El Gobierno de coalición mantiene el rumbo en la transición energética, pero con tensiones internas. PSOE y Sumar -Teresa Ribera y Yolanda Díaz- pueden compartir la estrategia, pero no la táctica. El pacto entre ambas formaciones incluye el compromiso de llegar al 48% de cuota renovable sobre el uso final de la energía en 2030 y un 81% en la generación de electricidad. Es un objetivo ambicioso, que supera los fijados por la UE en la última directiva aprobada en octubre y que mantiene a España a la cabeza del despliegue verde en Europa.
Batallas de pioneros
Para alcanzar el objetivo, la vicepresidenta tercera considera fundamental atraer inversiones y, en la medida de lo posible, evitar el choque frontal con los grandes grupos energéticos. Por esa razón el Gobierno ha suavizado el impuesto energético a las grandes compañías. Menos impuestos a cambio de inversiones en proyectos verdes. A empresa que invierte, puente de plata. Incluso aunque no esté claro cuánto invierte.
Por la misma razón, Ribera ha ampliado los plazos para cumplir con los hitos marcados en el Real Decreto-ley 23/2020 para los permisos de construcción y enganche a la red de proyectos fotovoltaicos que acababan en 2025. “Nos jugábamos el futuro” respira aliviado José Donoso, director de la asociación de empresas fotovoltaicas (UNEF), convencido de que -ahora sí- España puede mantener la delantera en la carrera del sol.
Los datos respaldan la estrategia aplicada por Ribera en el sector energético para avanzar hacia una economía descarbonizada. España cerró 2023 con una aportación al mix de generación nacional superior al 50% (50,8%), un máximo histórico de producción. Es un paso fundamental si se tiene en cuenta que España gastó en importaciones de productos energéticos 91.000 millones de euros en 2022, casi un 10% del PIB.
La vicepresidenta segunda conoce los datos, pero desconfía de las rebajas fiscales a las energéticas por mucho que el impuesto del 1,2% sobre los resultados -1.245 millones de recaudación en 2022- se aprobara en su día con carácter temporal.
Los cuatro grandes grupos ganan mucho dinero, 12.700 millones en 2022, y Díaz cree que se pueden permitir pagar más impuestos para contribuir al beneficio común y obligado de la descarbonización.
Díaz recela, además, de los vericuetos de la negociación. El PNV, siempre sensible a los análisis de compañías cercanas como Repsol (con filial en Vizcaya, Petronor) o Iberdrola (sede en Bilbao), ya libró en el pasado pulsos con Ribera. Y los ganó.
Ribera y Díaz conocen bien el paño empresarial energético. Tradicionalmente, las empresas no ceden un centímetro de terreno sin plantar cara. Lo dijo un ministro de Rajoy -Álvaro Nadal-: “Desde que se estaba secando la tinta en el BOE de la reforma energética, se ha recurrido todo (…) No puede ser que todos los bonos sociales, todas las leyes energéticas, todos los reales decretos se recurran. No ocurre en ningún otro sector. No es normal esta situación”. Quizá no sea normal, pero sucede.
España es el segundo país del mundo en atractivo para invertir a largo plazo en renovables, según el índice global Recai (Renewable Energy Country Attractiveness Index)
España es el segundo país del mundo en atractivo para invertir a largo plazo en renovables, según el índice global Recai (Renewable Energy Country Attractiveness Index) de la consultora Ernst & Young y está a la cabeza de la investigación en tecnología de generación renovable de futuro como la eólica marina. El Ministerio de Transición Ecológica presume, con razón, de que el 30% de las plataformas de ensayo son españolas.
España y la energía renovable
Como toda Europa, y más tras la invasión rusa de Ucrania, España está en la carrera para integrar de forma masiva la mayor cantidad de energía renovable en el menor tiempo posible. La Directiva (UE) 2023/2413 aprobada en octubre va en esa dirección. Para ello, agiliza la tramitación de proyectos, simplifica los requisitos de evaluación ambiental y establece la declaración de “interés público superior” para determinadas instalaciones.
Así, las medidas temporales y excepcionales que la Comisión Europea aprobó́ en 2022 para multiplicar la potencia renovable se convierten en permanentes concluye el especialista Javier García Breva en el informe IPM “Así es la nueva Directiva de Energías Renovables”.
Es un empujón con manga ancha. Entre otros puntos, la norma comunitaria admite nuevas definiciones de “energía renovable”, como la procedente de “fuentes renovables no fósiles”. Todo tiene sus riesgos. Porque se sabe bien qué puede suceder.
Ribera quiere atraer inversión a toda costa; Díaz teme las maniobras de las grandes energéticas
El interés público superior a efectos de la legislación ambiental desembocó en España en un aluvión especulativo de proyectos renovables a gran escala y la reventa de las autorizaciones que aceleró las renovables solo para los grandes actores y proyectos. De paso, generó por primera vez una creciente oposición de las comunidades locales. Especulación y rechazo social.
Ribera quiere atraer inversión a toda costa; Díaz teme las maniobras de las grandes energéticas. Las dos pueden perder batallas, pero ninguna de las dos puede perderlas todas.
La alternativa consta por escrito en las 365 medidas del programa electoral del PP: larga vida a las nucleares, impulso al compromiso con los países suministradores de combustibles fósiles y nuevo impuesto a las renovables -” tasa por hito”-. Batallas de pioneros.
SOBRE LA FIRMA Santiago Carcar es un periodista especializado en temas económicos y de energía. Ha trabajado en prensa escrita, radio y televisión.