La “caja negra” del colapso y los audios del sistema: el PP apunta a fallos del Gobierno, REE y la CNMC en la crisis del 28 de abril de 2025
La propuesta de informe registrada por el Grupo Popular en la Comisión de Investigación del Senado sobre el apagón del 28 de abril de 2025 sitúa en el centro de su análisis lo que denomina la “caja negra del colapso”. Según sus autores, este bloque -basado en audios operativos, comunicaciones entre empresas eléctricas y el operador del sistema, y registros internos-permite reconstruir en tiempo real la evolución de la crisis eléctrica y evidencia, a su juicio, deficiencias acumuladas en la planificación, regulación y supervisión del sistema por parte del Gobierno, el operador Red Eléctrica de España y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
El documento parlamentario sostiene que el apagón no puede entenderse como un evento súbito o imprevisible, sino como el desenlace de una cadena de alertas técnicas conocidas por los operadores, sin que -según su interpretación- las instituciones competentes adoptaran medidas proporcionales de refuerzo, supervisión o corrección normativa.
Una secuencia de alertas en cadena en la “caja negra”
En este documento íntegro, al que ha tenido acceso Demócrata-, el Grupo Popular ordena cronológicamente las comunicaciones registradas en el sistema DCO de Iberdrola y Endesa durante la mañana del 28 de abril de 2025, lo que considera el núcleo probatorio de la llamada “caja negra del sistema”.
A las 00:47 horas, Endesa contacta con REE para solicitar la reducción de tensiones en la zona de Barcelona. Según el relato recogido en la propuesta del PP, el operador del sistema responde que los recursos disponibles eran ya limitados, con parte de la red de 220 kV fuera de servicio. Para los autores del informe, este primer intercambio revela restricciones operativas en la capacidad de control del sistema.
A las 09:54 horas, Iberdrola informa a REE tras recibir alertas de perturbaciones en la central nuclear de Almaraz. REE descarta incidencias en la red de transporte, aunque menciona una posible afección en la subestación de Pizarroso (Cáceres), lo que el informe interpreta como un indicio temprano de anomalía sistémica aún no diagnosticada.
A las 10:59 horas, Endesa comunica “enormes oscilaciones” de tensión. En la conversación, el operador de REE atribuye estas variaciones a la entrada y salida de generación fotovoltaica. El informe del PP sostiene que en este punto se evidencia una tensión estructural entre el modelo de generación renovable y la estabilidad del sistema eléctrico.
En ese contexto, los operadores llegan a mencionar la posibilidad de un “cero energético”, es decir, un apagón total, como riesgo asociado a la falta de inercia del sistema.
"Está jodida la cosa"
A las 11:31 horas, Iberdrola informa de nuevas oscilaciones en la central de Arcos, atribuidas por REE a la generación solar en Andalucía.
A las 12:13 horas, la central nuclear de Trillo comunica nuevas oscilaciones de tensión. El operador de REE relaciona el fenómeno con la fotovoltaica y la escasez de generación síncrona, en lo que el documento interpreta como la constatación de un problema estructural. En ese intercambio aparece la expresión fuera de protocolo: “Está jodida la cosa”.
A las 12:22 horas, REE contacta con Iberdrola para recabar información sobre Almaraz y los sistemas de regulación de tensión, lo que el informe interpreta como un cambio de posición del operador hacia una gestión más reactiva.
A las 12:26 horas, Iberdrola advierte de la posible desconexión automática de Almaraz si continúan las oscilaciones. REE solicita información sobre tiempos de arranque de generación de respaldo, lo que el documento considera una actuación de emergencia.
Finalmente, a las 12:32 horas, se produce el colapso del sistema. Según la transcripción recogida, el operador de REE reacciona con expresiones no protocolarias -“¡Nos estamos desconectando!”- antes de dar por concluida la comunicación. El informe lo identifica como el momento del apagón irreversible.
La responsabilidad institucional del sistema eléctrico
El Grupo Popular sostiene que esta secuencia constituye la “caja negra del colapso”, al reflejar que los operadores eran conscientes de la inestabilidad con anterioridad al apagón.
A partir de este material, la propuesta de informe extiende sus conclusiones al conjunto del sistema institucional.
En primer lugar, señala a REE por la insuficiencia de recursos de inercia y estabilización en un contexto de alta penetración renovable, así como por el conocimiento interno de un problema estructural que, según el documento, no se tradujo en medidas preventivas suficientes.
