La democracia es un sistema frágil, para sobrevivir exige por su propia naturaleza democrática que la ciudadanía y sus representantes crean realmente en ella.
Tal vez la más relevante diferencia entre una verdadera democracia consolidada y un trampantojo democrático de cartas marcadas sea el respeto de las reglas, es decir de los espacios de acuerdo y los de confrontación, el respeto que los diferentes adversarios tienen por las instituciones más allá de sus intereses partidistas. Porque si en la guerra, dicen, cualquier agujero es susceptible de ser trinchera, en la política no hay institución que no sea susceptible de serlo.
Electoralismo y nada más
Y no corren buenos tiempos para la democracia y el parlamentarismo actual es buena prueba de ello. Hoy nuestras instituciones son trincheras que ocupa uno u otro bando mientras se acusan mutuamente de utilizarlas. El Parlamento -y sus herramientas- no iban a ser menos ya que, al fin y al cabo, es el espejo de la democracia, donde se ve no solo el resultado de la política, sino la manera de llevarla a cabo.
Tal vez la más relevante diferencia entre una verdadera democracia consolidada y un trampantojo democrático de cartas marcadas sea el respeto de las reglas
Obviamente, el problema no es hacer política en y desde el Parlamento, ni siquiera es un problema que desde él se haga electoralismo que, en último término −especialmente cuando no hay mucho más− es el estadio último del control democrático. El problema es cuando se hace electoralismo… y no se hace apenas nada más.
Al fin y al cabo, la institucionalidad democrática de cualquier comunidad política debe pasar por dos elementos fundamentales: por la cultura democrática de una sociedad organizada que demanda compromisos políticos y exige comportamientos éticos y por unos representantes públicos que, de este modo, se ven compelidos por sus propias convicciones y por las exigencias de su propia representación.
Funcionamiento de la sociedad
Desde ambos lados de la representación no solo deberíamos trabajar para construir y fortalecer ambos fundamentos, sino también exigir cambios y reformas profundas cuando se destruyen.
Como sociedad democrática, o como representantes democráticos de esa sociedad, debemos defender no solo nuestras posiciones sino también los compromisos fundamentales y las reformas institucionales que hagan posible no solo una mejor efectividad del funcionamiento de dicha representación, como parte de la sociedad y reflejo abierto de ella, sino el mantenimiento en el tiempo de un orden democrático dotado de herramientas políticas que permitan la confrontación sin socavar el sistema, es decir, sin destruir la legitimidad de esa representación y de la propia democracia.
Nuestras instituciones son trincheras que ocupa uno u otro bando mientras se acusan mutuamente de utilizarlas
En el caso del sistema español, con una institucionalidad extraordinariamente ligada al proceloso procedimiento de su constitución como pacto entre una rancia institucionalidad dictatorial y una temerosa generación democrática, la reforma se convirtió en el principal método constructivo de la nueva institucionalidad. En términos científicos diríamos que su contexto de descubrimiento se adueñó de su contexto de justificación o, en términos más castizos, que se hizo virtud de la necesidad.
Bien o mal, la historia no se cambia. A fin de cuentas, las reformas dentro del Estado de Derecho constituyen un método de crecimiento democrático que permite conservar aquellos mecanismos que, por el puro devenir histórico, pueden volverse inoperantes, desgastarse, o simplemente alejarse hasta hacerse irreconocibles para la sociedad a la que sirven.
Transición democrática y retos
Los que de alguna forma vivimos el proceso de transición a la democracia desde la radicalidad democrática llevamos algunas décadas señalando los numerosos espacios de opacidad, los déficits de transparencia, la falta de control democrático de instituciones tan relevantes como la Justica, la jefatura del Estado, etc., la mejorable representación electoral, la falta de exigencia ética…
Ahora, y pese a las mejoras que sin duda ha habido, se ha hecho evidente para una sociedad actual mayoritariamente militante del partido de la decepción que los fundamentos de nuestro sistema no pueden ser los mismos que los que se echaron a rodar entre la represión y las luchas democráticas de la década de los 70 y que, finalmente, se pactaron en nuestra Constitución.
¿Habrá que evitar la posibilidad de bloqueo sistemático del CGPJ como expresión de la intangibilidad democrática de una judicatura para la que no existió la transición? ¿Habrá que establecer reglamentos que permitan otra agilidad y otro procedimiento legislativo en ambas Cámaras? ¿Habrá que revisar la realidad de la proclamada democracia interna de los partidos? ¿Habrá que construir e implementar nuevas herramientas parlamentarias que permitan hacer política sin dejarse capturar por ella? ¿Habrá que conseguir, al menos, que lo que existe sea lo que es?
