permanencia en el poder”.
Entre los argumentos centrales de su enmienda, Vox afirma que el Gobierno ha instaurado un régimen de excepcionalidad jurídica, alerta del impacto fiscal de la medida y arremete contra el propio modelo autonómico.
ANDALUCÍA Y CATALUÑA, LAS MÁS BENEFICIADAS
De acuerdo con el proyecto de ley en tramitación, Andalucía (18.791 millones) y Cataluña (17.104 millones) serán las comunidades más favorecidas en términos absolutos, seguidas por la Comunidad Valenciana (11.210 millones); Madrid (8.644 millones); Castilla-La Mancha (4.927 millones); Galicia (4.010 millones); Castilla y León (3.643 millones); Murcia (3.318 millones); Canarias (3.259 millones); Aragón (2.124 millones); Baleares (1.741 millones); Extremadura (1.718 millones); Asturias (1.508 millones); Cantabria (809 millones) y La Rioja (448 millones).
En este reparto quedan fuera Euskadi y Navarra, al estar sujetas a régimen foral y no al sistema de financiación común, si bien ambas han manifestado ya su intención de acogerse a un mecanismo equivalente mediante compensaciones adaptadas a sus conciertos.
TRES FASES
La metodología diseñada para calcular el reparto se articula en tres fases. Primero se determina el diferencial entre la deuda que acumulaban las comunidades al cierre de 2009 y la de 2013, y se compara con la registrada entre finales de 2019 y 2023. Este primer cálculo arroja una condonación media del 19% de la deuda autonómica total vigente a finales de 2023.
En una segunda etapa se fija una condonación extra para las comunidades que queden por debajo de la media del 19,3% de deuda condonada sobre el total. “Intentamos corregir ese sentimiento de agravio que pueden tener las comunidades autónomas cuando se comparan con lo que ocurre con el resto de los territorios”, ha aclarado Montero.
En la última fase, Hacienda introduce dos ajustes para lograr “mayor equidad”: “En primer lugar, identificar a la comunidad autónoma que registra una mayor condonación por habitante ajustado. En este caso, es la Comunidad Valenciana, que tendría 2.284 euros por habitante ajustado y, por tanto, es la cifra de referencia”.
Después se eleva la condonación de la deuda hasta ese mismo nivel para las comunidades cuya financiación homogénea por habitante ajustado haya sido inferior a la media entre 2010 y 2022.
El segundo ajuste consiste en atribuir una condonación adicional a las autonomías que han ejercido competencias normativas al alza en el IRPF entre 2010 y 2022. En concreto, aquellas que hayan utilizado esta capacidad por encima de la media podrán acceder a una quita adicional del 10%, que será del 5% para las que se sitúen por debajo.
PROCEDIMIENTO PARA LA ASUNCIÓN
El proyecto de ley detalla también el mecanismo por el que el Estado asumirá la deuda. El procedimiento variará según la comunidad tenga o no obligaciones pendientes con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
En las regiones endeudadas con el FLA, el Estado absorberá la deuda cancelando o amortizando los saldos vivos de esos préstamos hasta cubrir el importe asignado, comenzando por los más antiguos hasta llegar a 2019, ejercicio que podrá liquidarse o amortizarse por completo.
Si tras ello la comunidad aún dispusiera de margen de condonación, se continuará con los importes de 2024 y, a continuación, con los de 2023, 2022, 2021 y 2020, en ese orden y solo si fuera necesario.
Para las autonomías sin deuda con el FLA, se les requerirá que remitan a la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional la información de su cartera de deuda con terceros. Una vez seleccionadas las operaciones susceptibles de condonación, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) acordará que el Estado se subrogue en la posición deudora de estas comunidades, siempre con el consentimiento previo de los acreedores.