El 9 de diciembre de 2023, Europa alcanzó un acuerdo provisional para aprobar un Reglamento que prohíbe ciertos usos de la Inteligencia Artificial (IA) y regula aspectos relacionados con la IA de alto riesgo. Ahora, se inician una serie de trámites en Europa que culminarán con la publicación de la norma en el Diario Oficial en los próximos meses.
Sin embargo, surge la pregunta: ¿qué acciones podemos emprender ante este nuevo panorama normativo?
Uno de los aspectos más destacados es el momento a partir del cual este Reglamento será plenamente exigible. Algunas disposiciones se aplicarán poco después de su adopción, mientras que otras, como los requisitos para sistemas de IA de alto riesgo, solo serán exigibles después de un período (vacatio legis) que podría extenderse hasta 2026 en algún caso.
Algunos políticos creen que la norma se ha diseñado para ser duradera, mientras que otros afirman que ya se han iniciado trámites para su actualización antes de su entrada en vigor
La incertidumbre radica en el grado de desarrollo qué habrá alcanzado la IA en ese momento y si la regulación será efectiva en ese nuevo escenario. Algunos políticos creen que la norma se ha diseñado para ser duradera (future proof), mientras que otros afirman que ya se han iniciado trámites para su actualización antes de su entrada en vigor.
El mismo 9 de diciembre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, celebró el acuerdo y mencionó el «AI Pact», una solución aparentemente provisional que busca la adecuación voluntaria a las obligaciones del nuevo Reglamento. Este pacto, diseñado como una iniciativa para obtener el compromiso voluntario de la industria, busca anticipar el cumplimiento de la Ley de IA y comenzar a aplicar sus requisitos antes de lo legalmente exigible.
A diferencia de un sandbox o un código de conducta, el «AI Pact» se basa en compromisos voluntarios de los grandes operadores de la industria para implementar los requisitos de la ley, compartiendo buenas prácticas desarrolladas con ese fin.
Declaraciones específicas de cumplimiento
La Comisión espera que la industria asuma dichos compromisos voluntarios a través de “declaraciones específicas de cumplimiento” de las nuevas obligaciones. Estos compromisos serán comunicados y difundidos por la Comisión Europea para proporcionar visibilidad, aumentar la credibilidad y la confianza en las tecnologías desarrolladas por las empresas participantes.
El Pacto sobre IA está abierto para la participación de agentes clave de la industria, tanto de la Unión Europea como de fuera de ella. Las entidades que compongan dicho Pacto intercambiarán sus buenas prácticas para aumentar la sensibilización sobre los principios de la futura Ley de IA y anticiparse, así, al cumplimiento de las nuevas obligaciones antes de la aplicabilidad del Reglamento.
El Pacto sobre IA está abierto para la participación de agentes clave de la industria, tanto de la Unión Europea como de fuera de ella
Las empresas interesadas ya pueden responder a la convocatoria de interés lanzada por la Comisión y, en su caso, serán convocadas en el primer semestre de 2024 para debatir sobre las mejores prácticas que deben ser recomendadas al resto de entidades y al mercado en general.
La composición y resultados del Pacto se publicarán oficialmente tras la adopción formal del Reglamento de IA, momento a partir del cual las empresas podrán hacer públicos sus compromisos y soluciones iniciales.
Interés y proactividad de empresas
En definitiva, estamos ante una iniciativa que resalta la complejidad y el dinamismo asociados con la regulación de la IA en Europa, y que sugiere enfoques flexibles, colaborativos y basados en compromisos voluntarios para abordar los desafíos presentes y futuros de esta tecnología emergente.
Ahora dependerá del interés y de la proactividad de las empresas el que el Pacto resulte una iniciativa exitosa, por cuanto el desarrollo de unas buenas prácticas puede resultar de gran interés para la adecuación rápida, segura y responsable de las nuevas obligaciones que trae consigo el Reglamento de IA; o bien puede ser una iniciativa en la que las organizaciones no van a tener interés por compartir sus buenas prácticas, prefiriendo esperar a que la norma sea plenamente exigible ante la aparente ausencia de incentivos que recompensen tal compromiso.