No estaba garantizado. Cuando Teresa Ribera llegó el pasado 17 de octubre a Luxemburgo para presidir el Consejo de Ministros de Energía de la UE con la reforma del diseño del mercado eléctrico de la UE como asunto principal en la agenda, todo apuntaba a que el acuerdo no se lograría en ese día. No era, sin embargo, un escenario que se planteara la vicepresidenta: “Si hace falta pasaremos esta noche aquí hasta que pactemos”. Y ahí comenzó a inclinarse la balanza hacia el acuerdo.
Atrás quedaban semanas de intensas negociaciones, con Francia y Alemania envueltas en una discusión tóxica sobre uno de los elementos centrales de esta reforma, la regulación de los contratos por diferencias, que llegó a necesitar de un encuentro entre Scholz y Macron en Hamburgo a principios de octubre para tratar de limar asperezas.
Como viene siendo habitual en los últimos meses, Francia reclamaba apoyo a las centrales nucleares. Una reclamación sesgada pues tanto la propuesta de la Comisión Europea como la que hemos aprobado en el Parlamento, donde ejerzo como ponente y negociador de la misma, otorgaba el mismo trato tanto a las inversiones en generación nuclear como en generación renovable. El problema radicaba en la demanda francesa de proponer esquemas de subvención pública para cubrir las centrales nucleares antiguas.
Desde el Parlamento, consideramos que el dinero público debe concentrarse en impulsar nueva generación renovable o, en el caso de aquellos Estados miembros que así lo deseen, nueva nuclear. Y, en caso de apoyarse la ampliación de capacidad de centrales nucleares existentes, las subvenciones solo deben cubrir la nueva inversión para evitar subsidios a generación existente que no necesita inversión adicional o indeseables efectos retroactivos.
El problema radicaba en la demanda francesa de proponer esquemas de subvención pública para cubrir las centrales nucleares antiguas
Desde Alemania se compartía este enfoque, pero se añadía la preocupación de que las subvenciones a esas plantas podrían utilizarse para reducir artificialmente el precio de la electricidad en los países con un mix eléctrico con alta proporción nuclear, atrayendo industria, utilizando herramientas de apoyo público que distorsionaran la competencia dentro del mercado interno de la UE.
Mientras los estados miembros en el Consejo de la UE no lograban ponerse de acuerdo sobre el contenido de su mandato de negociación, desde el Parlamento Europeo en tan sólo 3 meses conseguimos una posición sólida, apoyada en una mayoría alrededor de los cuatro principales grupos de la Eurocámara (Populares, Socialistas, Liberales y Verdes), demostrando así que el Parlamento puede ser tanto o más ágil que cualquier institución comunitaria a la hora de adoptar legislación urgente para la defensa de los intereses de la ciudadanía. Tan es así que hemos estado un mes esperando por el fin de la disputa francoalemana para iniciar las negociaciones en trílogos.
Consideramos que el dinero público debe concentrarse en impulsar nueva generación renovable o, en el caso de aquellos Estados miembros que así lo deseen, nueva nuclear
Finalmente, ese acuerdo del Consejo de la UE en Luxemburgo, donde España ha hecho una gran mediación, ha tratado de encontrar un equilibrio entre las reclamaciones de Francia, dado que se habilita la posibilidad de impulsar contratos por diferencias para las centrales nucleares ya existentes, y las de Alemania, dado que logra que se encargue a la Comisión vigilar que tales esquemas de apoyo a las nucleares no contribuyan a fragmentar el mercado interno y favorecer una competencia desleal. Sin duda, no son las propuestas que hemos defendido en el Parlamento, pero hay bases para establecer una negociación sobre el que será un punto caliente de los trílogos que ya empezamos el pasado 19 de octubre.
Cabe recordar que el proceso de esta reforma está sometido a un rígido cronómetro: si no se logra un acuerdo entre Parlamento, Consejo y Comisión antes del final de la legislatura, que a efectos legislativos remata a finales de marzo, la señal de dejar normas de este calado abiertas sin horizonte temporal hasta bien entrado 2025 podría suponer en sí misma un plus de volatilidad e inestabilidad al mercado eléctrico europeo en un complejísimo escenario geopolítico y de alta inflación, además de una pésima señal para las masivas inversiones necesarias.
Ahora, se abre una minúscula ventana para negociar e intentar acordar antes de que acabe el año 2023, bajo la Presidencia española, y otra bastante más amplia para cerrar un acuerdo antes del final de legislatura, ya con Presidencia belga que, en cualquier caso, será la que tenga que rematar el proceso.
Pero más allá de lo acordado en el Consejo y de cara a las negociaciones, como ponente del Parlamento debo recordar que desde la posición de la institución a la que represento, esta reforma debe aumentar la protección de los consumidores, fundamentalmente los más vulnerables, dar claras señales para que se fomenten las herramientas de mercado a medio y largo plazo que faciliten una estabilidad de precios acelerando en la necesaria descarbonización de nuestro sistema eléctrico mediante la promoción de energías renovables y favorecer la descentralización para que los consumidores tenga un papel más activo en el mercado, avanzando en el camino hacia una transición energética que promueva una mayor electrificación de la demanda energética.
SOBRE LA FIRMA Nicolás González Casares es eurodiputado socialista.