En segundo lugar, atribuye a la CNMC una falta de anticipación en la actualización de procedimientos y en la supervisión de los riesgos derivados del aumento de la generación fotovoltaica y de las sobretensiones, a partir de datos que —según el informe— eran públicos y accesibles.
En tercer lugar, el documento apunta al Gobierno por insuficiencias de planificación y supervisión del sistema eléctrico durante el proceso de transición energética, especialmente en lo relativo al refuerzo de la red, la generación síncrona y los mecanismos de estabilidad.
“Tenemos un cerro de fotovoltaica”: el diagnóstico sobre la inestabilidad del sistema
El informe incorpora audios previos al apagón que, según el Grupo Popular, refuerzan la tesis de que el problema era estructural.
En uno de ellos, fechado el 7 de abril de 2025, un operador advierte de la falta de inercia del sistema y de la posibilidad de un colapso inminente.
El 22 de abril, otro audio describe el sistema con la expresión: “tenemos un cerro de fotovoltaica”, en referencia al peso creciente de la generación solar.
El 28 de abril a las 11:47 horas se señala que las oscilaciones no eran un fenómeno puntual, sino recurrente durante semanas, lo que el informe interpreta como una señal adicional de inestabilidad estructural.
La declaración del secretario de Estado y la controversia sobre los “avisos previos”
En este contexto, la propuesta de informe incorpora la declaración del secretario de Estado de Energía, el Sr. Jorge Sanz Groizard, quien afirmó ante la Comisión de Investigación que no hubo “ningún aviso, ninguna advertencia, ninguna señal”.
Para la Comisión, según recoge el texto del Grupo Popular, esta afirmación resulta incompatible con la documentación acumulada: los audios entre operadores de Red Eléctrica de España y empresas eléctricas, los correos remitidos por REE al sector el 25 de abril, la tendencia estadística de sobretensiones -que habría aumentado un 367% en dos años- y los datos públicos del propio operador del sistema.
El documento sostiene que, si el secretario de Estado no disponía de esa información, ello implicaría o bien una falta de acceso, o una falta de búsqueda, o una falta de procesamiento institucional, lo que en cualquiera de los casos constituiría —según el informe— un fallo institucional de primera magnitud.
Otro bloque argumental añadido a la intervención del secretario de Estado incorpora una crítica directa a la gestión de la información por parte de los actores institucionales y corporativos implicados.
"La contradicción de Corredor"
Según la propuesta del informe, la negativa de Red Eléctrica de España / REDEIA a entregar sus registros completos de comunicaciones a la Comisión, combinada con la afirmación de la presidenta de la compañía, Beatriz Corredor, de que “los audios no cambian el relato técnico”, genera una contradicción institucional relevante, ya que, si los audios no alteran el análisis, el documento se pregunta por qué no fueron aportados cuando fueron requeridos formalmente.
El texto sostiene que la única interpretación coherente es que la propia compañía considera que dichos registros sí alteran el relato técnico y que ese efecto le resulta potencialmente perjudicial. En este sentido, los audios disponibles -procedentes de Iberdrola y Endesa- serían, según el informe, indicativos de la relevancia probatoria de la información no entregada.
Asimismo, el documento subraya que la afirmación de la presidenta de que REE entregó “toda la información posible” resulta, a juicio del Grupo Popular, difícilmente conciliable con la negativa previa a aportar registros completos, lo que configura -según el texto- una tensión institucional de especial gravedad, agravada por la dualidad de funciones entre la supervisión pública del sistema eléctrico y la participación accionarial del Estado a través de la SEPI.
El informe añade que la declaración de la ministra Sara Aagesen Muñoz, según la cual el apagón fue “multifactorial, inédito e impredecible”, no se sostiene frente a la documentación aportada.
La inestabilidad estructural del sistema
Los audios, testimonios y pruebas documentales -según el texto- acreditarían que la inestabilidad del sistema venía siendo advertida desde años anteriores. En particular, se recogen expresiones técnicas reiteradas: el 16 de abril de 2025 un operador atribuía el fenómeno a la baja presencia de nuclear en el sistema; el 26 de abril se reiteraba la atribución a la fotovoltaica; y el 28 de abril a las 11:47 horas se proyectaba el problema incluso durante el verano.
Para el informe, un evento descrito como estructural y estacional por los propios operadores no puede calificarse como impredecible, sino como una situación ya en desarrollo.
El texto también cuestiona la coherencia de esta posición con la defensa simultánea del PNIEC y su Anexo D, al considerar que si dicha planificación incorporaba una evaluación de seguridad sistémica adecuada, debería haber identificado los riesgos que los documentos internos de REE ya reflejaban.
