Durante esta Legislatura estuvimos muy cerca de conseguir una mejora significativa de los incentivos fiscales al mecenazgo, pero la precipitada convocatoria de elecciones generales y la siguiente disolución de las Cortes nos dejó a las puertas de esa esperada y reivindicada reforma.
El mecenazgo es un instrumento fundamental para financiar y llevar a cabo aquellas actividades o servicios que son beneficiosos para el conjunto de la sociedad, pero que el sector privado o el público no llevan a cabo, ya sea por falta de rentabilidad o de recursos. Los ámbitos que suelen beneficiarse del mecenazgo son diversos como, por ejemplo, el bienestar, la educación, las ciencias, la salud, la cultura o el deporte, entre otros muchos. Así, su capacidad de alcanzar a sectores diversos es importante ya que mediante una potente regulación del mecenazgo se puede ayudar a amplios sectores de nuestra sociedad.
El mecenazgo es un instrumento fundamental para financiar y llevar a cabo aquellas actividades o servicios que son beneficiosos para el conjunto de la sociedad
En España la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo es la principal norma que regula el sector. A pesar de que ha sido modificada en varias ocasiones, son muchas las voces que reclaman desde hace años su necesaria mejora para equiparar esta figura a los niveles de otros países de nuestro entorno. En esta ocasión y por primera vez, un partido de la oposición -el mérito fue del PDeCAT– consiguió que se aprobara, en el Congreso y por una amplia mayoría, una Proposición de Ley para mejorar los incentivos fiscales al mecenazgo.
Dicha iniciativa obtuvo, no sin dificultades, el apoyo del Gobierno y, en especial, del Ministerio de Hacienda, lo que facilitó una transacción con el grupo socialista y permitió que el resto del arco parlamentario la votara favorablemente, excepto Vox que finalmente se abstuvo. Así pues, el pasado mes de mayo la proposición de Ley del PDeCAT entró ya en la fase final de la tramitación parlamentaria en el Senado, pero el Real Decreto 400/2023, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones, hizo que esa iniciativa caducara. Por lo tanto, lo que tan hábilmente había conseguido el partido impulsor de la reforma del mecenazgo decayó con el fin de la Legislatura, y así todo el trabajo realizado podría caer en saco roto.
Los agentes económicos y sociales deberían impulsar un gran pacto que contribuyera a fomentar una cultura del mecenazgo en España
No obstante, con tesón y voluntad hay maneras de recuperar las mejoras a los incentivos fiscales que prácticamente todos los grupos parlamentarios habían apoyado. Con sus votos favorables en el Congreso, los parlamentarios asumieron un compromiso firme con la necesidad de mejorar el régimen actual del mecenazgo por lo que recuperar ese amplio consenso no debería ser difícil. Nuestra cultura, deporte, investigación, tercer sector y sociedad en general necesitan un mecenazgo potente y los distintos grupos parlamentarios, con su voto favorable a la proposición así lo han reconocido. Por tanto, partiendo de ese reconocimiento, es una exigencia que todos ellos se comprometan a impulsar esa imprescindible reforma para que nuestro país se pueda poner al mismo nivel de otros países europeos.
Incluso me atrevería a proponer que, ante el amplio consenso conseguido en esa proposición de ley de incentivos fiscales al mecenazgo y ante la necesidad imperiosa de mejorar cuanto antes su regulación en nuestro país, estaría justificado por cuestiones de interés general que el Gobierno, a través de un Real Decreto-ley, recuperara esta reforma en los términos que se transaccionaron en el Congreso para que la Diputación Permanente debatiera su convalidación y la votara.
Pero más allá del compromiso político, los agentes económicos y sociales deberían impulsar, también, un gran pacto que contribuyera a fomentar una cultura del mecenazgo en España ya que, a diferencia de otros países, especialmente los anglosajones, aquí no ha arraigado esta forma de participar desde el sector privado en actividades y servicios beneficiosos para el bien común. Ese gran pacto contribuiría de algún modo a difundir el mecenazgo y ello, junto con una mejor regulación de los incentivos fiscales, ayudaría a fomentar esta figura en nuestro país.
SOBRE LA FIRMA Montse Surroca Comas es experta en Asuntos Públicos y consejera independiente. Fue diputada en el Congreso por CiU en las legislatura IX y X.