Recién inaugurada la campaña electoral para los comicios legislativos del próximo 23 de julio, Vox ha convocado a los medios para la presentación de su programa económico. Para ello han comparecido desde la sede de la formación el vicepresidente de Acción política del partido y eurodiputado, Jorge Buxadé, y el portavoz del grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros.
La formación presidida por Santiago Abascal ha tirado de su Agenda España para articular el programa del 23-J, una declaración de intenciones en contraposición a la Agenda 2030, que el partido presentó en público el pasado otoño.
«No se trata de subir o bajar un punto de uno u otro impuesto». El catálogo económico de Vox es el «resultado de un diagnóstico de propuestas», como ha defendido Buxadé, quien no ha dudado en calificarlo como la «mayor reforma fiscal de la historia reciente de España».
Reforma fiscal de gran alcance
Para ello proponen, «entre otras medidas», la supresión de «todos aquellos impuestos que no gravan la renta efectiva de los españoles». ¿Y en qué se traduce eso? En la eliminación de tres impuestos: el que grava sucesiones y donaciones, el de patrimonio y el de plusvalía municipal, una figura impositiva esta última, que supone entre el 10 y hasta el 50% de los ingresos para centenares de ayuntamientos.
Las anteriores no son las únicas modificaciones que afectarían a la capacidad de recaudación y mermarían los presupuestos de comunidades autónomas y ayuntamientos. En la batería de medidas sobre la materia no son pocos los tributos cedidos a otros niveles de la administración públicas que se plantean tocar, siempre a la baja.
Rebajas para explotaciones agrarias, incentivos para promover el regreso de empresas deslocalizadas, bonificaciones para empresas que «compren producto nacional» o incentivos a empresas que se establezcan en zonas «especialmente poco pobladas» son algunas de las áreas con actuaciones que impactan sobre la recaudación de la Administración General del Estado.
Cabe recordar en este punto que, en el escenario de un hipotético gobierno encabezado por Vox, muchas de las promesas presentadas no sería posible aplicarlas de forma inmediata. La invasión de competencias entre administraciones, entre otros aspectos, exige una reforma constitucional. Para ello sería necesario el consenso de entre tres quintos y dos tercios (60-66%) del Congreso y el Senado, celebrar un eventual referéndum de ratificación e incluso convocar elecciones generales, para que la modificación de la Carta Magna sea también validada por unas nuevas Cortes.
Bajada del IVA
Sin abandonar el terreno de la fiscalidad, otra de las propuestas anunciadas es la «reversión de la subida del impuesto sobre el valor añadido (IVA) del año 2012«. En aquel momento, el Gobierno de Rajoy elevaba tres puntos el tipo general de este impuesto indirecto (del 18% al 21%) y otros dos puntos el tipo reducido (que pasó del 8% al 10%), dentro del paquete de medidas de reducción del déficit en el contexto del rescate europeo al sector financiero español. Antes, en 2010, Rodríguez Zapatero subía dos puntos el tipo principal (del 16% al 18%) y en una unidad el reducido (del 7% al 8%).
También en materia del IVA plantean dejar sin tributación los productos de primera necesidad y la adquisición de la vivienda familiar habitual. ¿Qué productos de primera necesidad serían los afectados? Los de «sentido común», como ha respondido Buxadé al preguntarle en rueda de prensa sobre ello, entre los que ha identificado a los de la cesta de la compra, los necesarios para el tratamiento y el crecimiento de los niños o para el tratamiento de mayores en enfermedades crónicas. «Lo que realmente para las familias es absolutamente imprescindible».
Más figuras a eliminar de «forma progresiva» y enumeradas sin mayor concreción, serían «otros impuestos al consumo» o los «tributos verdes».
Rebaja drástica del IRPF
De alcance general, la reforma del Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), uno de los principales ingresos del Estado (supuso junto con el IVA el 75% de la recaudación de la Agencia tributaria, en 2021), dejaría en dos el número de tipos. El primero, del 15%, para bases imponibles de menos de 70.000 euros, y un segundo tipo, del 25%, para el tramo superior.
