Reformar la protección, garantizar los derechos

El pasado martes 5 de mayo de 2026, el Consejo de Ministros aprobó la reforma de la LOPIVI, la ley de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Una ley que, desde su aprobación en 2021, supuso un hito en la protección de la infancia en nuestro país: por primera vez, introdujo un marco normativo unificado que reconocía a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, situaba la prevención y el buen trato como elementos clave, y promovía un cambio real en la percepción social de la violencia contra la infancia y la adolescencia.

Casi cinco años después de su aprobación, sin embargo, su implementación sigue siendo incompleta y desigual. Las figuras de protección no se han implantado de manera uniforme en todo el territorio, por lo que los centros educativos siguen sin tener profesionales referentes que detecten la violencia y pongan en marcha las medidas necesarias de protección y coordinación; el registro unificado de datos de violencia contra la infancia y la adolescencia, aún no está operativo, y hemos tenido que esperar más de cuatro años para ver los primeros pasos de la justicia especializada en violencia contra la infancia y la adolescencia, unos pasos que por ahora solo nos han llevado a contar con tres secciones, con un juez cada una, para todo el territorio.

Así, casi cinco años después, el diagnóstico es claro: la violencia contra niñas y niños es un problema generalizado que persiste y que necesita una respuesta efectiva. Así lo reconoce la propia exposición de motivos de la reforma. Y, desde Save the Children, compartimos ese diagnóstico: los niños, niñas y adolescentes siguen enfrentando situaciones de violencia en todos los ámbitos.

Los últimos datos oficiales así lo confirman: en 2024 se registraron 62.247 denuncias por delitos contra la infancia y la adolescencia y 4.779 por delitos en el entorno digital, según el Ministerio del Interior. Además, más del 40% de los delitos por violencia sexual denunciados tienen como víctimas a personas menores de 18 años, y de estas, el 80% son niñas o chicas adolescentes. Pero lo más preocupante es que sabemos que estas cifras son solo la punta del iceberg: cuando hablamos de violencia contra la infancia, sabemos que muchos casos ni siquiera se detectan, y que muchos de los que se detectan no llegan a notificarse.

Por ello, desde Save the Children celebramos que el Gobierno ponga el foco en los retos pendientes en materia de protección de la infancia frente a la violencia, y valoramos positivamente los refuerzos que introduce esta reforma. Por mencionar algunos de los más relevantes:

La reforma refuerza el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados, estableciendo condiciones mínimas para garantizar esa escucha por parte de profesionales de todos los ámbitos y sin límite de edad. Especialmente relevante es la mención expresa a espacios como las Barnahus, entornos adaptados que permiten obtener el testimonio de niños y niñas víctimas con todas las garantías y salvaguardas, y sobre los que disponemos de evidencia inequívoca sobre su capacidad para prevenir la victimización secundaria.

En los supuestos de violencia de género no deberían acordarse regímenes de visitas

En materia de violencia de género, la reforma refuerza el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes expuestos a violencia de género como víctimas directas, y establece que en ningún caso podrá acordarse una custodia compartida cuando existan indicios de impacto negativo en la salud del menor. La exposición de motivos va incluso más lejos, al reconocer expresamente que en los supuestos de violencia de género no deberían acordarse regímenes de visitas.

En una línea similar, se refuerza la prohibición expresa del uso del síndrome de alienación parental (SAP) en cualquier procedimiento, con posibilidad de impugnar las resoluciones que lo utilicen, lo que va más allá de lo que recoge la LOPIVI vigente. Sin embargo, cabe señalar que la efectividad de estas medidas dependerá en parte de su coherencia con la regulación del Código Civil, que esta reforma no modifica, y de su aplicación efectiva en el ámbito judicial.

La reforma introduce también un turno de oficio especializado en violencia contra la infancia, recupera supuestos de asistencia jurídica gratuita que se habían perdido en legislaciones posteriores, y establece un régimen sancionador para quienes incumplan o impidan el cumplimiento de la ley, dotando por primera vez de exigibilidad real a las obligaciones que esta recoge.

Merece mención especial el refuerzo del principio del interés superior del niño o niña (ISN). La reforma establece que este principio debe guiar todas las actuaciones de los poderes públicos, y que todas las resoluciones que afecten a niños, niñas y adolescentes deberán motivar expresamente cómo se ha ponderado este principio. Para ello, se incorporan criterios interpretativos concretos y condiciones mínimas.

En este sentido, garantizar que el ISN se evalúe de forma rigurosa y motivada sigue siendo una cuestión pendiente, por lo que cualquier refuerzo en este aspecto es fundamental. En nuestro último análisis de sentencias sobre delitos de abusos sexuales a niños y niñas en España, ninguna de las sentencias analizadas mencionaba el ISN, cuando este debería ser la consideración primordial en todas las decisiones que les afectan. Pero para para asegurar el impacto real, estas medidas deberán traducirse en herramientas prácticas, estandarizadas y de obligada aplicación en todas las actuaciones judiciales.

Estas son solo algunas de las medidas que recoge la reforma, cuya valoración desde un punto de vista de derechos de infancia es, sin duda, positiva, pues los cambios introducidos refuerzan la protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Sin embargo, es importante no perder de vista los riesgos que pueden limitar el alcance de las medidas propuestas.

El primero es la implementación. No solo de las nuevas medidas, sino de aquellas que la LOPIVI ya recogía y que siguen pendientes de desarrollo. Los espacios adaptados para escuchar a niños y niñas en el ámbito judicial siguen siendo una excepción, no la norma. Las herramientas para valorar el interés superior del niño o niña de forma estandarizada no se han desarrollado. Tampoco se han establecido formaciones especializadas unificadas para profesionales sanitarios, educativos y sociales en la prevención y detección de la violencia contra la infancia y la adolescencia, por lo que la formación de estas figuras sigue siendo irregular y desigual según el territorio.

Una prioridad en este proceso debe ser mantener el espíritu de negociación y consenso que caracterizó la aprobación original de la Ley

Así, la realidad es que, en casi cinco años desde la aprobación de la LOPIVI no se ha conseguido dotar a la ley de las herramientas y presupuesto necesarios para asegurar la implementación efectiva de las medidas recogidas en ella. Este es por tanto el primer reto que debería abordarse si se pretende realizar una reforma más ambiciosa de la ley que no quede solo en el papel. Porque, para que una ley sea efectiva, no basta con aprobarla: hacen falta reglamentos, protocolos, formación, coordinación entre administraciones y, sobre todo, presupuesto suficiente a todos los niveles. Sin recursos, las mejores medidas no pueden aplicarse.

El segundo es el consenso. Más allá del hito normativo que supuso la LOPIVI, esta ley también destacó por el amplio consenso político y social con el que fue aprobada, un consenso que no podemos dar ahora por garantizado. Ese consenso no fue fácil de construir, y es un activo que no debemos dar por garantizado. Por ello, una prioridad en este proceso debe ser mantener el espíritu de negociación y consenso que caracterizó la aprobación original de la Ley.

Así, la protección de la infancia frente a la violencia es una cuestión de Estado, y debe seguir siéndolo. Los niños, niñas y adolescentes no pueden esperar más: el compromiso para transformar las buenas intenciones en cambios reales y duraderos, para que puedan vivir libres de violencia, debe ser continuo y compartido.