El nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha confirmado la entrada de su país en el denominado Escudo de las Américas, una iniciativa promovida por la Administración de Donald Trump para reforzar la cooperación militar y de inteligencia contra los cárteles de la droga y otras organizaciones criminales transnacionales.
La incorporación supone un giro profundo respecto a la política exterior del anterior mandatario colombiano, Gustavo Petro, y devuelve a Colombia al núcleo de los aliados estratégicos de Estados Unidos en América Latina. De la Espriella anunció en su discurso de investidura, celebrado el 7 de agosto en Cali, que una de sus primeras decisiones sería suscribir este acuerdo.
Colombia es, por tanto, el último país que ha anunciado formalmente su adhesión a la iniciativa, aunque el Gobierno estadounidense todavía no ha publicado una lista consolidada en la que figura junto a los doce miembros políticos originales. El nuevo mandatario ya había adelantado en junio que Colombia ingresaría en el bloque en cuanto tomase posesión y ha propuesto que la sede operativa colombiana se instale en Medellín.
El anuncio coincide con la promesa de Washington de movilizar 1.000 millones de dólares en asistencia de seguridad para Colombia, dentro de la nueva ofensiva de De la Espriella contra los grupos armados, el narcotráfico y los cultivos de coca.
Qué es el Escudo de las Américas
El Escudo de las Américas, denominado oficialmente en inglés Shield of the Americas, es una plataforma de cooperación política, militar y de seguridad liderada por Estados Unidos. Su instrumento operativo es la Coalición Anticárteles de las Américas, creada para coordinar las actuaciones de los países participantes contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Su origen inmediato se encuentra en la Conferencia Anticárteles de las Américas, celebrada los días 4 y 5 de marzo de 2026 en Florida bajo la dirección del Pentágono y del Comando Sur estadounidense. Representantes de 17 países latinoamericanos y caribeños firmaron entonces una declaración conjunta.
El documento se comprometía a reforzar el intercambio de información, mejorar la interoperabilidad de las fuerzas de seguridad, proteger las infraestructuras estratégicas y formar una coalición contra el “narcoterrorismo” y otras amenazas regionales. La declaración subrayaba formalmente el respeto a la soberanía y a la legislación de cada Estado, pero no establecía una organización internacional con tratado constitutivo, secretaría permanente u obligaciones de defensa mutua. El texto oficial puede consultarse en el Departamento de Defensa estadounidense.
Dos días después, el 7 de marzo, Trump reunió en su complejo de Doral, en Florida, a doce mandatarios latinoamericanos y caribeños. Allí lanzó políticamente el Escudo de las Américas y presentó la lucha contra los cárteles como una campaña de carácter militar, comparable en su planteamiento a la ofensiva internacional contra organizaciones terroristas.
La iniciativa cuenta además con una enviada especial, Kristi Noem, encargada de coordinar las relaciones entre Washington y los países participantes.
Qué países forman parte del Escudo de las Américas
Conviene distinguir entre los países que integraron el núcleo político de la cumbre presidencial y el grupo más amplio que firmó la declaración de seguridad.
Los doce integrantes latinoamericanos y caribeños reconocidos por el Departamento de Estado como miembros del Escudo de las Américas son: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago,
A ellos se suma Estados Unidos, impulsor y principal sostén militar de la alianza. Esta relación de doce países fue reiterada por Washington en los comunicados conjuntos publicados durante mayo y junio. El Departamento de Estado recoge la lista oficial.
En la conferencia militar previa participaron también Bahamas, Belice, Guatemala, Jamaica y Perú. Estos países suscribieron la declaración anticárteles, aunque no figuraron en la lista posterior de doce miembros políticos del Escudo.
Perú ha expresado su intención de profundizar su incorporación, pero ya formó parte del compromiso de seguridad inicial. Ahora, la novedad de agosto es Colombia.
Los objetivos: cárteles, migración y presencia china
La lucha contra los cárteles constituye la justificación central del proyecto. La Administración Trump considera que las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, armas y personas han dejado de ser únicamente un problema policial y deben ser tratadas como amenazas terroristas susceptibles de recibir una respuesta militar.
El Escudo plantea compartir inteligencia sobre dirigentes, infraestructuras y finanzas de los cárteles; coordinar operaciones entre fuerzas militares y policiales; reforzar el control de fronteras, puertos, aeropuertos y rutas marítimas; facilitar entrenamiento, equipamiento y asistencia estadounidense; proteger infraestructuras críticas frente al crimen organizado; combatir el tráfico de drogas, armas y personas y reducir los flujos migratorios irregulares hacia Estados Unidos.
Pero la iniciativa posee una segunda dimensión geopolítica. Washington pretende también recuperar influencia en América Latina y frenar la expansión de China en sectores como los puertos, las telecomunicaciones, la energía, las materias primas y las infraestructuras estratégicas.
