El Pleno del Parlamento de Canarias ha dado luz verde este miércoles al dictamen de la comisión de investigación que atribuye la responsabilidad política de los contratos sanitarios firmados durante la pandemia al expresidente regional, Ángel Víctor Torres, y a los máximos responsables de la sanidad canaria en la pasada legislatura, con el respaldo de CC, PP, Vox y AHI.
Los grupos del PSOE, NC-bc y ASG, socios en el anterior Ejecutivo del denominado 'Pacto de las Flores', han presentado un voto particular contrario al dictamen y, tras defender su posición, han abandonado el hemiciclo antes de la discusión final.
El presidente de la comisión de investigación y portavoz del Grupo Mixto, Raúl Acosta (AHI), ha reconocido la labor de todos los grupos, del personal de la Cámara y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, destacando que "lo más importante" del trabajo realizado es la formulación de propuestas para reforzar el sistema en el futuro.
Acosta ha reivindicado la "neutralidad e imparcialidad" con la que ha ejercido la presidencia de la comisión frente a los intentos de "desacreditar" su función, y ha incidido en que se han detectado "grietas" en la contratación pública durante la emergencia sanitaria. Fruto de ello, se han planteado en torno a una veintena de recomendaciones, entre las que figuran la aprobación de una norma específica para ordenar la contratación de emergencia, con requisitos mínimos de motivación, documentación, publicidad y criterios objetivos, así como una trazabilidad más rigurosa.
En este contexto, ha recalcado que "lo que no es de recibo que los canarios hoy hayan pagado millones de euros y no sepamos quién trajo una propuesta o por qué se contrató a quién", al tiempo que ha abogado por reformar el reglamento que regula el funcionamiento de las comisiones de investigación.
Ha denunciado la existencia de un "muro legal" que, según ha dicho, dificultó el acceso a información relevante, y ha remarcado que la responsabilidad política sobre la gestión de los contratos de emergencia recayó en el Gobierno autonómico y no puede "descargarse en exclusiva" sobre el personal técnico.
Por ello, el dictamen fija que la principal responsabilidad política corresponde al Ejecutivo canario y que esta es "especialmente intensa" en el caso del expresidente Ángel Víctor Torres, del exdirector del SCS, Antonio Olivera, y de los responsables de la Consejería de Sanidad, según ha precisado Acosta.
Desde ASG, Jesús Ramos ha defendido el voto particular y su oposición al dictamen, al considerar que las conclusiones se basan en "sospechas" y no en "hechos acreditados", y ha criticado que la Cámara se haya orientado a "construir relatos".
Ha subrayado la complejidad del escenario generado por la covid-19 y la "competencia feroz" entre países para hacerse con material sanitario, lo que obligó a recurrir a fórmulas excepcionales de contratación.
"No podemos analizar con la serenidad del 2026 decisiones que hubo que adoptar en cuestión de horas durante los momentos más críticos de una pandemia mundial", ha apuntado.
Ramos ha puesto en valor la actuación ante el primer contagio de covid-19 en La Gomera y la gestión de la cuarentena en el hotel de Adeje, insistiendo en que el sistema sanitario canario "respondió" y garantizó la atención a la ciudadanía, algo que, a su juicio, el dictamen pasa por alto.
ASG defiende que solo falló un contrato entre 1.400 expedientes
El diputado ha añadido que "no se puede construir un relato" a partir de las circunstancias de solo tres expedientes --Megalab, RR7 y Soluciones de Gestión-- de un total de 1.400 tramitados, y ha precisado que, en el caso de los cuatro millones de RR7, se activaron los mecanismos para recuperar el dinero.
Por su parte, Esther González (NC-bc) ha asegurado que el dictamen pretende "construir un relato con culpables previamente señalados" y "culpabilizar" a Torres, citando como ejemplo el protagonismo que se otorga a la exconsejera de Sanidad, Teresa Cruz, que únicamente estuvo 14 días al frente de la gestión de la pandemia.
Ha reprochado a los grupos impulsores del dictamen que hayan "borrado" el contexto de "presión enorme" que soportaron los gestores públicos ante un "virus desconocido" y ha cuestionado que las recomendaciones se centren en "más informes, más autorizaciones y más burocracia en la contratación de emergencia".
