La misión casi imposible de legislar desde la oposición: solo tres proposiciones de ley aprobadas esta legislatura

Dos textos de Ciudadanos sobre derechos de personas discapacitadas y otra del Grupo de la Izquierda Confederal sobre tribunales del agua, las únicas proposiciones de ley de grupos parlamentarios que han llegado al BOE esta legislatura

Imagen de archivo del hemiciclo del Congreso de los Diputados.

Legislar desde fuera del Gobierno es muy complicado, prácticamente imposible. O eso dicen los números. En lo que va de la XIV legislatura, se han llevado a los Plenos del Congreso de los Diputados o del Senado para decidir si se inicia o no su tramitación 113 proposiciones de ley de grupos parlamentarios y otras 13 provenientes de parlamentos autonómicos. Hasta el momento han llegado 21 al Boletín Oficial del Estado (BOE). De todas esas, solo en tres de ellas no hay rastro del PSOE o Unidas Podemos entre los autores, apenas un 2,4% de todos los textos que han pasado por el trámite de toma en consideración.

A ese selecto grupo podría sumarse en breves la Ley de Mecenazgo, del PDeCAT, cuyo dictamen se votará en la Comisión de Hacienda este mismo miércoles, 26 de abril. La semana pasada, los nacionalistas catalanes anunciaron un acuerdo con el Gobierno por el que se garantizarían los votos del PSOE y Unidas Podemos.

Proyectos de ley y proposiciones de ley. A grandes rasgos, esos son los dos tipos ordinarios de iniciativas legislativas más usados en las Cortes Generales (Reales Decretos-ley al margen, pues en teoría solo están previstos para situaciones extraordinarias y de urgente necesidad). El primero, el proyecto, es la acción reservada para el Ejecutivo. Son las propuestas de leyes que se aprueban en Consejo de Ministros y se remiten al Congreso.

TRES PROYECTOS LLEGADOS DESDE EL SENADO

Las tres proposiciones de ley al margen de los grupos parlamentarios que han visto la luz esta legislatura nacieron en la Cámara Alta.

1. Proposición de Ley Orgánica de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente. Presentada por Cs. Aprobada por el 97,7% de los escaños en el Senado.

2. Proposición de Ley de modificación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Presentada por Cs. Aprobada por el 98,8% de los escaños en el Senado.

3. Proposición de Ley Orgánica para reconocer el carácter de tribunal consuetudinario y tradicional al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante/Alacant) y Pueblos de su Marco y al Tribunal del Comuner del Roller de Gràcia de l'Horta d'Aldaia. Presentada por el Grupo de Izquierda Confederal. Aprobada por el 57,7% de los escaños y con un 36% de abstenciones en el Senado.

El otro, la proposición de ley, es el que tienen los partidos políticos (vía grupo parlamentario), los diputados, el Senado o los parlamentos autonómicos para que sus propuestas lleguen a la Cámara Baja. Pero la efectividad de una u otra vía es muy diferente. Es raro que un proyecto de ley se quede por el camino por falta de apoyos en las Cortes. Por el contrario, las proposiciones de ley no suelen pasar el primer corte, la toma en consideración, o se quedan atrapadas en comisión entre sucesivas prórrogas del plazo para registrar enmiendas.

Volviendo a los tres textos sin firma de socialistas o morados aprobados esta legislatura, los tres iniciaron su andadura en el Senado. En la Cámara Alta se registraron dos leyes sobre derechos de personas discapacitadas, de Ciudadanos, y otra sobre juzgados del agua, del Grupo de Izquierda Confederal (Compromís, Más Madrid, Geroa Bai, MÉS y ASG, la Agrupación Socialista Gomera).

A las anteriores se podría sumar una cuarta, del Parlamento Vasco, si bien tanto el Grupo de los Socialistas Vascos como el de Elkarrekin Podemos estaban entre los autores de la iniciativa salida del parlamento autonómico vasco. En febrero de 2017, el Parlamento Vasco acordó una proposición de ley para crear un fondo de compensación para víctimas del amianto. Más de cinco años después terminó su tramitación en las Cortes, en octubre de 2022.

Fuera ya de las figuras de las proposiciones de ley aparece otra ley aprobada al margen del Gobierno, esta fruto de la sociedad civil, vía iniciativa legislativa popular: la Ley para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca. Tanto este último caso como los cuatro arriba citados concitaron un amplio consenso, probablemente fruto de de que ninguno de ellos trataba temáticas especialmente controvertidas.

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