El gasto en defensa de España ha vuelto a convertirse en un foco de tensión política y diplomática, tanto dentro de la OTAN como en la relación con Estados Unidos. El Gobierno de Pedro Sánchez defiende que el país ha cumplido ya el objetivo del 2% del PIB en seguridad y defensa, una meta que durante años fue reclamada por la Alianza Atlántica y que España había tardado más que otros socios en alcanzar.
La discusión, sin embargo, ya no se limita a ese 2%. El nuevo debate gira en torno al objetivo del 5% del PIB planteado para 2035, una cifra que la Administración de Donald Trump exige a los aliados europeos con el argumento de que Estados Unidos ha asumido durante décadas una carga excesiva en la defensa colectiva. España se resiste a aceptar ese porcentaje como una obligación uniforme y sostiene que su aportación debe medirse también por capacidades militares, despliegues, apoyo operativo y prioridades estratégicas, no solo por una cifra presupuestaria.
Cuánto gasta España en defensa en 2026
Según los cálculos presentados por La Moncloa, España destina en 2026 35.419 millones de euros a seguridad y defensa. El Ejecutivo subraya que esa cantidad triplica en términos nominales los 11.172 millones de euros registrados en 2018 y sitúa al país como el séptimo aliado de la OTAN por volumen absoluto de inversión.
El Gobierno sostiene que España ha consolidado entre 2025 y 2026 una inversión equivalente al 2% del PIB, frente al 0,9% de 2018. Para Sánchez, ese incremento demuestra un esfuerzo extraordinario en un plazo relativamente corto, especialmente en un contexto en el que el Ejecutivo también quiere preservar gasto social, estabilidad presupuestaria e inversiones en otros ámbitos estratégicos.
La metodología de la OTAN
Uno de los puntos clave del debate es que no siempre coinciden las cifras nacionales con las estimaciones de la OTAN. La Alianza utiliza una metodología común para decidir qué partidas pueden computarse como gasto en defensa, mientras que cada país puede presentar sus propios presupuestos con una clasificación más amplia o más ajustada según su estructura administrativa.
Por eso, la discusión no es únicamente cuánto dinero dedica España a sus Fuerzas Armadas, sino qué gastos pueden incluirse dentro del concepto de seguridad y defensa. El Gobierno quiere que se tenga en cuenta una visión más amplia, que incorpore inversiones en ciberseguridad, infraestructuras críticas, resiliencia, industria tecnológica, apoyo a Ucrania y capacidades que contribuyen indirectamente a la seguridad colectiva.
La aportación operativa española
La Moncloa también insiste en que la contribución española no puede medirse solo por el porcentaje del PIB. España mantiene cerca de 3.000 militares en misiones vinculadas a la OTAN y participa en despliegues internacionales que forman parte de la estrategia de disuasión y defensa colectiva de la Alianza.
Además, el Gobierno destaca la incorporación española a las Fuerzas Terrestres Avanzadas desplegadas en Finlandia, una presencia especialmente relevante tras la ampliación de la OTAN hacia el norte de Europa y el refuerzo del flanco oriental frente a Rusia. Para el Ejecutivo, esos compromisos muestran que España no está al margen de la seguridad aliada, aunque rechace asumir sin matices el nuevo umbral del 5%.
Qué significa el objetivo del 5%
El objetivo del 5% del PIB aprobado por los aliados para 2035 se divide en dos grandes bloques. El primero, equivalente al 3,5%, estaría destinado a necesidades militares básicas, como personal, armamento, munición, capacidades de defensa, modernización de equipos, sistemas de mando, inteligencia, vigilancia y preparación operativa.
El segundo bloque, de hasta el 1,5%, podría orientarse a inversiones relacionadas con la seguridad en sentido amplio, como infraestructuras críticas, ciberseguridad, resiliencia energética, protección de comunicaciones, movilidad militar o refuerzo de sectores estratégicos. Esa división busca responder a una realidad nueva: la defensa ya no se limita a tanques, aviones o buques, sino que incluye redes eléctricas, cables submarinos, satélites, sistemas digitales, capacidad industrial y protección frente a ataques híbridos.
