QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Dos más, y ya van ocho. El pleno del Senado acordaba esta semana el planteamiento de un par de conflictos de atribuciones entre el Senado y el Congreso de los Diputados y entre el Senado y el Gobierno. ¿El motivo? Las actuaciones respecto a dos enmiendas del Proyecto de Ley (PL) de desperdicio alimentario que fueron aprobadas por el Senado y que se retiraron del texto antes de que el Congreso se pudiera pronunciar sobre ellas.
La Cámara Alta requiere así de manera formal a la Cámara Baja que revoque el acuerdo adoptado el pasado 18 de marzo, cuando la mayoría del PSOE y Sumar en la Mesa, a instancias del Gobierno, eliminaba una enmienda del PP y otra de Junts y ERC introducidas por el Senado en la versión modificada respecto a la aprobada por el Congreso del PL de desperdicio. Por otro lado, al Ejecutivo se le exige mediante cauce legal que de marcha atrás al acuerdo remitido a la Presidencia del Congreso el pasado 17 de marzo por el que manifestaba su disconformidad con la tramitación de dichas enmiendas aprobadas por el Pleno del Senado.
El primer conflicto de atribuciones, el del Senado contra el Congreso, ha salido adelante el apoyo de PP, Junts, Vox y UPN, los únicos votos en contra del PSOE y la abstención del resto de formaciones con representación en la Cámara. El otro, el dirigido al Ejecutivo, ha registrado la misma votación, salvo en el caso de Vox, que ha votado ‘No’, al igual que el Grupo Socialista.
Los acuerdos del pleno del Senado de este miércoles llegan solo un día después de que el Consejo de Ministros, en su reunión del martes 8 de abril, decidiera abrir otro frente contra la Cámara Alta, también con la tramitación del PL contra el desperdicio alimentario como telón de fondo. De esta forma el Gobierno remite al Tribunal Constitucional (TC) los acuerdos de la Mesa del Senado por los que se rechazaba el veto del Ejecutivo a la tramitación de diez enmiendas a la Ley de desperdicio, entre ellas, las finalmente aprobadas por esta Cámara y eliminadas después por la Mesa del Congreso. Será así el TC el que dirima si el órgano rector del Senado se extralimitó en sus atribuciones.
Aumenta la escalada entre instituciones
La figura del conflicto de atribuciones, contemplada en la Constitución Española (CE), es un recurso que pueden utilizar ciertos órganos constitucionales (Gobierno, Congreso, Senado o el CGPJ) cuando consideran que otro de ellos está invadiendo sus competencias constitucionales o atribuciones legales. Con el conflicto, el órgano que inicia el proceso requiere de forma oficial a otra institución que retire o anule el acto o decisión que considera que lesiona sus competencias. Si pasado un mes el órgano al que se dirige el requerimiento no responde o se ratifica en su decisión, el conflicto institucional puede elevarse al TC para que sea este el que lo resuelva.
Desde su creación en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en 1979, el TC solo se había pronunciado en cinco ocasiones. Eso, hasta que se inició esta legislatura. En el último año, el Senado o el Gobierno han planteado ocho conflictos de atribuciones, uno de ellos ya cerrado, tras el paso atrás del Grupo Popular en la Cámara Alta con el iniciado con motivo de la tramitación de la Ley de amnistía.
Sin embargo, la correlación de fuerzas tras las elecciones generales de julio de 2023, con mayoría absoluta del PP en el Senado y el control de la Mesa del Congreso en manos de PSOE y Sumar, ha convertido el conflicto de atribuciones en un recurso cada vez más frecuente dentro del enfrentamiento que los dos principales partidos políticos protagonizan a través de las principales instituciones del Estado.
GOBIERNO-SENADO: VETO PRESUPUESTARIO POR SUCESIONES Y DONACIONES
El 20 de febrero de 2024, el Consejo de Ministros elevó al TC el conflicto institucional con el Senado por la decisión de la Mesa de la Cámara Alta de tramitar una proposición de ley del Grupo Popular para suprimir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
El Ejecutivo vetó la tramitación al entender que su aprobación implicaría una merma de los ingresos del Estado. Desde el órgano rector del Senado rechazaron la disconformidad del Gobierno al considerar que de aprobarse, el texto afectaría a futuros Presupuestos Generales, pero no a los que están en vigor. El 23 de abril, el Constitucional notificaba al Senado la admisión a trámite del conflicto entre órganos constitucionales.
SENADO-CONGRESO: EL AMAGO CON LA LEY DE AMNISTÍA
En el caso de la Amnistía, el pasado marzo, el Pleno del Senado, a instancias del Grupo Popular, planteaba un conflicto de atribuciones con la Cámara Baja. La Cámara Alta consideraba que la ley de borrado penal era en realidad una reforma encubierta de la Constitución y por tanto el Senado se veía «mermado en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales al impedírsele la tramitación de la iniciativa de acuerdo con el procedimiento que correspondería».
La Mesa del Congreso rechazó el conflicto y el Grupo Popular decidió no seguir adelante con él, lo que exigía acudir al TC. Al final pidieron la retirada del mismo, a mediados de mayo.
SENADO-CONGRESO: LEY DE ANTECEDENTES PENALES
El 13 de noviembre de 2024, el Senado, con los votos de PP y Vox, pedía a la Mesa del Congreso que anulara el acuerdo por el que daba por aprobado definitivamente el proyecto de ley para reformar la Ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales. La iniciativa, aprobada sin ningún tipo de contratiempo en el Congreso, incluía una enmienda por la que los años de prisión cumplidos en el extranjero se descontarían en todos los casos a la hora de computar los años totales que un preso puede pasar encarcelado en España. La modificación beneficiaba, entre otros, a condenados por terrorismo.
