Junts ha registrado este jueves ante el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) una petición de dictamen sobre la adecuación a la Constitución y al Estatut de la proposición de ley que modifica la ley de urbanismo para limitar las compras especulativas de vivienda. Se trata de una iniciativa impulsada por los Comuns y pactada con el Govern que estaba prevista para debatirse este mismo jueves en el Parlament.
La presentación de este recurso ante el CGE, al que se suma el que también ha formulado el PP, implica que se aplace el debate definitivo de la proposición de ley. El texto no podrá someterse a votación en el pleno del Parlament hasta que el órgano estatutario emita su dictamen no vinculante, para el que dispone de un plazo de un mes. En consecuencia, la tramitación no se reanudará en la Cámara catalana hasta el próximo periodo de sesiones, ya a finales de septiembre o en octubre.
En su escrito, Junts sostiene que la propuesta de los Comuns vulnera el derecho de propiedad reconocido en la Constitución, así como diversos principios del Estatut y de la Carta Magna relativos a la libertad de empresa, la libre circulación y establecimiento de personas y bienes, además del principio de seguridad jurídica.
El partido también defiende que la Generalitat no puede utilizar la normativa urbanística para regular materias propias del derecho civil, y considera inadecuado que la proposición se haya tramitado mediante el procedimiento de lectura única en el Parlament.
La iniciativa legislativa pretende acotar la adquisición de inmuebles en áreas de mercado residencial tensionado cuando el objetivo sea revenderlos a corto plazo o destinarlos a alquiler turístico o de temporada, permitiendo únicamente la compra para residencia habitual o para alquiler con precios limitados. La responsabilidad de aplicarla recaerá en los ayuntamientos.
El Govern y los Comuns habían pactado que la norma entrara en vigor antes de agosto, pero el recurso ante el CGE retrasa la votación final. Además, PSC-Units, ERC y los Comuns aún no han cerrado un acuerdo definitivo sobre las enmiendas al texto.