Por qué España rechaza llegar automáticamente al 5%
Pedro Sánchez sostiene que España puede cumplir los objetivos militares asignados por la OTAN sin elevar automáticamente el gasto hasta el 5% del PIB. La posición del Gobierno es que aplicar el mismo porcentaje a todos los aliados no tiene en cuenta las diferencias de tamaño económico, estructura presupuestaria, posición geográfica, necesidades estratégicas y capacidades ya existentes en cada país.
La Moncloa calcula que alcanzar ese umbral obligaría a movilizar hasta 780.000 millones de euros durante una década, una cantidad que el Ejecutivo considera incompatible con una política presupuestaria equilibrada si se aplica de forma rígida. La prioridad española, según el Gobierno, debe ser invertir mejor, reforzar capacidades concretas, impulsar la industria europea de defensa y evitar que el incremento militar erosione partidas sociales o comprometa la sostenibilidad fiscal.
Sánchez defiende gastar mejor, no solo gastar más
El mensaje del Gobierno es que el debate no puede reducirse a una carrera de porcentajes. Sánchez defiende que la OTAN debe identificar primero qué capacidades necesita cada aliado y después ajustar las inversiones a esas necesidades, en lugar de exigir una cifra idéntica para todos los países.
Esa posición intenta combinar tres objetivos: mantener la credibilidad de España dentro de la Alianza, responder a las nuevas amenazas de seguridad y evitar que el aumento del gasto militar se convierta en una presión permanente sobre el Estado del bienestar. Para el Ejecutivo, el esfuerzo debe centrarse en capacidades útiles, industria nacional y europea, tecnología, interoperabilidad y preparación real de las Fuerzas Armadas.
Qué exige Trump a España
Donald Trump ha convertido el reparto del gasto militar en una de sus principales exigencias a los socios europeos. Su Administración sostiene que Estados Unidos ha soportado durante décadas una parte desproporcionada del coste de la defensa occidental y que Europa debe asumir una mayor responsabilidad presupuestaria, industrial y militar.
En ese contexto, España se ha convertido en uno de los países señalados por rechazar el objetivo del 5%. Trump presiona para que todos los aliados avancen hacia esa cifra y ha dirigido críticas específicas a Madrid por resistirse a un compromiso que Washington considera necesario para equilibrar la carga dentro de la Alianza.
La respuesta de Madrid
España responde que su contribución no puede evaluarse únicamente con una regla contable. El Gobierno menciona la participación en misiones internacionales, el apoyo a Ucrania, el despliegue de tropas, la presencia en flancos sensibles de la OTAN y el cumplimiento de los objetivos de capacidad establecidos por la Alianza.
La posición española no niega la necesidad de aumentar la inversión en seguridad, pero rechaza que el 5% sea el único indicador válido de compromiso. Madrid quiere una interpretación más flexible, basada en capacidades reales y en aportaciones concretas, frente a la presión estadounidense para convertir el porcentaje en una vara de medir política.
Puede España quedar fuera de la OTAN
El desacuerdo sobre el gasto no implica que España vaya a salir de la OTAN ni que exista un mecanismo automático para expulsarla por no alcanzar el 5%. España sigue formando parte de la planificación militar, de las decisiones políticas y de las misiones de la Alianza, y mantiene su compromiso con la defensa colectiva recogida en el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte.
La tensión se sitúa en otro plano: el ritmo, el volumen y la forma del aumento presupuestario. España acepta reforzar la defensa, pero quiere hacerlo sin asumir como obligación automática una cifra que considera excesiva y poco adaptada a su situación. El debate seguirá abierto hasta 2035, fecha marcada por la OTAN para alcanzar el nuevo objetivo.
Una disputa sobre dinero, poder y prioridades
El choque entre España, la OTAN y la Administración Trump no es solo una discusión presupuestaria. También es una disputa sobre el papel de Europa en su propia defensa, sobre la dependencia estratégica de Estados Unidos y sobre el equilibrio entre seguridad militar, gasto social y estabilidad fiscal.
España defiende que ya ha hecho un esfuerzo histórico al pasar del 0,9% al 2% del PIB y que su aportación debe valorarse en función de lo que realmente aporta a la seguridad aliada. Trump, en cambio, exige un salto mucho mayor y quiere que los socios europeos asuman una carga que Washington considera atrasada desde hace años.
La pregunta que queda abierta no es si España gastará más en defensa, sino cuánto, a qué ritmo y bajo qué criterios. Ese será uno de los grandes debates políticos de la próxima década dentro de la OTAN.