La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha vuelto a reclamar al Gobierno central que haga efectiva de manera inmediata y con efectos retroactivos la exención de las cuotas de la Seguridad Social para las mariscadoras gallegas que sufrieron el impacto de los fuertes temporales registrados a comienzos de año.
La titular de Mar ha cargado contra “la falta de operatividad de los constantes anuncios estatales” y ha censurado en especial el “oportunismo” de presentar a estas alturas un simple “principio de acuerdo” sobre una medida comprometida públicamente por miembros del Ejecutivo central y del PSOE hace más de dos meses y medio, “sin que hasta la fecha se haya materializado ningún cambio en la situación de las profesionales”.
Según ha explicado en un comunicado, difundido un día después de que el BNG hiciera público un pacto con el Gobierno para activar esta iniciativa, resulta inaceptable que, ante la crisis que atraviesa el sector por culpa de los temporales, la única reacción del Ejecutivo sea impulsar un borrador de intenciones sin efectos reales.
Asimismo, rechaza que se pretenda presentar como solución para el marisqueo gallego la inclusión de esta propuesta “por la puerta de atrás” y “con un traje ajeno” en un proyecto de ley derivado del Real Decreto-ley 5/2026, pensado en origen para atender daños en otras comunidades como Andalucía o Extremadura.
Villaverde denuncia que esta norma, tramitada por el procedimiento de urgencia, está encallada en el Congreso debido a “sucesivas e inexplicables ampliaciones en los plazos de enmiendas”, mientras las mariscadoras gallegas “siguen pagando sus cuotas cada mes a pesar de carecer por completo de ingresos y de prestación por cese por causas de fuerza mayor ajenas a su voluntad”.
Frente a este escenario, la Consellería do Mar subraya que la Xunta ha cumplido con sus responsabilidades técnicas al dictar las resoluciones de suspensión de la actividad extractiva necesarias para poner en marcha los mecanismos de protección social, paso previo para que se puedan conceder las ayudas.
La conselleira ha remarcado que las competencias sobre cobertura social y exenciones recaen exclusivamente en el Instituto Social de la Marina (ISM), “por lo que es el Gobierno de España quien tiene la obligación legal de dar amparo y otorgar las prestaciones por cese de actividad que son un derecho reconocido por ley de las trabajadoras de nuestro mar”.
En su opinión, “La desidia de Madrid -que continúa sin aportar recursos económicos específicos para el litoral gallego pese a haber sido declarada zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil el pasado 10 de febrero- contrasta con la gestión de proximidad y el compromiso financiero del Gobierno autonómico”, al que contrapone la actuación de la Xunta.
Villaverde concluye que “Frente a un ejercicio de inacción, la Xunta no trabaja con promesas ni improvisa relatos: actúa con rigor al lado de las cofradías y puso a su disposición casi 23 millones de euros para sostener los ingresos de las mariscadoras y regenerar la productividad de nuestras rías”.