El PSOE de Pedro Sánchez pretende hacer pasar su ley de amnistía por poco más que una decisión de política doméstica, sin más alcance que otra norma que pueda acabar requiriendo la validación o rectificación de un Tribunal Constitucional que se ha esforzado por controlar. La carta apresurada y en caliente enviada por el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, al comisario de Justicia, Didier Reynders, impropia de un representante gubernamental, ya da pistas en este sentido: viene a decirle a la Unión Europea que no se meta donde no le llaman. Esto es, en el mercadeo entre partidos en que los socialistas han convertido la legalidad española.
Sin embargo, esta pretensión está muy lejos de la realidad. La ley de impunidad de Sánchez y Puigdemont puede acabar viéndose no sólo como la voladura de los consensos constitucionales del 78 en España, sino como una amenaza en toda regla al sistema jurídico sobre el que reposa la construcción de la Unión Europea.
En primer lugar, porque la amnistía significa, ante todo, la deslegitimación total del Poder Judicial y de su potestad exclusiva para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (artículo 117.2 de la Constitución). Y lo hace al dejar sin efecto las sentencias condenatorias de los líderes del procés que ya han sido juzgados, borrando los delitos que los indultos y la reforma a la carta del Código Penal aún no habían logado eliminar en beneficio de los socios separatistas del gobierno.
«El conflicto con el Derecho Europeo está también en la naturaleza de los delitos amnistiados. La norma que prepara la coalición borraría delitos de malversación»
Pero lo hace también, y esto es si cabe más grave, privando a los jueces y tribunales de siquiera poder investigar y juzgar a todas aquéllas personas con causas pendientes por la intentona golpista de 2017 y todas sus repercusiones posteriores, empezando por Puigdemont y terminando por los CDR y sus acciones violentas.
Este hurto de una facultad exclusiva de la Justicia no puede considerarse más que como un ataque frontal a su independencia y, por extensión, al Estado de Derecho, pues lo segundo no existe sin lo primero. Y aquí llegamos directamente al núcleo del Derecho Europeo: la obligación de los Estados Miembros de respetar “los valores fundamentales de libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y derechos humanos” están recogidas en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea.
Ahí quería llegar con su carta el comisario Reynders, que estará preguntándose a estas alturas por la seriedad del Gobierno español a la vista de la respuesta de Bolaños. Reynders, con el que hablo con frecuencia en mi calidad de presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, ha tomado también nota del rechazo unánime –insólita coincidencia— de todas las asociaciones judiciales de España por la “evidente intromisión en la independencia judicial” y “la quiebra de la separación de poderes”.
La Comisión, cuya función principal es la de ser guardiana de los tratados, tiene la misión expresa de garantizar el respeto a esos valores fundamentales que mencionaba: de ahí que cada año, evalúe la salud del Estado de Derecho de forma exhaustiva en los 27 países de la Unión. De ahí también el ya largo historial de enfrentamientos con los gobiernos húngaro y polaco por sus sucesivos intentos de controlar al Poder Judicial y por eliminar los controles y contrapesos a la acción del Ejecutivo.
«La amnistía significa, ante todo, la deslegitimación total del Poder Judicial y de su potestad exclusiva para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado»
Y más: en 2017 la Comisión tuvo que pronunciarse públicamente sobre un proyecto de ley de amnistía a delitos de corrupción política que preparaba Rumanía. Acabó frenándose en seco con un referéndum sobre la medida en el que la ciudadanía rumana rechazó tajantemente la impunidad.
El caso de España, donde la ley de impunidad a Puigdemont y los suyos viene a culminar toda una serie de fechorías de Sánchez contra el Estado de Derecho (nombramiento de exministros para altos cargos de la judicatura y la fiscalía, adaptación del Código Penal a las necesidades de sus socios, intento de nombrar a los miembros del CGPJ sin consenso de la oposición, entre otros muchos), no puede ni debe ser distinto a los de los otros países mencionados. No puede haber diferentes varas de medir entre lo que se les exige respetar a los gobiernos ultraconservadores y lo que se le debe exigir al gobierno socialista y populista español.
Y que nadie se llame a engaño: la UE cuenta, para los casos más graves, con más herramientas que la presión política que ahora está empezando a ejercer sobre el Ejecutivo español. El propio Tratado de la UE, en su artículo 7, incluye un mecanismo que permite imponer graves sanciones si un Estado miembro pone en peligro de forma grave los valores fundamentales de la Unión.
La Comisión tiene la misión expresa de garantizar el respeto a sus valores fundamentales: libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y derechos humanos
El arsenal jurídico europeo continúa, por una parte, con los procedimientos de infracción, con los que, previo paso por el Tribunal de Justicia de la UE, se podría obligar al país infractor, en este caso España, a cambiar su legislación para poner fin a la violación del Estado de Derecho; y por otra, con el reciente mecanismo de condicionalidad que permite suspender la recepción de fondos europeos si persisten los ataques al Estado de Derecho.
Además, los jueces y tribunales españoles a los que la ley de impunidad sanchista forzaría a abandonar la instrucción y enjuiciamiento de las causas relacionadas con el procés, o a borrar las condenas ya firmes, tendrían la opción de plantear al TJUE cuestiones prejudiciales para que la justicia europea se pronuncie sobre la compatibilidad o incompatibilidad de la amnistía con el ordenamiento jurídico comunitario. El reciente auto de la Audiencia Nacional imputando a Puigdemont por presuntos delitos de terrorismo ya da pistas de que el magistrado seguiría ese camino en caso de materializarse la amnistía.
Por último, no podemos olvidar que el conflicto con el Derecho Europeo no está solo en la infamia de vender la independencia judicial a cambio de un puñado de votos para seguir en el poder. Está también en la naturaleza de los delitos amnistiados. Y es que la norma que prepara la coalición PSOE-Junts borraría del mapa delitos de malversación de fondos públicos cuando la UE, en una reciente directiva, está tratando de aumentar y armonizar las penas para castigar este tipo de delitos.
Liberaría además de responsabilidad a quienes utilizaron ilegalmente los datos personales de los catalanes para el falso referéndum de 2017 cuando la UE cuenta con el reglamento más exigente del mundo en materia de protección de datos. Y si la humillación del PSOE llega tan lejos como parece y acaba impidiendo la investigación y condena de delitos de terrorismo, hay que recordar que este asunto es también objeto de varias directivas comunitarias.
La magnitud de las repercusiones negativas que la amnistía de la vergüenza puede acabar teniendo para el ordenamiento jurídico europeo y para la Unión en sí misma está todavía por ver. Pero los partidos españoles que todavía defendemos la Constitución y las instituciones democráticas de la UE tenemos la responsabilidad histórica de decir basta y activar todos los medios legales a nuestro alcance para parar el atropello de un presidente sin escrúpulos ni principios a los valores más esenciales de nuestra convivencia.
SOBRE LA FIRMA Adrián Vázquez Lázara es eurodiputado y secretario general de Ciudadanos. Preside la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo.