Cuestión de prioridades: ¿qué propuestas de leyes defienden los grupos en el Pleno cuando tienen ocasión?

Aunque no hay cuotas a la hora de registrar proposiciones de ley, las ocasiones para defender un texto en el Pleno son limitadas. Analizamos las 63 iniciativas sometidas a toma en consideración para conocer la agenda legislativa por partidos en lo que va de legislatura

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La proposición de ley (PL) es la vía que tienen los grupos parlamentarios o diputados y senadores para intentar que un texto llegue a ser ley. Su registro es gratis y no hay límites por bancada a la hora de presentar estas iniciativas: se pueden registrar tantas PLs como se desee. No obstante, no hay «barra libre» legislativa. Aunque un grupo tenga decenas de propuestas en la recámara, las ocasiones para hacerlas avanzar estás acotadas por un sistema de cupos. Es ahí, cuando un partido tiene cupo en una sesión plenaria, cuando toca decidir qué PL se defienden realmente y cuáles se quedan no dejan de ser una mera declaración de intenciones.

En lo que va de legislatura se han llevado a un pleno para su toma en consideración (el debate en el que se decide si un texto continúa o no su tramitación) 44 proposiciones de ley en el Congreso y otras 17 en el Senado, según se desprende del análisis de Demócrata de los casi dos centenares (197) de PLs registradas y calificadas por las Cortes desde agosto de 2023.

Ya sea por motivos de oportunidad política, de viabilidad de las propuestas o por mero interés de un partido a la hora de intentar marcar el debate público, estas han sido hasta el momento las prioridades legislativas de cada grupo, según el uso hecho de su cupo. Para cada proposición de ley se indica el resultado del trámite de toma en consideración: RECHAZADA(si obtuvo más noes que síes en la votación) y por lo tanto acabó su tramitación o CONSIDERADA(si obtuvo más apoyos que votos contrarios) y han seguido adelante.

PP: Justicia, política exterior y ley electoral en el Congreso…

Justicia, Interior, política exterior y legislación electoral son las áreas que han centrado la agenda del Grupo Popular en el Congreso. Así, modificaciones de la Ley del Poder Judicial, del Código Penal o de los funcionarios de prisiones han ocupado más de la mitad de la batería de textos defendidos en el Pleno de la Cámara Baja por los populares.

La lucha contra el enaltecimiento del terrorismo o la colaboración en el esclarecimiento de crímenes para acogerse a beneficios penitenciarios; el agravamiento de los tipos en caso de reincidencia en delitos de hurto y estafa; la acción contra los conocidos como activistas climáticos; el aumento de competencias para la Audiencia Nacional en casos de organización criminal de narcotráfico o tráfico de personas; la reforma del CGPJ y de la elección del Fiscal General del Estado (esta junto al Grupo Socialista) o la consideración de agentes de autoridad de los funcionarios de prisiones han sido objeto de PLs con la firma del PP en el Congreso.

En materia de política exterior, el control previo en el Congreso de los Consejos Europeos y del envío de tropas o material bélico al extranjero son las dos propuestas del PP, ambas con apoyos suficientes para continuar su tramitación.

Los dos intentos de reformar la Ley Orgánica de Régimen Electoral acabaron en sendos fracasos: el primero, para obligar a que todos los integrantes de una candidatura las elecciones al parlamento europeo figuraran en las papeletas; el otro, para que condenados por terrorismo tuvieran que registrar formalmente su rechazo a la violencia como requisito para poder ser candidatos electorales.

La rebaja de la protección del lobo, una ley para la atención de los pacientes de ELA y sus familiares o el blindaje de las federaciones deportivas nacionales en eventos y competiciones internacionales completan la acción legislativa del PP en el Congreso hasta el momento.

...Y rodillo en el Senado

La mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta ha tenido un doble efecto en términos de iniciativas legislativas iniciadas en el Senado en esta legislatura. Por un lado, el Grupo Popular dispone de un cupo que le permite llevar textos prácticamente en cada sesión plenaria en la que se debaten proposiciones de ley de grupos. Por el otro, ha desincentivado la acción del resto de grupos, sabedores de que salvo que la PL resulte atractiva para los populares, la propuesta está condenada de antemano.

De las 53 PLs registradas y calificadas en el Senado, más del 80% son del Grupo Popular (44). Hasta finales de 2024 se han llevado al Pleno 17 textos: todos del PP, salvo uno de Izquierdas por la Independencia (ERC y EH Bildu) y otro de Junts.