El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington interpretó la cumbre como una oportunidad para articular una estrategia más amplia contra la presencia china en el hemisferio. El Escudo serviría así para premiar con cooperación económica, inteligencia y material militar a los gobiernos considerados fiables por la Casa Blanca. CSIS analizó esa vertiente estratégica antes de la cumbre.
Una alianza marcada por la afinidad ideológica
La selección inicial de participantes convirtió al Escudo en algo más que una plataforma de seguridad. La mayoría de sus integrantes están dirigidos por gobiernos conservadores o abiertamente alineados con Trump.
Entre sus principales defensores se encuentran Javier Milei, Nayib Bukele, Daniel Noboa y Santiago Peña. También participó José Antonio Kast, inicialmente como presidente electo de Chile y posteriormente como representante del país.
Esta composición alimentó la percepción de que Trump estaba creando una especie de “internacional de la derecha” americana, paralela a los foros regionales donde conviven gobiernos de distintas orientaciones, como la Organización de Estados Americanos o la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
El centro de análisis Chatham House considera que esa homogeneidad política constituye una de las principales debilidades del proyecto. Si la continuidad del Escudo depende de que sus miembros mantengan gobiernos ideológicamente próximos a Trump, los cambios electorales podrían deshacer la coalición o limitar el intercambio de inteligencia.
Chatham House advierte de la fragilidad de una alianza demasiado ideologizada.
México y Brasil, las grandes ausencias
Las ausencias más relevantes son México y Brasil, las dos mayores economías de América Latina. Tampoco estuvieron en el lanzamiento Canadá, Cuba, Nicaragua, Venezuela ni la Colombia entonces gobernada por Petro.
La posición de México resulta especialmente delicada. Trump identifica a los cárteles mexicanos como una de las principales amenazas para la seguridad estadounidense, pero el Gobierno de Claudia Sheinbaum rechaza que Washington pueda realizar operaciones militares unilateralmente en territorio mexicano.
Esta divergencia reduce la eficacia potencial del Escudo: una coalición contra los cárteles difícilmente puede controlar las principales redes continentales sin una cooperación plena con México, origen o punto de tránsito de buena parte de las rutas que llegan a Estados Unidos.
Brasil, por su parte, ha mantenido una estrategia basada en la autonomía regional, la cooperación multilateral y el rechazo a una nueva subordinación militar a Washington. La exclusión brasileña también limita la capacidad del bloque para actuar sobre la Amazonia, el Atlántico Sur y las fronteras con casi todos los países sudamericanos.
Trump sostuvo después que México, Brasil y Colombia habían sido invitados y decidieron no acudir. Sin embargo, diversos medios y analistas interpretaron la composición de la cumbre como una selección deliberada de gobiernos políticamente próximos a la Casa Blanca.
Las críticas: militarización y soberanía nacional
Los detractores del Escudo temen que la lucha contra el narcotráfico sirva para ampliar la capacidad de intervención militar de Estados Unidos en América Latina.
Washington ha afirmado que las fuerzas policiales convencionales no bastan para derrotar a los cárteles. En la conferencia fundacional, altos cargos estadounidenses defendieron el empleo de poder militar y advirtieron de que Estados Unidos podría actuar por su cuenta cuando considerase amenazada su seguridad. Reuters informó del giro hacia una respuesta abiertamente militar.
Las principales objeciones son: el riesgo de sustituir investigaciones judiciales por operaciones militares; la posibilidad de ataques estadounidenses sin autorización clara del país afectado; el debilitamiento del control civil sobre las fuerzas armadas; las eventuales violaciones de derechos humanos; la dependencia de los países miembros respecto al armamento y la inteligencia de Washington; también la utilización de la lucha antidroga para contener a China o presionar a gobiernos no alineados.
También existe una crítica histórica. La estrategia recuerda a anteriores campañas antidroga patrocinadas por Estados Unidos, incluido el Plan Colombia, que mejoraron determinadas capacidades estatales pero no eliminaron la producción ni el comercio internacional de cocaína. La presión sobre una ruta o una organización suele provocar su desplazamiento hacia otros territorios, el denominado “efecto globo”.
Colombia devuelve al Escudo su principal socio antidroga
La adhesión colombiana tiene un valor especial para Trump. Colombia posee unas Fuerzas Armadas experimentadas, décadas de cooperación con Estados Unidos y una posición estratégica entre el Caribe, el Pacífico, Centroamérica, Venezuela y la región andina.
De la Espriella ha vinculado su ingreso al Escudo con el final de la política de negociación de Petro, la reanudación de una ofensiva contra los grupos armados y la recuperación de la fumigación aérea de cultivos de coca. Su Gobierno quiere presentar a Colombia como el principal centro operativo de la lucha continental contra el narcotráfico.
El futuro de la alianza dependerá de si consigue transformarse en un mecanismo estable de cooperación o queda reducido a un bloque político sometido a los cambios electorales de la región.