El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado este miércoles en las Cortes de Castilla y León una Proposición No de Ley (PNL) con la que reclama a la Junta que cualquier prueba para determinar la edad de menores migrantes no acompañados se ajuste de manera estricta a la doctrina del Tribunal Supremo, “con motivación individualizada y respeto al principio de proporcionalidad”.
En su iniciativa, los socialistas subrayan igualmente que es imprescindible evitar que estas pruebas se pidan de forma sistemática o indiscriminada, y exigen la elaboración y publicación de un protocolo claro y accesible que fije los criterios objetivos para recurrir a ellas solo cuando sea necesario.
La propuesta del PSOE incluye también que el Ejecutivo autonómico remita cada trimestre a las Cortes un informe detallado sobre las pruebas efectuadas, sus conclusiones, los costes generados y las autorizaciones judiciales o del Ministerio Fiscal que las hayan respaldado, así como que se forme de manera específica al personal encargado de la protección de menores en materia de interés superior del menor y jurisprudencia vigente.
La PNL se registra tras las manifestaciones realizadas el pasado lunes por el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, de Vox, quien confirmó que el Gobierno de Castilla y León seguirá la senda abierta en Extremadura y Aragón con la preparación de planes de retorno y repatriación de menores no acompañados y la verificación de su edad.
En paralelo, el Grupo Socialista ha cursado quince preguntas parlamentarias para que la Junta detalle cuántos casos reales de adultos tutelados como menores se han detectado en Castilla y León en los últimos cinco años, cuál será el coste de la medida anunciada por Pollán, qué aval científico tiene, qué garantías se ofrecerán a las personas afectadas y con qué competencias prevé el Ejecutivo autonómico ponerla en marcha.
La portavoz de Desregulación y Familia del Grupo Socialista, Carmen Iglesias, ha reclamado a la Junta que deje de utilizar a los menores migrantes como herramienta de confrontación política y ha instado expresamente al Gobierno de Castilla y León a respetar el Estado de Derecho.
Carmen Iglesias ha expresado su “profunda preocupación” ante la posibilidad de que unas pruebas que la Ley y la jurisprudencia contemplan “como absolutamente excepcionales” pasen ahora “en una práctica sistemática, indiscriminada y con fines políticos”.
La dirigente socialista ha recordado que la doctrina del Tribunal Supremo “es “clara y está plenamente consolidada” desde 2014 y contempla que un menor que disponga de un pasaporte o documentación oficial válida “no puede ser sometido a pruebas médicas de determinación de edad salvo que existan indicios concretos, razonados y debidamente motivados de que esa documentación no es fiable”.
Además, ha incidido en que el Alto Tribunal obliga a que cualquier decisión esté precedida de un juicio individualizado de proporcionalidad y ha precisado que la mera apariencia física no basta por sí sola para poner en duda la edad de un menor ni para someterle a exploraciones médicas.
“Estas garantías no son opcionales, constituyen una obligación legal derivada de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la protección reforzada que reconoce la Convención sobre los Derechos del Niño al interés superior del menor”, ha sostenido la socialista.
Iglesias ha reprochado a la Junta que no haya explicado todavía qué criterios objetivos justificarán las pruebas que pretende aplicar a los menores migrantes no acompañados, qué protocolo se seguirá ni qué salvaguardas jurídicas acompañarán su puesta en práctica. “Esa ausencia de concreción alimenta la preocupación de que la medida responda más a una estrategia política vinculada al debate sobre el reparto de menores que a una necesidad real acreditada por datos objetivos”, ha señalado.