El documento apunta a que esta discusión fue planteada ante la Comisión de Investigación de la interrupción del suministro eléctrico y de las telecomunicaciones del 28 y 29 de abril del Senado, subrayando la aparente incongruencia entre las declaraciones institucionales y los registros técnicos disponibles, especialmente teniendo en cuenta que la presidencia de la compañía operadora del sistema eléctrico ha sido ocupada por una exministra del Gobierno.
El fallo comunicativo de las instituciones
Además, añade el Grupo Popular en su documento, lo que esta Comisión ha acreditado es precisamente eso: que REE -organismo supervisado por el Ministerio y con participación accionarial pública a través de la SEPI-retuvo sus registros de comunicaciones del 28 de abril frente a un requerimiento formal de la Comisión de Investigación parlamentaria, mientras el Gobierno mantenía públicamente una narrativa de causas que sus propios organismos desmentían internamente. La combinación de ambas conductas —la narrativa infundada y la retención de la información que permitiría contrastarla— no es solo un fallo de transparencia en el sentido de la Ley 19/2013: es una vulneración -apunta este informe- del deber constitucional de objetividad de los poderes públicos que el Tribunal Constitucional ha reconocido como exigencia directamente derivada de los artículos 14 y 20 de la Constitución Española.
La Comisión colige en este punto, en consecuencia, que la conducta comunicativa de las instituciones implicadas no cumplió con el estándar constitucional de información neutral, objetiva y veraz exigible a los poderes públicos. Esa constatación no agota sus consecuencias en el ámbito político: sienta las bases para que los ciudadanos que sufrieron perjuicios como consecuencia de una desinformación institucional que retrasó durante meses la posibilidad de ejercer sus derechos de reclamación puedan invocar, ante los órganos jurisdiccionales competentes, la vulneración de sus derechos constitucionales como elemento agravante de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones implicadas.
Las recomendaciones del PP
Las recomendaciones del Grupo Popular en el Senado, incluidas en el informe de la Comisión de Investigación sobre el apagón del 28 de abril de 2025, plantean en primer término la necesidad de reforzar de forma inmediata la operación del sistema eléctrico bajo criterios de prudencia. El documento sostiene que, mientras no se completen las reformas estructurales y regulatorias, el sistema debe operar con márgenes de seguridad más amplios, especialmente en escenarios de alta penetración renovable y baja demanda. Este esquema reforzado se concibe como una medida transitoria, sujeta a fiscalización periódica, proporcionalidad y un calendario de finalización vinculado a la mejora efectiva de la estabilidad del sistema.
En el ámbito de la supervisión y la operación, el informe propone reforzar el control de la tensión en la red de transporte, revisar los umbrales de seguridad y actualizar los protocolos de actuación frente a oscilaciones y sobretensiones. También recomienda incorporar sistemas de alerta más avanzados que incluyan indicadores de volatilidad y variación rápida, así como reforzar la monitorización en tiempo real mediante tecnologías como las unidades de medición fasorial y la automatización de la gestión de la red. Asimismo, plantea una mayor integración de recursos de respuesta rápida, una redefinición de los protocolos de black-start y una mejora de la coordinación operativa para reducir la dependencia de decisiones manuales en situaciones críticas.
En el plano regulatorio, el documento subraya la necesidad de una revisión integral del marco normativo para adaptarlo a la configuración actual del sistema eléctrico. Entre las medidas propuestas se incluye la incorporación efectiva de la generación renovable al control dinámico de tensión, la revisión coordinada de los procedimientos de operación y la elaboración de un plan periódico de control de tensión con identificación de zonas de riesgo y recursos disponibles. El informe advierte de la falta de coherencia entre normas técnicas y prácticas operativas, y plantea además reforzar los medios del regulador energético para mejorar su capacidad de supervisión y anticipación.
Finalmente, en el ámbito de la política energética, las recomendaciones se centran en alinear el proceso de transición energética con las exigencias de seguridad de suministro. El texto propone revisar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Ley de Cambio Climático para situar la seguridad del sistema como elemento central de la planificación. Asimismo, plantea evitar el cierre irreversible de capacidad firme o síncrona, como la de las centrales nucleares, mientras no existan alternativas plenamente garantizadas, y reequilibrar los objetivos de descarbonización con criterios de estabilidad operativa, flexibilidad y disponibilidad territorial de recursos energéticos.