El Senado prevé despachar esta semana el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible para remitirlo nuevamente al Congreso y concluir la tramitación parlamentaria. La ruptura de Junts con el Ejecutivo, según confirman fuentes de la formación a Demócrata, no afecta a las leyes ya tramitadas y negociadas. El lunes a las 11:00 horas está convocada la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible para ratificar la ponencia y, acto seguido, emitir el dictamen que será elevado al Pleno de la Cámara Alta el miércoles 5 de noviembre. La mayoría absoluta del Partido Popular moldeará la iniciativa a su imagen y semejanza. Tiene 86 enmiendas registradas y prevé impactar en la mitad de los artículos del proyecto de Ley. Normalmente, las modificaciones que acostumbra a introducir son posteriormente suprimidas por el bloque de investidura en la Cámara Baja, sin embargo, Junts se ha descolgado, lo que abre la puerta a que algunas de ellas, sobre todo las pactadas con los de Carles Puigdemont, sobrevivan.
Así las cosas, según ha podido saber Demócrata, la formación catalana habría acercado posturas con los populares en dos frentes. Por un lado, enmiendas relativas a la creación de la Oficina central de Facilitación de Pruebas de Vehículos Automatizados en Vías Públicas (OFVA); y por otro, sobre el programa de descarbonización acelerada de las flotas de buses interurbanos.
Junts, en el Senado adscrito al Grupo Parlamentario Plural, plantea límites a la OFVA para proteger las competencias de las Comunidades Autónomas. Esta Oficina tiene como objetivo constituir una ventanilla única para que los interesados en realizar pruebas con vehículos automatizados en vías públicas o de uso común. La formación catalana propone que opere cuando “el espacio controlado de pruebas supere el de un único territorio autonómico, o bien si no lo supera, cuando dicho territorio no tenga su propia oficina autonómica”. Así, se primaría las oficinas autonómicas.
También aspiran a suprimir la obligatoriedad de que las administraciones públicas deban facilitar información a la OFVA central. De hecho, ponen sobre la mesa una batería de enmiendas para reforzar “la protección de las competencias de las Comunidades Autónomas” en lo que respecta a la Oficina centralizada, su ámbito competencial, colaboración entre autoridades y proceso de participación en el espacio controlado de pruebas.
Por otra parte, proponen un artículo de adición sobre el Programa de descarbonización acelerada de las flotas de buses interurbanos. Junts demanda un Real Decreto con un Programa plurianual de ayudas para la sustitución y ampliación de las flotas de operadores de líneas regulares y autonómicas con el fin de permitir al sector del transporte colectivo interurbano de viajeros acelerar su proceso de transición hacia entornos de economía verde, así como conseguir alcanzar cuanto antes el objetivo de que un mínimo del 50 % de vehículos de las flotas de transporte interurbano sean de emisiones “0” (100 % eléctricos, gas o biogás, otros biocombustibles y motorizaciones “0” emisiones). El Gobierno dispondría de un plazo de seis meses.
Las ayudas contemplarían tanto subvenciones como financiación diferida. A estos efectos, se establecerá la correspondiente previsión presupuestaria anual en los créditos destinados a los Ministerios de Transporte y Movilidad Sostenible, para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o a los que los sustituyan en dichas competencias.
En los supuestos en que los plazos de amortización de las inversiones requeridas para la adquisición de vehículos o adecuación de cocheras y bases superen los periodos de duración de las concesiones vigentes en el momento de la solicitud de las ayudas, se habilitaría a las Administraciones titulares de las concesiones de transporte colectivo interurbano de viajeros para que puedan ampliar los plazos concesionales hasta como máximo el 3 de diciembre del año 2039.
Junts justifica que, al igual que el transporte aéreo y la navegación prevén mecanismos para la progresiva descarbonización, se debería hacer lo propio con el transporte interurbano. “No es posible promover una movilidad sostenible basada en el transporte público sin incidir muy intensamente en la necesidad de que éste sea también inocuo a efectos de emisiones”, explican.
El Grupo Popular hará suya la ley con 86 enmiendas que modificarán casi la mitad de los artículos que tiene el proyecto y más de una decena de las disposiciones adicionales o finales. Usará su mayoría absoluta para, entre otras cosas, suprimir la fecha de cese definitivo de explotación de las nucleares de Almaraz, Ascó I y Cofrantes. Alega que se ha de continuar con la contribución de la energía nuclear en el mix energético para facilitar la movilidad y el transporte sostenible.
Cabe recordar que precisamente una abstención de Junts facilitó en el Congreso la toma en consideración de una proposición de ley del PP con la que pretenden frenar el cierre de instalaciones nucleares pactado por el Gobierno con las empresas. La iniciativa dormita al calor de las sucesivas ampliaciones del plazo de enmiendas.
Los flecos de ERC y EH Bildu
Otra de las enmiendas importantes, sobre todo para el sector de las electrolineras, es la registrada por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu para, en el marco de un Plan estatal para el despliegue de la infraestructura pública de recarga del vehículo eléctrico, se diseñen licitaciones desagregadas en las que los servicios de recarga eléctrica sean el objeto único del contrato. Se evitaría, así, la exclusión de nuevos actores y las ineficiencias derivadas de consorcios forzados. Esta división de las licitaciones públicas de electrolineras y gasolineras salvaría las inversiones de las electrolineras especializadas.
