La coincidencia entre el inicio de la Presidencia Española del Consejo y las elecciones generales del 23 de julio ha provocado reacciones y decisiones de diverso tipo, que han ido desde el aplazamiento de la presentación de las prioridades del semestre ante el Parlamento Europeo hasta la preocupación por la buena gestión de España al frente de aquella institución comunitaria cuando se producirá necesariamente un cambio de gobierno, sea o no del mismo partido.
Conviene precisar que la labor del país que preside el Consejo consiste sobre todo en coordinar sus trabajos y representarlo ante las otras instituciones de la Unión y ante terceros. El Consejo es sobre todo una cámara legislativa que, en buena parte de los casos -aunque lamentablemente no en todos-, aprueba directivas y reglamentos en codecisión (procedimiento legislativo ordinario) con la Eurocámara. Lo que subraya en esa función su carácter colegiado, que se organiza en torno a debates públicos y toma de decisiones por mayoría cualificada si no se ha conseguido la unanimidad de los Estados miembro que lo componen. Así que no es quien lo preside quien decide lo que se hace, algo que corresponde al conjunto de sus miembros.
Conviene precisar que la labor del país que preside el Consejo consiste sobre todo en coordinar sus trabajos y representarlo ante las otras instituciones de la Unión
¿Reduce esto la importancia de presidirlo? No, pero sí acota el margen de maniobra de quien tiene en sus manos el semestre, porque el calendario de trabajos y el temario de asuntos a abordar viene definido por un sistema en el que la Comisión tiene la iniciativa legislativa en régimen de monopolio y el Parlamento Europeo y el Consejo como institución colectiva juegan un papel fundamental.
De hecho, el programa de la Presidencia semestral del Consejo se elabora por el país que la ejerce en estrecha cooperación con los Estados que junto a él forman el trío de presidencias (España, Bélgica y Hungría en nuestro caso), los otros veinticuatro Estados miembro, la Comisión y el Parlamento Europeo. Esto es, refleja una voluntad compartida por instituciones y países. Eso sí, también tiene un acento del Estado que preside y que proviene tanto de los intereses nacionales como del color de su gobierno. Por ejemplo, en una presidencia española es lógico encontrar un especial esfuerzo hacia América Latina (de ahí la Cumbre CELAC) y de un gobierno de izquierdas un particular empeño en la agenda social.
El programa de la Presidencia semestral del Consejo se elabora por el país que la ejerce en estrecha cooperación con los Estados que junto a él forman el trío de presidencias
Así que quién compondrá el Consejo de Ministros tras las elecciones generales reviste importancia, pero no hasta el punto de que un cambio de gabinete o de color político del mismo vaya a hacer descarrillar una presidencia que se prepara con gran detalle y mucha antelación, responde a un ordenamiento europeo de las decisiones y tiene como actor de continuidad la estructura funcionarial del estado. Algo que, sin embargo, no sería tan evidente si, independientemente del país que ejerce una presidencia semestral, se produce un giro brusco en la orientación de su gobierno hace posiciones antieuropeas: no podemos saber, pero sí intuir, por ejemplo, qué hubiera ocurrido en Francia durante su presidencia del Consejo de haber ganado en las urnas el Rassemblement National de la señora Le Pen.
Por eso es lógico que desde las instituciones de la UE y desde España se haya disipado toda preocupación sobre el buen desarrollo del semestre a causa de la convocatoria electoral anticipada. Por si acaso, además, se han tomado decisiones prudentes, pero no imprescindibles, como el retraso en la presentación de las prioridades en Estrasburgo.
He vivido directamente tres presidencias españolas del Consejo de las cuatro que ha protagonizado nuestro país hasta la fecha: dos como eurodiputado (1995 y 2002) y una (2010) como Embajador en Misión Especial situado operativamente en la Secretaría de Estado para la UE del Ministerio de Asuntos Exteriores. De esa experiencia he sacado una conclusión: nadie debe tratar de utilizar el semestre para el juego político diario, sino, al contrario, propiciar la unidad de criterio entre los partidos europeístas porque eso hará bien al papel de España y a una Unión Europea que afronta con determinación política la salida de la crisis económica y la guerra en Ucrania, pero con la preocupación de registrar el crecimiento de la ultraderecha en muchos países.
Se trata de un sencillo ejercicio de responsabilidad nada difícil de llevar a cabo.
SOBRE LA FIRMA Carlos Carnero González (Madrid, 1961) ha sido eurodiputado, miembro de la Convención que redactó la Constitución Europea, diputado a la Asamblea de Madrid, Embajador en Misión Especial y Director Gerente de la Fundación Alternativas.