Celebro el nacimiento de Demócrata, siempre es una buena noticia la aparición de un nuevo medio de comunicación. Cuantas más voces se sumen a nuestro tejido comunicativo, más plural y libre será nuestra sociedad. Ve la luz una revista que contribuirá a fortalecer nuestras instituciones porque cubre con información rigurosa y especializada un ámbito, el parlamentario, que constituye uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia. También quiero agradecer que se me haya invitado a colaborar en este ilusionante y necesario proyecto, y doy la bienvenida a todos los lectores que compartirán a partir de ahora su tiempo con nosotros.
Desde aquí me propongo acercar la actividad parlamentaria desde la perspectiva de los asuntos públicos. Y también deseo hacerlo desde una dimensión social, es decir, poniendo en valor cómo la actividad de influencia legislativa contribuye a mejorar no solo la calidad de nuestras leyes e instituciones democráticas, sino también la vida de las personas y cómo no, nuestra economía y sociedad en general.
«Es imprescindible aprobar cuanto antes una buena regulación para dignificar la profesión»
A menudo se asocia el lobby con una actividad en la que prevalecen únicamente intereses económicos. Es obvio que ello no es así; hay un gran desconocimiento de lo que representa realmente la actividad vinculada a los asuntos públicos. En gran medida, ello es consecuencia de su falta de regulación en España, por lo que aprovecho este altavoz para reivindicar nuevamente la tramitación en el Congreso del Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad de los Grupos de Interés. Es imprescindible aprobar cuanto antes una buena regulación para dignificar la profesión y fomentar una actividad esencial para mejorar la calidad democrática de nuestro país.
El lobby contribuye, entre otros aspectos, a mejorar nuestra sociedad y, frecuentemente, la vida de las personas. Hay muchos ejemplos, algunos pasan desapercibidos, pero podríamos encontrar numerosos casos que confirman esa afirmación.
El caso de los gases fluorados
Así, hace unos meses se tramitó en el Congreso la “Proposición de Ley de modificación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de trasparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, para regular las estadísticas de las microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) en la contratación pública”. En el texto aprobado por la Comisión de Industria, Comercio y Turismo se establecía que a partir del 31 de diciembre de 2024 finalizaría la exención fiscal del impuesto de gases fluorados para los inhaladores dosificadores utilizados para el suministro de ingredientes farmacéuticos. Concretamente, afectaba a los inhaladores de rescate o de acción corta, utilizados para actuar en cuestión de minutos como, por ejemplo, cuando alguien padece una crisis de asma.
La supresión de esa exención del impuesto de gases fluorados de los inhaladores podía suponer que su fabricación fuera inviable económicamente para las empresas fabricantes españolas. Y con ello, que un gran número de pacientes no pudiera disponer de una medicación insustituible, sobre todo niños y personas mayores. En definitiva, la falta de ese medicamento de rescate podía comportar consecuencias personales críticas, incluso dramáticas, para la vida o supervivencia de algunas personas. Debe tenerse en cuenta que el uso en el mercado español del inhalador de salbutamol es muy extendido, se venden más de diez millones de unidades al año, por lo que su falta de fabricación podía perjudicar a muchas personas.
«Estaban hablando de la viabilidad de empresas españolas y puestos de trabajo, pero sobre todo de la vida de personas»
Ante esa situación y la imposibilidad de alternativa a inhaladores con nuevos propelentes distintos al gas fluorado, que aún están en fase de estudio, empresas fabricantes se dirigieron al legislador, directa e indirectamente, para que modificara la Proposición de Ley en el Senado. No era fácil conseguirlo porque su tramitación estaba muy avanzada, pero la justificación de su demanda era más que razonable. Estaban hablando de la viabilidad de empresas españolas y puestos de trabajo, pero sobre todo de la vida de personas. Si los pacientes no tenían la posibilidad de acceder a sus medicamentos, podían padecer situaciones críticas.
Es este caso fue determinante la movilización con acciones de lobby de representantes empresariales, sectoriales y patronales así como la receptividad inmediata de un Diputado, D. Joan Capdevila, que por su formación profesional vio la dimensión y gravedad del asunto. Lo trasladó a su grupo parlamentario, ERC, y consiguió que, con ellos, el Grupo Socialista en el Senado registrara una enmienda por la que se proponía prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2026 la exención de los gases fluorados destinados a ser utilizados en inhaladores dosificadores para el suministro de ingredientes farmacéuticos. Finalmente, la enmienda consiguió los votos necesarios para ser aprobada en el Senado y, posteriormente, convalidada en el Congreso. Se había logrado. Y así una acción de lobby había influido en el legislador para salvar empresas, puestos de trabajo y también personas.
SOBRE LA FIRMA Montse Surroca Comas es experta en Asuntos Públicos y consejera independiente. Fue diputada en el Congreso por CiU en las legislatura IX y X.