Resulta tentador iniciar esta reflexión analizando qué ha sucedido para que la sociedad española haya transitado en tan poco tiempo la distancia entre la sobriedad producida por la escasez que se impuso en la posguerra y las décadas posteriores, y el actual modelo consumista y despilfarrador del usar y tirar. O, incluso, del comprar y tirar. Y en qué momento decidimos que los recursos, los productos y sus fuentes nos proveerían a manos llenas, de manera inagotable, hasta el infinito y más allá.
Es fácil localizar entre nuestros recuerdos de infancia a una madre que pide que no dejes correr el agua mientras te lavas los dientes, a un padre que agita la factura eléctrica para que no olvides apagar la luz al salir de la habitación, o a una abuela con la eterna cantinela: “Hay que acabarse todo lo que hay en el plato; en esta casa no se tira nada”.
También son muchas las generaciones que tienen viva en la memoria la imagen de la talega de tela que se tildaba de bolsa de la compra, el casco de cristal que se enjuagaba y devolvía al comercio o el delicioso sabor de las sobras del almuerzo del día anterior, hábilmente transformadas; eso que hoy se denomina y se aplaude como “cocina de aprovechamiento”.
Averiguar cómo y por qué los hábitos sociales dieron la vuelta como un calcetín en unos pocos años es sin duda un reto interesante
Pero dejemos esa investigación a los profesionales de la sociología y la economía y hablemos de cómo recuperar la sensatez en la producción, la comercialización y el consumo, para evitar despilfarrar miles de millones de kilos y litros de alimentos anualmente, como sucede en nuestros días.
Porque reducir el remanente y el desecho de comida es un imperativo ético, económico y ambiental que debemos afrontar de forma inmediata. Y a esta exigencia social, de responsabilidad pública y de solidaridad colectiva, responde la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, la primera regulación sobre esta materia que se promulga en España.
La motivación de la ley está en consonancia con las grandes líneas del Gobierno, que promueven la justicia social, la protección ambiental y el crecimiento económico. Es una obligación también para todos los operadores de la cadena y una tarea que debe implicar al conjunto de la sociedad.
Con la aprobación de esta nueva regulación, el Gobierno da un paso más en su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluidos en la Agenda 2030 de la ONU. De manera específica, el objetivo 12.3 establece la aspiración de “reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha”.
Los análisis apuntan a que el desperdicio de alimentos es consecuencia de un funcionamiento ineficiente de los sistemas alimentarios. Sus causas están relacionadas con errores en la planificación y calendario de cosecha, empleo de prácticas de producción y manipulación inadecuadas, deficiencia en las condiciones de almacenamiento, malas técnicas de venta al por menor y prácticas de los proveedores de servicios, y comportamiento inapropiado de los consumidores. En definitiva, un catálogo de malas praxis de los distintos eslabones de la cadena que puede ser reconducido sin excesivo impacto o dificultad.
Debemos hacerlo, la lógica de esta posición es aplastante: el despilfarro alimentario perjudica al conjunto de la sociedad porque encarece el acceso a bienes de primera necesidad, malgasta recursos naturales escasos que se utilizan en la producción y el trabajo de agricultores y ganaderos, aumenta los residuos y el impacto ambiental y lastra la eficiencia del sector productivo y su competitividad.
SOBRE LA FIRMA Ariagona González Pérez (Lanzarote, 1978), diputada por Las Palmas y Portavoz de Pesca del GPS. Ha sido ponente del Grupo Socialista de la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.