A lo anterior se sumaría una reducción de cuatro puntos por cada hijo. Así, por ejemplo, una persona que ingrese 100.000 euros de rentas laborales y con dos descendientes, pagaría un 17% en concepto de IRPF. Y no es la única medida en esa línea. Deducciones progresivas de entre 1.200-2.750 euros por hijo hasta el cuarto vástago completan el capítulo de impuestos y natalidad.
Al mismo tiempo, desde la formación piden que la exención de 22.000 euros anuales para rentas del trabajo sea global, con independencia del número de pagadores. Hasta alcanzar la simplificación de tipos al 15%, introducirían una serie de deducciones o exenciones, como recuperar la de inversión en vivienda habitual, la deducción por costes de alquiler o la exención del IRPF para las pensiones contributivas. Para reducir la base imponible también sugieren computar los costes laborales de contratar empleados domésticos y cuidadores, así como los gastos escolares de todo tipo.
Impuesto de sociedades, sin diferencias con el IRPF
Aquí plantean un 15%, de manera que equiparan IRPF y Sociedades (el tipo general del IS en estos momentos el del 25%), de forma que la diferencia entre tributar por una figura u otra se reduzca a una mera decisión de si se prefiere actuar como persona física o jurídica («a través de sociedades de capital»). Para disfrutar al máximo esa reducción se tendrían en cuenta factores como la «relocalización de beneficios en España» o la creación de empleo en el país.
Empleo: exoneraciones y bonificaciones
Desde Vox no renuncian a mantener la senda de subidas salariales de la última legislatura, «especialmente los más bajos», si bien no se comprometen con cifras concretas. Al mismo tiempo buscan promover el «empleo estable y de calidad» mediante reducciones a empresas que «contraten a trabajadores españoles de manera indefinida», con bonificaciones del 100% de las cotizaciones empresariales durante el primer año y del 50% para el segundo año de relación laboral. En la misma línea, también sin cuantificar, se mencionan incentivos a la contratación de numerosos colectivos, como jóvenes, mayores de 45 años, embarazadas o padres de hijos discapacitados.
Ahondando en la nacionalidad del trabajador, aparecen sanciones con «retiradas de licencias, concesiones y autorizaciones» para quienes empleen a migrantes sin permiso de residencia «en condiciones de explotación».
En el capítulo de autónomos, la exoneración de la cuota para quienes tengan ingresos netos por debajo del Salario Mínimo Interprofesional o la bonificación total para quienes estén de baja son las principales menciones en el programa de Vox.
Agua y Energía: derogaciones y soberanía energética
Grandes titulares copan el apartado destinado a materia energética e hídrica en la propuesta programática de Vox. Entre ellos, algunas derogaciones, como la de la Ley que reconoce la personalidad jurídica del Mar Menor y su cuenca, la de la Ley de cambio climático y transición energética o la retirada de España del tratado internacional del Acuerdo de París, como ya hiciera durante su mandato el expresidente de EEUU Donald Trump.
Con la «soberanía energética» como idea fuerza, se lanzan diversas ideas, la mayoría sin mayor desarrollo, como un Plan Nacional de Soberanía Energética, promover «todas las fuentes de energía que contribuyan a alcanzar la soberanía energética» en España o la «despolitización de los consejos de administración de las eléctricas», causante a juicio de la formación de una «pérdida de soberanía energética».
En materia nuclear, no se ha incluido la propuesta defendida hasta hace menos de un año por Vox de reabrir la central de Santa María de Garoña, en Burgos, iniciativa de las que se descolgó la propia Nuclenor (Endesa e Iberdrola), propietaria de las instalaciones cerradas en 2013 y en proceso actual de desmantelamiento. Ahora, se propone usar esos emplazamientos y los de centrales térmicas también clausuradas para implantar en ellos mini reactores nucleares (SMR), además de promover la extensión de la vida útil del parque nuclear que se mantiene en funcionamiento.
Reforma del sistema eléctrico y renovables
Por la vía fiscal, centrada en el consumidor, se encuentra la supresión de todos los impuestos sobre la factura de la luz, mientras que en materia hídrica se aboga por la interconexión de todas las cuencas hidrográficas o estudiar la construcción de nuevos pantanos.