De esta forma, el PP ha elevado al Congreso tras su toma en consideración por el Senado un total de 15 PLs, algunas de ellas duplicadas con respecto a las registradas y defendidas por el Grupo Popular en la Cámara Baja. Ese es el caso de las propuestas sobre el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de autoridad, la delimitación de competencias de la Audiencia Nacional en la lucha contra el narcotráfico, la protección de patrimonio histórico o el envío de ayuda militar al extranjero.

PSOE: Justicia, Interior, Consumo y derechos sociales

Aunque los partidos en el Gobierno tienen otro tipo de iniciativas legislativas a su alcance —los proyectos de ley, que se registran en nombre del Ejecutivo y no deben pasar por el trámite inicial de toma en consideración—, los grupos Socialista y de Sumar también disponen de cupo parlamentario y hacen uso del mismo. Entre los beneficios de usar una figura y no otra se encuentra el hecho de que la tramitación vía proposición de ley suele ser más ágil, por cuanto no exige el pronunciamiento previo vía informes de los órganos cualificados para ello, como puede ser el caso del Consejo de Estado o del CGPJ.

En lo que va de la XV Legislatura, los socialistas han utilizado las PL en solitario o firmando junto a otras formaciones en una docena de veces, todas ellas en el Congreso. Sin embargo, la fragmentación actual de la Cámara y la mayoría de escaños de la parte derecha del hemiciclo han frustrado las expectativas del Grupo Socialista en más de una ocasión.

En materia de Justicia, la legislatura arrancó con el registro en solitario de la conocida como Ley de Amnistía, requisito de las formaciones catalanas en el Congreso para apoyar una investidura de Pedro Sánchez. La siguiente PL de carácter judicial se encontró con el 'No' de la mayoría del pleno: la de prohibición del proxenetismo. Sí obtuvo luz verde la reforma del CGPJ y el Ministerio Fiscal acordada con el PP, así como la propuesta para poder disolver asociaciones, con la vista puesta en la Fundación Francisco Franco.


En el ámbito de Interior, el Grupo Socialista ha pretendido modificaciones en el régimen de tratamiento de migrantes, en especial los menores no acompañados; una propuesta propia, posterior a la del PP, para el reconocimiento de agentes de autoridad de los funcionarios de prisiones; y la reforma de la conocida popularmente como Ley 'Mordaza', pactada con Sumar, EH Bildu y PNV.

Por el lado de los derechos de los consumidores, el Grupo Socialista ha llevado al Pleno un texto para modificar la información disponible sobre mecanismos de arbitraje que compañías de electricidad y gas ofrecen en sus sitios web y facturas, así como la prevención de prácticas de reduflación (reducción de cantidades manteniendo precios).

Por último, en materia de derechos sociales, una alternativa de Ley ELA (tras las del PP y Junts), así como una PL para derechos de donantes en vida o sobre indicaciones, también en vida, sobre asistencia sanitaria han completado la agenda legislativa del PSOE en el Congreso.

Vox: el único grupo con pleno de rechazos

El Grupo Parlamentario Vox ha hecho uso de su cupo en siete ocasiones. Se trata de la única bancada que no ha conseguido en esta legislatura que al menos una de sus propuestas sea tomada en consideración.

Sobre la modificación del sistema de Justicia o del Código Penal han tratado algunas de las PLs de Vox. En ese sentido llevaron a debate hasta finales del año pasado textos para la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad para proposiciones o proyectos de leyes orgánicas, la reforma de la ley del CGPJ para que los jueces y magistrados elijan a 12 de sus miembros, la ilegalización de partidos independentistas así como la recuperación del delito de de referéndum ilegal o el agravamiento de las penas por delitos de naturaleza sexual.

En materia migratoria, los de Santiago Abascal defendieron la denegación de prestación por desempleo a menores tras cumplir condena en un centro de internamiento si no tienen nacionalidad española o la modificación de los criterios por los que se puede adquirir la nacionalidad española.

Por último, una PL para garantizar el cumplimiento de la interoperabilidad de tarjetas sanitarias en todo el territorio nacional, así como para que toda la información de las historias clínicas se encuentre en castellano ha completado la agenda legislativa de Vox.

