El Gobierno ha decidido desgajar el área de energía de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Al ratón le importa poco el color del gato que lo caza; y a la gobernanza de las instituciones y de los mercados – la adecuada, la eficaz- le importa poco si existen dos organismos reguladores independientes o media docena. A los Gobiernos si les importa. Mucho.
En 2013, por ley (Ley 3/2013), con Mariano Rajoy como presidente de Gobierno y Luis de Guindos como ministro de Economía, el Ejecutivo agrupó las funciones de la Comisión Nacional de Energía (CNE); la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT); la Comisión Nacional de la Competencia (CNC); el Comité de Regulación Ferroviaria y la Comisión Nacional del Sector Postal.
Desde la creación de la CNMC se sucedieron las batallas internas. En algunas etapas, de forma continua
La justificación fue ganar eficiencia y tratar de tú a tú a las compañías supervisadas. «Ahorrará 30 millones de euros», declaró la entonces vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, «se reducirá el número de sedes, de consejeros (de 50 a 10) y los altos cargos, en un 35-40%».
Una década después, hay pruebas de que aquella decisión no ha funcionado bien. Según reconoce el propio ministerio, faltan informes de liquidación, falta personal, las multas, en el mejor de los casos, se cobran tarde -cuando se cobran- y las empresas sancionadas se aprovechan de defectos en la tramitación para recurrir y ganar en la justicia ordinaria las sanciones recibidas.
Seguridad jurídica
Uno de los organismos embutidos en la CNMC, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), elaboró un informe sobre el proyecto de Real Decreto del Estatuto Orgánico del nuevo supervisor poco antes de desaparecer. En el informe advirtió de que la fusión podía provocar perjuicios a la seguridad jurídica. Entre otras cosas, Competencia cuestionaba que se alcanzaran las sinergias estimadas – las aireadas por Santamaría- y alertaba sobre un «incomprensible sistema de informes preceptivos» entre las salas de supervisión y de regulación que podía poner en peligro “la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia». Más que una advertencia, fue un augurio.
La segregación de la CNMC para recuperar la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y hacerla depender del Ministerio para la Transición Ecológica despierta recelos
Desde la creación de la CNMC se sucedieron las batallas internas. En algunas etapas, de forma continua. Los choques entre el primer presidente de la CNMC José María Marín Quemada (2013-2020) y la exvicepresidenta María Fernández fueron tan sonoros como habituales. En el informe correspondiente al año 2019, el entonces director de Control Interno Carlos Balmisa señalaba que «el propio diseño de la institución y su estatus o régimen jurídico, han contribuido al surgimiento de problemas que, aparentemente administrativos o gubernativos, han generado gran inquietud y por qué no decirlo, descontento entre los empleados públicos de la CNMC».
La segregación de la CNMC para recuperar la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y hacerla depender del Ministerio para la Transición Ecológica despierta recelos. Fuentes que conocen bien la historia y el funcionamiento del organismo que hoy preside Cani Fernández Vicién cuestionan la decisión del Gobierno. Puestos a reformar, plantean, quizá sería más adecuado separar regulación de competencia. En su opinión, extraer sólo la parte de energía carece de justificación y sobre toda la argumentación crítica planea una pregunta: ¿por qué energía sí y telecomunicaciones o ferrocarriles no?
La idea de recuperar la CNE pretende que el organismo sea más fuerte de lo que la CNMC es ahora en el ámbito de la energía porque no tiene medios y personal suficientes
El Gobierno tiene respuesta a la pregunta. La idea de recuperar la CNE pretende que el organismo sea más fuerte de lo que la CNMC es ahora en el ámbito de la energía porque la CNMC no tiene medios y personal suficientes. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, al que estará adscrito la nueva comisión, señalan que hay regulaciones básicas que llevan dos años atascadas. No terminan de aprobarse. Es el caso de la circular de acceso a la demanda, que afecta a los puntos de recarga del coche eléctrico y a los electrolizadores, indispensables para el negocio del hidrógeno verde.
Hay un tercio de los puntos de recarga construidos que no se pueden conectar porque el procedimiento no está reglado. Hace falta que el regulador disponga de más recursos y más atención a la energía de la que le puede prestar en estos momentos, apuntan fuentes ministeriales y ponen un ejemplo: históricamente, las liquidaciones mensuales del sector eléctrico y gasista (ingresos y gastos) venían acompañadas de un informe. A día de hoy ya no se publican; no hay tiempo.
Sobre el papel, con la segregación todo es positivo. La CNE dispondrá de más recursos y de personal laboral más motivado e incentivado para cumplir con un objetivo nuevo: promover la transición energética. Hasta ahora, su principal cometido era velar por el buen funcionamiento de los mercados desde un punto de vista económico.
Organización y localización de la nueva CNE
Ahora, además, tendrá que incluir la descarbonización de la economía. La comisión podrá incentivar -o penalizar- a las compañías distribuidoras según su eficacia al tramitar los sistemas de autoconsumo o los puntos de recarga de vehículos eléctricos. El organismo con sede en Madrid contará con tres direcciones generales y una de ellas dedicada específicamente a la inspección. El cuartel general estará en el edificio de la Calle Alcalá adquirido a Altadis en 2000 por la antigua CNE -10.798 metros cuadrados construidos- que costó 23,4 millones de euros.
Todo parece bien pensado. Pero nada garantiza que la recuperada CNE vaya a ser mejor que la CNMC. Por la sede de la comisión circulan dos preguntas: si durante 15 años no ha habido recursos ¿por qué ahora sí? y ¿dónde se va a encontrar gente que sepa realmente de energía? Son preguntas lógicas y justificadas en la propia historia.
El organismo con sede en Madrid contará con tres direcciones generales, una de ellas dedicada específicamente a la inspección, y estará localizado en el edificio de la Calle Alcalá adquirido a Altadis en el 2000
La Ley 3/2013 suprimió los organismos reguladores independientes de la economía y sus competencias fueron asumidas por el poder ejecutivo: Economía designó los consejeros de la CNMC e Industria asumió las funciones regulatorias de los mercados energéticos, incluidas las operaciones corporativas.
La norma provocó el enfrentamiento con la Comisión Europea que abrió expediente para llevar a España al Tribunal de Justicia de la UE por incumplimiento de las directivas del mercado interior de la electricidad y el gas. Con el cambio de Gobierno, se aprobó el RDL 1/2019 que restituyó algunas de las competencias perdidas en 2013 para que la CNMC pudiera aprobar sus circulares a través de un procedimiento de consenso con las orientaciones de política energética que emitiera el Ministerio para la Transición Ecológica.
En la práctica, la ley de 2013 frenó la apertura a la competencia en los mercados energéticos, el control efectivo de las operaciones corporativas y la protección de los consumidores frente al abuso de posición dominante de los oligopolios. Basta recordar que fue en noviembre de 2002 cuando el entonces secretario de Estado de Economía Luis de Guindos trasladó al Tribunal de Defensa de la Competencia un informe de los servicios de su ministerio en el que se denunciaba un supuesto pacto entre las eléctricas Endesa, Unión Fenosa e Iberdrola para elevar los precios en el mercado mayorista de electricidad.
Según la denuncia del Servicio de Defensa de la Competencia de entonces, las tres empresas ofertaron electricidad a precios «excepcionalmente elevados» los días 19, 20 y 21 del mes de noviembre de 2001. Fue apenas una anécdota que se registraba cuatro años después de aprobada la Ley 54/1997, de 27 de noviembre que iba a liberalizar el sector, animar la competencia y bajar el recibo de los usuarios.
La flexibilidad energética, necesaria para avanzar en la descarbonización, necesita una apertura del mercado eléctrico a la demanda
Rajoy y De Guindos eliminaron la independencia del regulador. El error no se ha corregido y afecta directamente a la libre competencia. La flexibilidad energética, necesaria para avanzar en la descarbonización, necesita una apertura del mercado eléctrico a la demanda, lo que obliga a regular a los consumidores, a las cooperativas de energía, a los agregadores y a las comunidades energéticas.
Todas esas figuras están paralizadas. El reto es enorme. La baja productividad, un problema de la economía española, no depende de que los empleados trabajen más o sean más listos. Tiene que ver con la competencia. Un mercado sin competencia no puede alcanzar sus mejores cotas de productividad porque puede ser manipulado por quien tenga poder de mercado.
A lo largo de su historia, la Comisión Nacional de Energía tuvo cuatro presidentes: Miguel Ángel Fernández Ordóñez (1995-1999), Pedro Meroño (1999-2005), María Teresa Costa (2005-2011) y Alberto Lafuente Félez (2011-2013). Suerte al próximo. O próxima.
SOBRE LA FIRMA Santiago Carcar es un periodista especializado en temas económicos y de energía. Ha trabajado en prensa escrita, radio y televisión.