Que la política española esté sometida a las tensiones derivadas de tener un Gobierno partido en dos y que los escándalos antiguos o nuevos de corrupción ocupen en demasiadas ocasiones el centro de la atención no debería hacernos olvidar las claves de la legislación europea que nos afectan de lleno. Entendemos mejor su importancia cuando recordamos que casi el 60% de la actividad legislativa del Congreso español durante 2022 estuvo directamente relacionada con las normas que se proponen, debaten y aprueban en Bruselas.
El vuelo bajo y bronco de esa vieja política hace que la sociedad sea cada vez más escéptica y tienda a despreciar la importancia de la actividad legislativa europea. Esa misma estrechez de miras nos impide ver con claridad el interés que tiene que España asuma –es la quinta vez que lo hace– la presidencia de turno del Consejo de la UE, y que lo haga en el segundo semestre de este año, fundamental para la aprobación de normas legales básicas que repercuten en la política, la economía y la sociedad.
La implicación de España
Vamos a ver unos pocos ejemplos de asuntos en los que estamos muy implicados.
Para España, donde la alimentación y la gastronomía tienen un papel decisivo, es muy importante el debate sobre las indicaciones geográficas o IG, que identifican los productos alimentarios -y ahora también los productos artesanales e industriales no alimentarios- como originarios de una localidad, región o país cuando una determinada calidad o reputación de esos productos es atribuible a su origen geográfico. La IG defiende los derechos de propiedad intelectual y protege contra usos indebidos que puedan inducir a error al consumidor. Hablamos del vino de Rioja o de Ribera del Duero, del mejillón de Galicia, del jamón de Jabugo, la cerámica de Talavera o los cuchillos de Albacete, entre otros muchos ejemplos. El pleno del Parlamento Europeo votará en abril y las negociaciones terminarán probablemente en la presidencia española.
También en el segundo semestre habrá un debate muy importante para el sector alimentario, el del etiquetado nutricional obligatorio en la parte frontal de los envases. La pelea entre Nutri-Score y otros sistemas y las denuncias de discriminación de alimentos tradicionales obliga a nuevas propuestas de la Comisión en los próximos meses.
Otro asunto de envergadura en un campo distinto. Hace algo más de un año, la Comisión propuso una Directiva sobre la diligencia debida –es decir, las precauciones que la ley o el buen sentido aconsejan adoptar en el desarrollo de una actividad para evitar daños previsibles— en cuanto a sostenibilidad de las empresas, para que asuman su responsabilidad en caso de violación de derechos humanos o normas medioambientales. Este capítulo, de enormes implicaciones, debería empezar a debatirse en junio, y el comisario de Justicia, Didier Reynders, confía en que se alcance un acuerdo durante el segundo semestre del año.
También se debatirá la propuesta de reconocimiento de paternidad, que se presentó en diciembre de 2022 y que garantiza que se reconozca a todos los niños cuya paternidad se haya establecido en un Estado miembro y que se encuentren en una situación transfronteriza, independientemente de cómo haya sido concebido o nacido el niño, el tipo de familia y la nacionalidad de los niños y de sus padres.
No sería extraño que España acabe su presidencia del Consejo en plenas negociaciones de proyectos como las leyes de datos y la ciberseguridad
En el acelerado y apasionante territorio de la Inteligencia Artificial, hay divisiones importantes. El Parlamento podría alcanzar un acuerdo en primavera, y conciliarlo luego con la presidencia sueca y la Comisión. No sería extraño que España acabe su presidencia del Consejo en plenas negociaciones de proyectos como las leyes de datos y la ciberseguridad.
En cuanto al aire que respiramos, la normativa Euro 7 se propuso hace algo más de cuatro meses. El objetivo es reducir los niveles de contaminación obligando a los fabricantes de automóviles de todo tipo a respetar límites específicos en las emisiones. Y hay otra serie de normas por las que todos los coches y furgonetas nuevos deberán tener cero emisiones de CO2 para 2035, un cambio drástico en un sector de gran repercusión económica. No está claro que la presidencia de Suecia, en este primer semestre, pueda cerrar el acuerdo de principio, y habrá que ver qué es lo que ocurre en el segundo semestre. Ni siquiera está clara la posición de España. Hay también un gran debate sobre el escalonamiento de la restricción de emisiones para autobuses y camiones.
El mercado eléctrico y las migraciones
Más asuntos centrales. Dentro de unos días se espera la propuesta de la Comisión para la reforma del mercado eléctrico europeo. España y Francia se han comprometido a trabajar conjuntamente en el paquete de reformas energéticas que debe acometer la UE, especialmente en el segundo semestre, con el objetivo de que esté aprobado antes de 2024.
En cuanto al pacto de Migración y Asilo, planteado hace dos años y medio, no hay avances. El objetivo de España es dar pasos para finalizar un acuerdo antes de mayo de 2024 que reconozca el principio de solidaridad y resalte el papel de los Estados de primera entrada. España tiene, además, intención de promover la ratificación del acuerdo con Mercosur durante su presidencia para reforzar las relaciones entre la UE y América Latina. En el semestre se celebrará la cumbre entre la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y la UE.
Sobre esta intensa agenda planea la lógica preocupación, por lo que respecta a España, sobre el informe anual del Estado de Derecho en la UE. La atascada renovación de los órganos del poder judicial, las reformas ad hoc del Código Penal que afectan al delito de malversación y la escalada de rebajas de condena y excarcelación de violadores, derivadas de la ley del sólo si es si están en el foco de Bruselas. En el pleno del Parlamento Europeo de enero en Estrasburgo, el comisario Reynders hizo hincapié en la renovación en España del poder judicial, “la pieza más importante para organizar una auténtica protección del Estado de derecho”.
Nosotros estamos volcados en la defensa de los intereses españoles y europeos, pero no lo pone nada fácil la bronca entre los dos principales partidos
Todo lo que tiene que ver con el debilitamiento del Estado de derecho se toma muy en serio en Bruselas. Nosotros estamos volcados en la defensa de los intereses españoles y europeos, pero no lo pone nada fácil la bronca entre los dos principales partidos. Tanto al PSOE como al PP parece que les importa más preparar las campañas electorales que superar los desacuerdos sobre asuntos de Estado, y debatir y aprobar normas tan significativas y de tanta repercusión como las que van a llenar la agenda de la presidencia española del Consejo de la UE.
SOBRE LA FIRMA Adrián Vázquez Lázara, eurodiputado y presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, es secretario general de Ciudadanos.
