Desde la presentación de la Reforma del Mercado Eléctrico por parte de la Comisión Europea el pasado 14 de marzo, en el Parlamento Europeo hemos comenzado un intenso y acelerado proceso para tratar de conseguir que los cambios legislativos sean una realidad a principios de 2024. En este apasionante proceso fui elegido como ponente del Parlamento Europeo por designación del Grupo Europeo de Socialistas y Demócratas del que formo parte como eurodiputado del PSOE. Permítanme que desde esta ventana que pone a mi disposición Demócrata haga una primera reflexión sobre la reforma y en los próximos meses ir actualizando a los lectores con el devenir de las negociaciones.
En primer lugar, cabe preguntarse cómo hemos llegado a esta reforma no prevista. Definitivamente, la explicación está en la crisis de precios vivida tras la recuperación pandémica y fundamentalmente provocada por la disrupción energética que supuso la invasión de Ucrania por parte de Rusia. La presidenta Von Der Leyen, tomando argumentos esgrimidos por el Grupo Socialista y por gobiernos como el de España, llamaba desde el pleno del Parlamento Europeo a hacer una reforma “que desacoplara los precios del gas de los de la electricidad”.
Desde el Parlamento Europeo hemos comenzado un intenso y acelerado proceso para tratar de conseguir que los cambios legislativos sean una realidad a principios de 2024
Las reducciones progresivas de los envíos de gas desde Rusia, meses antes de que comenzara la invasión, se trasladaron rápidamente a los mercados mayoristas de electricidad y, con más o menos retraso según los países, a los recibos de ciudadanía y empresas. En cierta medida fuimos rehenes de Putin, que conseguía dañar a Europa mientras hacía caja para su brutal agresión. Esa crisis nos ha mostrado algunas de las costuras que ahora vemos en el diseño del mercado eléctrico de la UE: la alta dependencia de combustibles fósiles y de suministradores no fiables, el déficit de protección de los vulnerables en algunos estados miembros y los efectos que la volatilidad geopolítica puede tener en nuestra factura eléctrica.
Esas fueron las razones que, junto a la presión política ejercida por el Grupo S&D, llevaron a la Comisión Europea a proponer una reforma, equilibrada a mi parecer, que fía sus esfuerzos al desarrollo y fortalecimiento de los mercados a plazo y al incentivo a la flexibilidad a partir de almacenamiento o respuesta de la demanda. Se ha pretendido reducir la volatilidad salvaguardando el diseño de formación de los mercados a corto plazo (diarios, intradiarios y servicios de ajuste) en el mercado mayorista, marginalista, promocionando herramientas como los contratos por diferencia (CfDs) bidireccionales, cuando se ofrezca apoyo público, contratos de compraventa de energía (PPAs, por sus siglas en inglés). También se han tratado de reforzar los derechos (derecho a compartir energía), protección de los consumidores y se ofrecen nuevas modalidades contractuales (contrato fijo, contratos múltiples).
Como ponente, he tratado de reforzar estas propuestas de la Comisión, pero haciendo notar que, si bien fortalecer los mercados a plazo puede ayudar a la estabilidad, se echan de menos en su propuesta instrumentos previsibles, conocidos con antelación, que nos permitan actuar si nos volvemos a ver envueltos en una espiral de subida de precios como la vivida, no descartable en la situación de inestabilidad geopolítica en la que permanecemos.
Las propuestas de la Comisión Europea para asegurar que los consumidores no sufren con facturas -que se multiplican- al tiempo que aumentan de forma exponencial los beneficios de las empresas energéticas, son insuficientes. El Ejecutivo europeo, si bien propone criterios y umbrales de precios para declarar una “crisis de precios de la electricidad” a nivel europea o regional, ha fiado la respuesta a la capacidad financiera de los estados. Esto inevitablemente genera grandes desigualdades, máxime en un escenario de endurecimiento de los corsés fiscales en la UE. Esa tibieza en la propuesta de medidas de urgencia por parte de la Comisión Europea dejaría a los consumidores desamparados en caso de repetirse situaciones como las ya vividas. Por otra parte, la falta de existencia de medidas previsibles y apropiadas de las que pudieran echar mano los estados miembros, llevaría a los mismos a proponer de forma precipitada y urgente medidas de emergencia con mayores riesgos para la inversión en renovables o redes eléctricas que la inclusión de medidas de mayor determinación en la legislación.
Las propuestas de la Comisión Europea para asegurar que los consumidores no sufren con facturas son insuficientes
En ese marco cobran importancia los umbrales en los que la Comisión declara una “crisis de precios”. Como ponente he propuesto un tope a los beneficios de las tecnologías inframarginales. Un tope temporal que sólo entraría en funcionamiento cuando los precios aumentaran de manera alarmante y sostenida durante meses. Además, si bien es cierto que la declaración de “crisis de precios” no debe ser de ningún modo el “bussiness as usual” del mercado eléctrico europeo, tampoco se debe permanecer impasible ante el hecho de que los consumidores y los estados/contribuyentes paguen el precio de la crisis mientras las grandes compañías del sector multiplican sus beneficios, en buena parte, totalmente inesperados y producto de una triste situación geopolítica como una guerra.
Por otro lado, debemos aumentar la protección de los consumidores más vulnerables o en situación de pobreza energética y, así, en nuestra propuesta, hemos reforzado la línea marcada por la Comisión Europea tratando de incorporar las mejores prácticas puestas en marcha por los diferentes estados miembros durante la crisis de precios vivida. Ningún ciudadano de la UE debería quedarse sin suministrador de electricidad por decisión unilateral de su compañía de terminar su contrato antes de tiempo. Tampoco es justo que un ciudadano pueda quedarse sin su suministro eléctrico por su situación de vulnerabilidad o de pobreza energética, por lo que hemos propuesto que, ante estas situaciones extremas, no puedan ser desconectados de un suministro mínimo de electricidad.
Actualmente, el debate en las instituciones europeas es intenso, manteniendo la ambición inicial de que este mismo año se pueda acordar en trílogos la reforma. Desde el Parlamento ya estamos a pleno ritmo de negociaciones y están previstos los votos en la Comisión de Energía e Industria (ITRE) para el próximo 19 de julio y el voto plenario está programado para septiembre.
A buen seguro que los lectores llegados hasta este punto se preguntarán si las elecciones españolas del 23-J podrían tener algún efecto sobre el proceso de reforma. Con la firme voluntad como ponente de alejar este proceso del clima electoral, puedo intuir que un cambio de rumbo hacia una derecha que se inclina hacia el extremo, descreída de la existencia del cambio climático, escorada hacia un modelo fósil y poco comprometida con la necesaria transformación verde de Europa no sería un elemento facilitador de un acuerdo.
SOBRE LA FIRMA Nicolás González Casares es eurodiputado socialista.