Garantizar las vías de recepción de gas procedente de África —revirtiendo «las recientes acciones en política exterior que perjudican el interés nacional»—, una reforma completa del operador del mercado para una mayor transparencia sobre la formación de precios de la energía, la modificación del mecanismo marginalista de fijación del precio (sin más detalles) o la supresión del mercado de emisiones de CO2 y del de subasta de asignación de derechos completan la oferta.
Las renovables también encuentran su espacio. En Vox se hacen eco del malestar que entre algunos sectores de población, en especial en el entorno rural, está levantando el despliegue de nuevas instalaciones de generación eléctrica como fotovoltaicas o eólicas. A ellos van dirigidos los compromisos de incorporar a los pescadores en los proyectos de desarrollo de eólica marina, la protección del suelo para «evitar que se especule con él en la implantación de infraestructuras de energías renovables» o de refuerzo de los informes de afección medioambiental, previa instalación de macroproyectos (como parques eólicos o huertos solares).
Vivienda: okupación y bonificaciones
El sector de la vivienda no queda excluido del enorme listado de tributos a modificar. Para ello proponen recuperar ciertos tributos cedidos a las comunidades autónomas, como el de Actos Jurídicos Documentados (AJD) y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y armonizarlos en todo el territorio. El tipo general del primero quedaría en el 0,5%, mientras que para el ITP se introduciría una bonificación del 100% en los casos de compra de vivienda habitual con un precio de hasta 300.000 euros . Quedaría en el 3% para familias numerosas y en el 6% para el resto de casos.
La modificación de la Ley Reguladora de Haciendas Locales para aumentar las bonificaciones del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) es otra de las actuaciones prometidas, a la vez que se propone la reducción gradual de impuestos sobre suministros del hogar, como electricidad, agua y gas, sin mayor concreción al respecto. Menciones al impulso de la construcción de viviendas sociales públicas o al fomento del parque de viviendas de protección oficial completan el catálogo de medidas para el acceso a la vivienda.
Liberalización del suelo y coto al alquiler turístico
Hay otras actuaciones legislativas, como la de una nueva Ley del Suelo con el foco puesto en la liberalización de «todo el suelo que no esté o deba estar especialmente protegido» por criterios de interés ambiental, paisajístico, productivo o para la Defensa Nacional, o la modificación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local para que los ayuntamientos no puedan empadronar a «okupas» en viviendas «ocupadas ilegalmente».
Impedir la expropiación temporal de inmuebles y el control de rentas en el contrato de arrendamientos son las dos medidas destacadas para anunciar una derogación de la Ley de Vivienda aprobada recientemente.
Los apartamentos turísticos no quedan fuera del programa para el 23-J de la candidatura encabezada por Santiago Abascal. «Nuestro barrios no pueden convertirse en parques temáticos». Para ello se propone «poner fin a un modelo turístico poco respetuoso«. También, modificar las normativas en vigor para garantizar la competencia, «en igualdad de condiciones con el resto de alojamientos turísticos » (como hoteles o cámpings), «velar por los derechos de los vecinos» y «limitar el encarecimiento» que esta modalidad de alojamiento «causa en el precio de la vivienda».
De puntillas por las pensiones
El partido pasa de puntillas por uno de los principales retos del sistema de bienestar dada la estructura demográfica de España y las proyecciones a futuro. Más allá de la exención de IRPF para pensiones contributivas ya citada, con apenas cuatro menciones, el programa pretende asegurar la «sostenibilidad del sistema de pensiones desmontando el sistema autonómico» y «terminando con el despilfarro político».
«Soberanía nacional» de los datos
Una de las pocas alusiones a un aumento de los ingresos tributarios llega en el ámbito de la denominada economía digital, para evitar que «nos expropien digitalmente». Una «fórmula para que los gigantes tecnológicos, además de pagar correctamente sus impuestos, coticen también por los datos digitales que cosechan en España» es la declaración de intenciones de Vox frente a las grandes multinacionales digitales.