Sumar: Justicia, libertades civiles y vivienda

Hasta tres de las siete PLs llevadas al Pleno del Congreso por el Grupo Plurinacional de Sumar han versado sobre vivienda. El primer intento, en solitario, por regular los alquileres de temporada y de habitaciones resultó fallido, por la oposición de PP, Vox y Junts a la propuesta. Más reciente, en diciembre, un segundo texto firmado junto a ERC, EH Bildu y Podemos sí contó con el visto bueno de la Cámara Baja. También fue tomada en consideración la iniciativa sobre hipotecas REDAL.

La modificación del Código Penal para eliminar ciertos delitos relativos a la libertad de de expresión, como el de ofensas religiosas, calumnias e injurias a la Corona o enaltecimiento del terrorismo, así como el texto conjunto con otras formaciones para la reforma de la conocida como "Ley Mordaza" son las dos propuestas de Sumar en materia de libertades civiles.

Por último, en clave de Derechos Humanos, dos PLs más: una conjunta con el PSOE y Coalición Canaria para el tratamiento y acogida de migrantes, en especial los menores no acompañados, y otras para proteger la jurisdicción universal en España.

ERC: Vivienda, deporte y producción agraria

Además de la ley para controlar los alquileres de temporada registrada junto a otras formaciones, la izquierda independentista catalana ha priorizado un texto para controlar los precios en la cadena alimentaria y evitar las ventas a pérdidas, así como otro para que los deportistas no estén obligados a acudir siempre que son convocados por las federaciones o selecciones nacionales.

Junts: Seguridad ciudadana y ELA

En las filas del Grupo Junts per Catalunya la Justicia también ha tenido un espacio destacado. Más allá de la influencia que han podido tener a la hora de modelar textos como la Ley de Amnistía o proyectos de ley presentados por el Gobierno, la formación de Puigdemont ha defendido iniciativas propias como una reforma del Código penal y la Ley de Enjuiciamiento. ¿El objetivo? Aumentar las penas en caso de hurto e introducir la agravante de multirreincidencia, una medida que coincide en el tiempo con el auge en Cataluña de la formación Alliança Catalana, apoyada en un discurso antiinmigración.

La otra PL, también tomada en consideración, fue la segunda para pacientes de ELA de la legislatura, tras la presentada por el PP. La proposición acabaría refundida junto a la de los populares y una tercera propuesta, del PSOE, para alumbrar la Proposición de Ley para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible, a iniciativa de la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso, que sería finalmente aprobada en octubre del año pasado.

En el Senado, Junts ha sido la única formación, además del PP, en conseguir que uno de sus textos sea tomado en consideración. En concreto, la propuesta para reducir al 4% el IVA de los servicios de atención a la dependencia que no estén exentos de dicho impuesto. La iniciativa contó con el apoyo del PP, PNV, Vox, Agrupación Herreña Independiente, y el BNG.

PNV: Secretos oficiales y CNI

Una legislatura más, los nacionalistas vascos del PNV han reservado su primero cupo a defender una reforma de la Ley que regula los secretos oficiales. Esta es una vieja pretensión del Grupo Vasco, que la ha sometido a toma en consideración por cuarta legislatura seguida. La PL ha seguido adelante, como en otras ocasiones, pero permanece atascada en comisión, en fase de enmiendas.

El control del CNI ha centrado la otra proposición del PNV. Para que la persona directora del CNI (con rango de secretaría de Estado) sea nombrada por el presidente del Gobierno, que la Comisión de Gastos Reservados pueda conocer de los medios por los que se producen las actuaciones del CNI autorizadas judicialmente o que sea una sala colegiada de tres magistrados del Supremo quienes decidan, por unanimidad, sobre las actuaciones del centro. Por último, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, de firma conjunta con PSOE, Sumar y EH Bildu.

EH Bildu: siempre acompañados

Desde la bancada de EH Bildu no se ha registrado ningún texto con la firma del grupo en solitario. Como ya se ha indicado antes, la izquierda abertzale es coautora de las PLs

En el Senado, también de forma conjunta, con ERC (ambas formaciones integran el Grupo Izquierdas por la Independencia), defendieron una equiparación de las familias monoparentales a las familias numerosas a efectos de las bonificaciones en el Impuesto municipal sobre Bienes Inmuebles. La PL fue rechazada al contar con los únicos apoyos de PNV, Junts, la Agrupación Herreña Independiente, BNG, Más Madrid, Compromís y la Agrupación Socialista Gomera.

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