González ha denunciado la "manipulación" que, a su entender, supone responsabilizar a Torres y a dos exconsejeros de Sanidad de los contratos fallidos cuando la tramitación correspondió al SCS, y ha calificado de "injusto" convertir la "tragedia" de la pandemia en "confrontación política" y "un circo".
Fierro acusa a CC y PP de "chanchullerismo" y defiende la gestión en pandemia
Nira Fierro, presidenta del Grupo Socialista, ha acusado a CC y PP de haber creado "el caso Torres" en 2024 con "conclusiones escritas, mentiras e insinuaciones", marcando "una delgada línea entre la política y el chanchullerismo".
Ha coincidido con NC-bc en calificar de "circo" la comisión y ha reivindicado la gestión del Ejecutivo canario durante la crisis sanitaria, recordando que Canarias fue la comunidad con menor mortalidad, se realizaron cribados a todos los mayores en residencias, se implantaron test para visitantes y no hay ningún militante del PSOE imputado.
Fierro ha rechazado que existiera "opacidad" en la actuación del Gobierno y ha tildado de "invención" las referencias a los contratos de Megalab, subrayando además que las mascarillas de Soluciones de Gestión llegaron "en tiempo y forma", por lo que ha rechazado las "falsedades intencionadas" que, según ha dicho, han difundido CC y PP.
"Se hizo lo que se pudo y más en unas condiciones antes desconocidas, en un contexto complicado", ha afirmado, reprochando a los diputados y diputadas que, a su juicio, cargarán con el "peso de la conciencia" por recurrir a la "deshumanización de la política, la corta memoria, la banalización de la verdad y la utilización de la suposición".
El portavoz de Vox, Nicasio Galván, ha puesto el foco en la relación de Torres con las empresas vinculadas al 'caso Koldo' y en la "falta de criterio" en la adjudicación de contratos, y ha remarcado que el expresidente debió abandonar el cargo cuando salieron a la luz los audios contra la exdirectora económica del SCS --"me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica y o lo soluciona o la levanto para el aire"--.
"Torres debería dimitir por decencia si la tuviera", ha afirmado, recalcando que la comisión sí aprecia la existencia de responsabilidades políticas.
Desde el PP, Fernando Enseñat ha criticado que PSOE, NC-bc y ASG "se escondan y no den la cara" cuando el Supremo ya ha impuesto penas de prisión al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su asesor, Koldo García, y ha dado por "certeza" que fue Torres, junto a Antonio Olivera y Conrado Domínguez, quien "abrió la puerta" de Canarias a la trama de Soluciones de Gestión.
Enseñat ha asegurado que hubo contactos con la "trama corrupta" durante "meses y meses", ha censurado el "despropósito" del contrato con RR7 y ha mostrado su incomprensión ante la ausencia de auditorías y la permanencia de Conrado Domínguez al frente del SCS.
Ha acusado a Torres y a Olivera de "faltar a la verdad" en sede parlamentaria y ha reclamado igualmente su dimisión por haber "fallado a la honorabilidad" y ser, según ha dicho, una pieza más de la corrupción ligada al "sanchismo".
CC califica de "grotesco" el contrato de RR7 y denuncia trato de favor
La diputada de CC, Vidina Espino, ha sostenido que el Gobierno de Torres "favoreció" a determinadas empresas e "ignoró las advertencias de los funcionarios", y ha rechazado que Canarias, con casi 20 millones de euros, se situara entre las administraciones que más volumen de contratación realizaron con una "organización criminal" condenada por el Tribunal Supremo.
Ha asegurado que la contratación con Soluciones de Gestión "fue política" y contó con "intervención directa" de Torres para acelerar los pagos, y ha señalado que, una vez recibida la mercancía, "una de cada tres mascarillas no servía", por lo que se modificó el contrato para adaptarlo a las exigencias de la empresa, asumiendo un "sobrecoste perjudicial" para las arcas públicas.
Sobre el contrato de RR7, ha coincidido con la Fiscalía en que fue "grotesco" y ha considerado "inverosímil" que los miembros del Gobierno sostuvieran que "no sabían nada".
Espino ha recordado que el comité de gestión carecía de actas y funcionaba de forma "opaca y sin ningún control", y ha rechazado que el anterior Ejecutivo trate de derivar la responsabilidad de los contratos en la exdirectora económica del SCS, Ana María Pérez.