¿Habrá que evitar la posibilidad de bloqueo sistemático del CGPJ como expresión de la intangibilidad democrática de una judicatura para la que no existió la transición?
Comisiones de investigación
Las Comisiones de Investigación han sido, desde el primer momento, mucho más un elemento de uso exclusivamente electoralista que, propiamente, de investigación; más bien la posibilidad de que una mayoría parlamentaria inserte o mantenga un tema en el espacio público a su interés, es decir, una mera herramienta en manos de quién más habitualmente debiera ser investigado y que, por ello, muy por encima de sus funciones de averiguación o cuestionamiento de una determinada situación, refleja los equilibrios de poder en términos de confrontación política, un espacio más de enfrentamiento público entre unos grupos parlamentarios en cuya intención apenas hay espacio para el derecho de la sociedad a la información.
Las Comisiones de investigación están condicionadas fundamentalmente por los intereses de la mayoría parlamentaria que la utiliza
En términos concretos, las Comisiones de investigación están condicionadas fundamentalmente por los intereses de la mayoría parlamentaria que la utiliza para fijar parlamentariamente unas conclusiones que, vinculadas a una votación según la representación de cada grupo político, se usa no tanto para dar a conocer una verdad sino para arrojárselas a la minoría en el patio público. En resumen, el objeto de la propia investigación es desarrollar un trabajo mediático que concluya en un refrendo parlamentario para la posición política hegemónica en la Cámara.
Sin embargo, bastarían pocos cambios reglamentarios que, convenientemente articulados, permitirían que en España desarrolláramos el Artículo 76 de la Constitución. Cierto que para ello habría que conjugar esa conciencia democrática exigente y real entre la sociedad y sus representantes a la que nos referíamos al principio, porque es esa mayoría parlamentaria la que tiene que aceptar y configurar esos cambios y, como vemos en tantos otros ámbitos, la representación hoy en día no va a renunciar a ningún poder ni a ninguna posibilidad de bloqueo que le favorezca mientras la sociedad −incluido su propio electorado−no se lo exija.
Las comisiones en la actualidad
En nuestro sistema parlamentario, las Comisiones de investigación parten de una configuración partidista donde la mayoría decide su oportunidad y la Mesa de la Cámara −reflejo de esa mayoría− decide cuándo se debaten en pleno esa oportunidad y la totalidad de su calendario.
Y por si acaso algo se escapa al control, en su diseño reglamentario actual, las comisiones así diseñadas carecen de fuerza coercitiva siquiera para dotarse de los elementos básicos de cualquier investigación: en la mayoría de los casos la documentación requerida no es entregada por parte del Ejecutivo o de la Administración, los comparecientes acuden para convalidar o no, desde su posición, aquello que puede ser más o menos conveniente a su propia adscripción política, la mayoría de la cámara −férreamente reflejada en la Mesa presidencial de la Comisión− controla los tiempos y canaliza los debates, etc.…
Obviamente, la solución pasa no solo por tener compromiso real con la investigación si no que es necesario establecer elementos normativos que permitan al menos una cierta eficacia y objetividad en su trabajo entre los que es fácil enumerar algunos requisitos básicos como son los plazos concretas por su debate en el pleno y constitución, la regulación objetiva, por ejemplo, de la elección de sus miembros de Mesa, sobre todo la de su Presidencia, el voto directo de sus miembros frente al actual voto ponderado, la exigente y fundamental aportación de documentación por parte de la Administración General y fundamental regulación de acceso a información reservada, discutir la conveniencia de su convivencia con procedimientos judiciales.
La representación hoy en día no va a renunciar a ningún poder ni a ninguna posibilidad de bloqueo que le favorezca mientras la sociedad no se lo exija.
Arbitrar en definitiva elementos que permitan que el elemento definitorio de una Comisión de investigación no sea la oportunidad política partidista a pulso de telediario si no la fundamental y sana intención de la investigación y control por parte del Parlamento del equilibrio del Estado de Derecho. Arrancar de las manos de intereses mediáticos la actuación de las herramientas institucionales democráticas.
Estos cambios no vendrán solos, ni siquiera acompañados de la crítica del turnismo opositor. Es labor de la sociedad organizada reclamar estructuras democráticas de control legítimo y funcionamiento eficaz de las instituciones. Y para eso es evidente que la solución es más cultura democrática y mucha menos polarización.
SOBRE LA FIRMA Gloria Elizo Serrano (Madrid, 1966) es abogada, ha sido diputada y vicepresidenta de la Mesa del Congreso, vinculada a la búsqueda de herramientas de consolidación democrática. Ahora directora del Instituto Clara Campoamor para el fortalecimiento de la Democracia.