La Comisión de Investigación creada en Senado, para estudiar las razones del apagón del pasado año en el mes de abril, considera responsables del apagón a REE y Redeia, al Gobierno de España a través del MITECO y, aprecia una responsabilidad institucional relevante de la CNMC por su inacción regulatoria y supervisora.
Fuentes responsables de la Comisión trasladan a Demócrata que el apagón del 28 de abril no fue un accidente imprevisible, sino el desenlace de una fragilidad estructural conocida con antelación. A juicio de la Comisión, el sistema llegó a esa fecha con márgenes insuficientes, con una inestabilidad de tensión ya reiterada en semanas y meses previos, y sin que las instituciones llamadas a prevenir, supervisar y corregir el riesgo actuaran con la diligencia exigible.
Siga aquí la rueda de prensa de la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, donde responsabiliza directamente al Gobierno de Pedro Sánchez, exigiendo la dimisión de la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen y, el cese de la presidenta de la REE, Beatriz Corredor, a quienes ha llamado, "las señoras del apagón".
García ha señalado directamente a Red Eléctrica y al Ejecutivo de Pedro Sánchez, subrayando el contenido de los audios que demuestra que ya hubo avisos previos con problemas, tres meses atrás del apagón. Además, la portavoz del Grupo Popular ha afirmado que el Gobierno ha ponderado la ideología a la tecnología, no ha reconocido que la causa fue una sobretensión por la entrada de la energía fotovoltaica, tampoco activó los protocolos, que podrían haber evitado fallecimientos y, por otra parte ha creado un relato para culpar a terceros, eximiéndose así de sus responsabilidades.
Estas son las conclusiones más relevantes:
1) La Comisión descarta que el colapso respondiera a un fenómeno inevitable. Los problemas de tensión y la falta de recursos para absorberlos estaban identificados con antelación.
2) La Comisión vincula el colapso a una combinación persistente de alta penetración fotovoltaica, escasa inercia, oscilaciones de tensión, variaciones en intercambios internacionales y respuesta insuficiente.
3) La Comisión aprecia un fallo concatenado de operación, supervisión y tutela política. No sitúa el problema en una anomalía aislada, sino en la cadena completa de decisión pública y corporativa.
4) La Comisión entiende que, tras el apagón, se mantuvo una comunicación institucional insuficiente, sesgada o tardía, y que ello agravó la desprotección de ciudadanos y empresas.
5) La Comisión reclama una corrección integral: refuerzo operativo, actualización regulatoria, revisión de la política energética, rendición de cuentas y protección efectiva de consumidores e industria.
🔴 #PLENO | Miguel Tellado (@Mtelladof) carga contra Aagesen por el apagón en España y le atribuye la responsabilidad por sus consecuencias: "Ese apagón histórico, esas pérdidas millonarias, esas siete muertes, tienen una responsable y son usted"
— demócrata (@democrata_info) April 15, 2026
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Hechos acreditados que explican el colapso Marco factual
Los trabajos de la Comisión -señalan nuestras fuentes consultadas- han podido reconstruir el episodio a partir de audios, transcripciones, correos operativos, documentación técnica y comparecencias.
El hilo conductor -indican- es claro: el 28 de abril no inaugura el problema, sino que lo culmina. Se constantan antecedentes documentados ya el 31 de enero de 2025, cuando operadores de REE reconocen falta de recursos para controlar tensiones y atribuyen parte del problema a entradas bruscas de generación solar. Se subrayan especialmente los episodios del 7 de abril, en los que la propia red llega a describirse como “incontrolable”, con oscilaciones continuas y ausencia de grupos suficientes con inercia para estabilizar el sistema.
En este punto, la Comisión considera muy relevante el episodio del 16 de abril, en el que se relaciona de forma explícita la inestabilidad con la escasa generación nuclear o convencional disponible. Se acreditan además los incidentes del 22, 24 y 26 de abril, así como las llamadas de la madrugada y de la mañana del propio 28 de abril, como manifestaciones de una misma patología de fondo.
La Comisión también destaca un dato de tendencia que refuerza la tesis de previsibilidad: el fuerte aumento de episodios de sobretensión en años previos y el reconocimiento interno de que faltaban herramientas para afrontarlos.
Escalada del 28 de abril
La secuencia de la mañana del apagón refleja, a juicio de la Comisión, una agravación progresiva conocida en tiempo real por los operadores: alertas desde primera hora, oscilaciones crecientes, identificación expresa de la causa fotovoltaica, reconocimiento de que el sistema entero estaba en problemas, advertencia sobre una posible desconexión de Almaraz y, finalmente, colapso total sin margen real de reacción. Conclusión operativa de la Comisión.
Ha quedado acreditado para la Comisión que las condiciones sistémicas que hicieron posible el cero energético eran conocidas antes del colapso y que no se adoptaron medidas extraordinarias con la antelación suficiente.
Valoración institucional
La Comisión atribuye a REE la responsabilidad operativa directa porque era la entidad encargada de mantener la seguridad del sistema en tiempo real, disponer de los recursos técnicos, activar los protocolos y reaccionar ante la degradación progresiva del sistema.
En este sentido, La Comisión considera que REE conocía el riesgo con antelación y que, pese a ello, no impulsó ni desplegó a tiempo una respuesta suficiente en el plano preventivo, operativo y documental. La Comisión reprocha a Redeia un fallo de gobierno corporativo y de gestión del riesgo al entender que la matriz no puede desvincularse de una fragilidad estructural que afectaba al núcleo de actividad de su filial y que tenía reflejo incluso en la información de riesgos de la compañía.
Asimismo, la Comisión considera al Gobierno responsable del apagón por omisión en su deber de tutela, planificación y reacción ante señales de riesgo que, a su juicio, eran persistentes y suficientemente conocidas. La Comisión sitúa el núcleo de esa responsabilidad en la política energética y en la supervisión ministerial al entender que no basta con fijar objetivos de transición o de despliegue renovable: era exigible acompasarlos con seguridad operativa, fortaleza de red, capacidad síncrona, control de tensión y adaptación real del sistema.
La Comisión aprecia además una responsabilidad política agravada en la fase posterior al considerar que la comunicación pública no ofreció desde el inicio una explicación neutral, objetiva y plenamente veraz de lo ocurrido. 3.3. Además -añade el informe-, la Comisión no trata a la CNMC como un observador externo sino como una pieza integrante del andamiaje regulatorio cuya actuación insuficiente forma parte del fallo institucional del sistema.
La Comisión entiende que la CNMC conocía o debía conocer los riesgos estructurales y que no ejerció con la diligencia exigible sus competencias de actualización normativa, supervisión técnica e impulso corrector. De ahí que la Comisión reproche también a la CNMC su gestión posterior de la información y de las conclusiones públicas al considerar que la ciudadanía necesitaba un esclarecimiento completo y no un cierre parcial o diferido de responsabilidades.
Transparencia y desinformación institucional
Llegados a este punto, la Comisión sostiene en su informe que el apagón continuó en el terreno del relato público mediante una comunicación institucional que no ayudó a aclarar con rapidez el origen técnico del incidente e intentó situar las responsabilidades en terceros.
La Comisión considera especialmente grave la persistencia de la hipótesis del ciberataque cuando, a su juicio, los organismos implicados (especialmente el Gobierno) ya disponían o debían disponer de elementos suficientes para descartarla como causa real del colapso. Finalmente, la Comisión vincula la opacidad documental y la retención de información con un menoscabo de la rendición de cuentas democrática y con una dificultad añadida para que los afectados pudieran ejercer sus derechos de reclamación.