El Gobierno está listo para comenzar a dar pasos hacia la reforma de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, comúnmente conocida como LOPIVI. Según ha podido confirmar Demócrata, el anteproyecto ya ha pasado por la CGSEYS (Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios) y podría ser aprobado en primera vuelta en el Consejo de Ministros este martes.
Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia confirman a este medio que durante las últimas semanas se habían intensificado las negocaciones. Además, en una entrevista en Demócrata, la ministra de del ramo, Sira Rego, anticipó que se estaba trabajando en ella y que pronto pasaría por el Consejo de Ministros.
A su juicio, aunque la LOPIVI es relativamente reciente, pues data de 2021, tras unos años de evaluación han detectado que hay aspectos pendientes de pulir, otros ampliables y otros susceptibles de refuerzo. La reforma en la que están trabajando tiene por objeto blindar la prevención de las violencias contra la infancia y el acompañamiento y la reparación de los niños, niñas y adolescentes que las sufren.
La propuesta del ministerio eliminaría el límite de 12 años para que las personas menores de edad sean escuchadas de manera obligatoria en los procesos que les afecten. De igual forma, aseguró que se incluiría la asistencia jurídica propia para niños.
También, incluye una modificación del régimen de visitas. “Nos regimos por una orientación clara de que un maltratador no puede ser un buen padre y que hay procesos dramáticos en los que hay niños y niñas viviendo situaciones muy límite. Vemos que a veces son entregados al maltratador o al abusador, esto no puede ser, es inaceptable. Por tanto, lo que necesitamos es un instrumento que dé muchas garantías, de ahí la reforma de la LOPIVI”, explicó la propia Rego en la entrevista con este periódico.
Más protección
La reforma de la LOPIVI aspira a recoger las garantías para el derecho a la reparación de las personas menores de edad que han sido víctimas de violencia sexual, ya que "serán titulares plenos del Estatuto de la Víctima".
Del mismo modo, el texto propone la creación de una Comisión de Reconocimiento de víctimas de violencia sexual, principalmente por parte de instituciones públicas (como centros educativos o residencias) y privadas (como congregaciones religiosas, clubes deportivos o entidades sociales).
Por último, se regularía una formación obligatoria y especializada para todos los profesionales que trabajan con infancia (educación, sanidad, servicios sociales, justicia o Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado), con el fin de garantizar la detección precoz, una intervención adecuada, la comprensión del trauma o evitar la revictimización.