Con la defensa de la «soberanía nacional y personal» de los datos generados por los usuarios de los servicios de las tecnológicas en España, los de Abascal articulan una serie de medidas, que someterían al arbitrio de la ciudadanía con un eventual referéndum.
OCHO ALUSIONES AL ARTÍCULO 92 DE LA CE A lo largo del programa electoral para el 23-J, Vox invoca el artículo 92 de la Constitución Española, el que abre la posibilidad de someter a referéndum consultivo, previa aprobación del Congreso de los Diputados, "decisiones políticas de especial trascendencia". De esta forma, Vox llamaría a las urnas al conjunto de los españoles para preguntarles sobre cuestiones tan variopintas como la eliminación de "toda legislación de género", poner "fin a las subvenciones públicas a partidos, sindicatos y patronal" o la "ilegalización de los partidos, asociaciones u ONGs que persigan la destrucción de la unidad territorial de la nación". Recentralizar las competencias de Educación, la voluntad de los ciudadanos "sobre control, tratamiento y almacenaje de datos personales", "el modelo de gestión de la inmigración y defensa de las fronteras", "un Plan Nacional del Agua", o el modelo energético del país son otras de las consultas especificadas en el documento. Sin embargo, asuntos como el cambio de modelo territorial o la recuperación de ciertas competencias para el Gobierno central, medidas necesarias para ejecutar varias de las promesas, no serían refrendadas por los españoles.
Dentro de la necesidad de «pagar a los dueños de esos datos por cederlos a terceros», se lanza la idea de crear una pasarela de datos de obligado peaje para las grandes tecnológicas extranjeras» que «quieran sacar a sedes extranjeras datos obtenidos en territorio nacional». Y aquí se establecen dos tipo de retribuciones: una al particular que genera o del que se obtienen los datos, además de la correspondiente tributación.
Otras actuaciones dirigidas a las big tech serían el refuerzo de los «mecanismos de persecución de la evasión fiscal», para que la «economía sumergida digital» aporte al PIB. También, la mejora de las directivas comunitarias en materia de protección de datos, para que los datos obtenidos en la UE sean almacenados en servidores de los Estados miembro, o se tribute y también se pague a los particulares por su exportación, para que «contribuyan equitativamente al sostenimiento del gasto público«.
«Plan de reducción del gasto político»
Cómo se podría sufragar el amplísimo catálogo de bonificaciones, deducciones, reducciones cuando no directamente supresiones de impuestos es algo para lo que no hay una respuesta clara en el programa de Vox. Las menciones más explícitas al respecto hablan de «acometer un plan de reducción del gasto político», con la vista puesta en «eliminar partidas de carácter improductivo», o de «racionalizar la estructura de las Administraciones Públicas», junto a otras proclamas de carácter ideológico, pero sin cuantificar el alcance económico de las mismas.
MÁS DE UNA DECENA DE DEROGACIONES Otro aspecto a resaltar es la multitud de referencias a eliminaciones o derogaciones de legislación existente. En ese sentido, siguiendo un símil con la jerga legislativa, lo que Vox plantea es una suerte de enmienda a la totalidad del último gobierno. Entre las menciones a los textos a erradicar unas son muy claras, mientras que otras son de carácter más vago o genérico. A lo largo del documento se cita la eliminación de "toda legislación de género", "de los impuestos y normas verdes", de los Juzgados de Violencia sobre la mujer, impulsar la "suspensión inmediata de todo el Pacto Verde Europeo" para eliminar "cuanto perjudica a nuestros productores y economía", y eliminar el derecho al aborto. Por el lado de las derogaciones, se apunta directamente a más de una docena de leyes: la Ley Integral de Violencia de Género (se incide en ello en hasta tres ocasiones), la Ley de Memoria Democrática, la Ley LGTBI (sic), la última reforma laboral o la "Ley Herodes" (en referencia se entiende a la Ley del Aborto). También la Ley por el derecho a la vivienda, la Ley de Eutanasia, la Ley de cambio climático y transición energética, la de la personalidad jurídica del Mar Menor, la reforma del Código Penal para tipificar como delito el hostigamiento frente a clínicas abortivas, la ley Trans y la conocida como Ley del 'solo sí es sí'.