Aunque el balance de 2025 para el sector agroalimentario hubiera exigido un foco específico en los distintos eslabones de la cadena agroalimentaria y sus subsectores, en esta última entrega, trao de hacer un repaso sumario de las restantes políticas y decisiones públicas que han afectado al sector agroalimentario, tanto al sector agrícola y ganadero, como a la industria y la distribución.
Si bien, como se comentó en la entrega anterior, ha habido un cambio de rumbo importante en la Comisión Europea en materia normativa, resulta difícil y complejo seguir todas las iniciativas y buscar un encaje lógico y sistemático. Son tantas las cuestiones surgidas durante el año que la mera enumeración exigiría una gran extensión, por lo que sólo se incluyen las más destacables.
La Comisión Europea presentó su hoja de ruta para la agricultura y la alimentación, estando como siempre en el centro del debate la Política Agraria Común, PAC
En 19 de febrero la Comisión Europea presentó su hoja de ruta para la agricultura y la alimentación, estando como siempre en el centro del debate la Política Agraria Común, PAC pero también con un planteamiento adicional más estratégico. El 14 de mayo de 2025, la Comisión presentó su tercer paquete de Ómnibus para la simplificación de la PAC. El contenido se centra en la simplificación y agilización de determinadas obligaciones que se habían introducido la legislatura anterior, como cargas documentales y controles especialmente para el pequeño productor.
Independientemente de la necesaria simplificación y la búsqueda de la competitividad del sector, hay otro debate de fondo que no conviene olvidar que es el reparto del presupuesto comunitario y la aparición de una nueva prioridad dentro de la Unión Europea, como es la política de seguridad y defensa, lo cual es determinante en la asignación de recursos dentro del marco financiero plurianual.
Pero no todo se queda en la PAC, sino que hay hitos muy determinantes que pueden introducir cambios muy sustanciales en determinadas áreas.
El pasado 16 de diciembre, la Comisión presentó su décimo paquete ómnibus del año sobre seguridad alimentaria y de piensos que tendrá que desarrollarse para agilizar todos los aspectos administrativos concernientes a plaguicidas y biocidas, piensos, aditivos alimentarios y productos de fermentación y, sobre todo, hacer el control de mercados y las inspecciones en frontera más eficientes y coordinadas, que era una de las demandas del sector productor europeo.
En noviembre de 2025 se publicó la Directiva sobre monitorización y resiliencia del suelo para la que el sector agrario tendrá que empezar a trabajar ya con vistas a su transposición al derecho interno.
También a finales de año, se llegó finalmente a un acuerdo político sobre la aprobación del Reglamento de nuevas técnicas genómicas (NTG) que supone un cambio en el enfoque restrictivo que se había adoptado en Europa sobre esta materia.
Por otra parte, la Comisión Europea abrió un proceso de consulta en materia de bienestar animal, que ya he tenido ocasión de comentar en este mismo medio. Parece que la intención, sin abandonar las grandes líneas políticas sobre esta materia, es introducir algo más de equilibrio y rigor en el debate técnico.
Tampoco podemos obviar, por su afectación a los productos agroalimentarios, la regulación de la información ambiental al consumidor. Aunque la propuesta de Directiva de “green claims” sigue estancada en la tramitación, la Comisión Europea aparece haber apostado más por el marco jurídico recogido en la Directiva de “greenwashing”, ya aprobada y pendiente de transposición, sobre la que ha emitido a final de año un documento de preguntas y respuestas que aclara muchos elementos a la hora de su aplicación. En España tendremos que esperar la incorporación al derecho interno que estaba prevista en el proyecto de ley de consumo sostenible.
Por último, para acabar el repaso de los principales temas normativos a nivel europeo, quedaría mencionar las cuestiones que afectan al ámbito más propiamente mercantil en las relaciones comerciales. A finales de año se llegó también a un acuerdo político sobre la propuesta de Reglamento de coordinación de las autoridades en materia de aplicación de la Directiva UTPs, y aunque sigue estando en los planes de la comisión su revisión en el informe de evaluación que se presentó en el mes de diciembre no se recoge ninguna necesidad acuciante.
También cabe reseñar el grado de avance que se ha producido en la tramitación de la modificación del Reglamento de la OCM para reforzar la contractualización en el sector y recoger las especialidades de ese tipo de relaciones mercantiles.
Ambito nacional
Cabe destacar que en enero de 2025 se presentó el documento de la Estrategia Nacional de Alimentación (ENA) por el ministro de Agricultura. Si bien tendremos que ir esperando a que se vaya concretando esta estrategia y permeando en la acción del Gobierno, es encomiable la intención de incluir con una visión holística y estratégica los grandes retos a abordar por todos los operadores de la cadena agroalimentaria.
Han sido los temas referidos más especialmente a alimentación saludable los que han ocupado a los legisladores nacionales.
También se ha aprobado el Real Decreto de controles oficiales, que actualiza el régimen que venía funcionando desde 1983.
Pero han sido los temas referidos más especialmente a alimentación saludable los que han ocupado a los legisladores nacionales, tomando como ejemplo el Real Decreto de comedores escolares, pero también muchas iniciativas autonómicas sobre la materia (Galicia, Asturias, etc.).
Se han abierto también otros debates a nivel europeo sobre el tema de la tributación de determinados tipos de alimentos o los alimentos ultraprocesados en los que se hace necesario más que nunca introducir criterios de rigor técnico y evidencia científica a la hora de regular y una mejor formación de los consumidores sobre los temas nutricionales, antes que adoptar medidas restrictivas de carácter normativo sobre las que luego haya que echar marcha atrás.
En resumen y como cierre, el año 2025 no sólo ha sido importante desde el punto de vista de los hitos normativos en el ámbito europeo y nacional sino también porque ha dejado abiertas muchas propuestas regulatorias que tendrán que ir concretándose en 2026.
Los temas son muy complejos y de gran calado y los operadores del sector agroalimentario tendrán que desarrollar toda su capacidad de influencia para que la normativa les permita seguir siendo eficientes y competitivos.