Llegado el texto al Senado, nadie presentó enmiendas o propuestas de veto. Cuando PP y Vox se percataron del alcance de la enmienda ya era tarde: solo quedaba una votación final en el Pleno de la Cámara Alta, un acto que en principio no tenía mayor trascendencia que el de manifestar la postura de la institución. Al final, el Senado celebró un pleno extraordinario con una votación final que el presidente de la Cámara, Pedro Rollán, interpretó como un veto a la iniciativa amparándose en un informe encargado a la secretaría general de la Cámara.
Al día siguiente, 15 de octubre, la Mesa del Congreso rechazaba la decisión de Rollán alegando que no se habían seguido los cauces reglamentarios par vetarla.
Un olvido arreglado en imprenta
Los dos siguientes conflictos de atribuciones, iniciados a instancia del Senado, tienen por objeto la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. O más bien algo que faltaba en dicha ley. Aprobada por el Congreso y vetada por el Senado, la Cámara Baja levantó el veto y aprobaba definitivamente la iniciativa el 20 de diciembre de 2024. El texto fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a primeros de año, el 3 de enero, y como tal entraba en vigor. Una semana más tarde, el 11 de enero, el BOE publicaba una corrección de errores, con una modificación en una de las tablas incluidas en la ley.
Alguien había caído en la cuenta de que el proyecto de ley, tanto a su paso por el Congreso como en el Senado, no contenía los complementos de destino para magistrados de órganos unipersonales, magistrados de tribunales de instancia y jueces, unas cuantías que suponen entre 2.600 y casi 3.500 euros mensuales. Para subsanarlo, desde el Gobierno se decidió sustituir la tabla por la que se fija el Complemento de destino por una en la que se incluían los magistrados y jueces que habían quedado excluidos.
El 16 de enero, desde el Congreso se publicaba otra corrección de errores con la misma modificación, esta de carácter retroactivo respecto al informe de ponencia, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG), el 11 de noviembre; el dictamen de comisión sobre el proyecto de ley, publicado en el BOCG el 19 de noviembre; y el texto aprobado por el Pleno del Congreso y remitido al Senado, publicado en el BOCG el 21 de noviembre. De esta forma, la iniciativa ya publicada en el BOE incluía unos complementos salariales que nunca figuraron en el proyecto de ley a lo largo de su tramitación en las Cortes.
SENADO-GOBIERNO: "INTROMISIÓN" EN LA FUNCIÓN LEGISLATIVA
El Senado, en su sesión del tres de febrero, requirió formalmente al Gobierno para que revocara la corrección de errores del BOE. La propuesta que dio pie al conflicto de atribuciones, autoría del Grupo Popular, estima que la fórmula elegida por el Ejecutivo para modificar el texto aprobado por el Congreso "supone un uso fraudulento de la corrección de error" y que se usa como "un medio fraudulento para evitar el desarrollo del debido procedimiento legislativo". Se señala también que "supone una adulteración" de la "voluntad legislativa del Senado", que "lo que vetó fue otro texto" y no el corregido.
Trasladado el requerimiento al Gobierno, este lo rechazó en la reunión del Consejo de Ministros del 11 de marzo. Una semana más tarde, el 18 de marzo, la Mesa del Senado acordaba plantear el conflicto de atribuciones ante el Constitucional.
SENADO-CONGRESO: BOLETINES MODIFICADOS EN EL TIEMPO
El mismo acuerdo del Pleno del Senado por el que se requería formalmente al Ejecutivo una anulación de sus actuaciones también apuntaba hacia el Congreso de los Diputados. Así, se instaba a la Cámara Baja a restaurar la literalidad de las publicaciones del Boletín Oficial de las Cortes a como estaban antes de las modificaciones introducidas vía corrección de errores el 18 de enero.
El texto del inicio del procedimiento de conflicto institucional argumenta que la actuación no cabe bajo lo que se entienden como corrección de error, según doctrina del Tribunal Supremo. Al igual que en el caso del Gobierno, la Mesa del Congreso, reunida el 11 de marzo, rechazaba el requerimiento del Senado, tras lo que la Mesa de la Cámara Alta acordó también elevar este segundo conflicto de atribuciones al TC.
El conflicto a tres pistas de la Ley de desperdicio alimentario
Los tres últimos choques institucionales se formalizaban esta última semana. Por un lado, el Gobierno actuando frente la Mesa del Senado tras haber rechazado hasta en tres ocasiones la disconformidad del Ejecutivo con que se tramitaran diez enmiendas registradas en el Senado al Proyecto de Ley de desperdicio alimentario. El órgano rector de la Cámara Alta consideraba que no se daban las condiciones para La Moncloa ejerciera su potestad constitucional y daba luz verde a unas modificaciones sobre el texto aprobado en el Congreso, de forma que al final dos de las enmiendas terminarían incorporadas a la versión del proyecto de ley que aprobó el Senado.
El Gobierno, en un último intento por evitar que los cambios introducidos a instancias de PP, Junts y ERC llegaran al BOE, manifestó a la Mesa del Congreso su discrepancia con las enmiendas, un ruego que la Mesa de la Cámara Baja decidió atender con una actuación inédita en democracia: la ya comentada supresión de dichas enmiendas aprobadas del Senado, evitando así que el Congreso pudiera validarlas (o rechazarlas). Es contra estas dos actuaciones hacia las que se dirigen los dos conflictos de atribuciones acordados en el último Pleno del Senado.
GOBIERNO-SENADO: DEFENSA DE LA DISCONFORMIDAD PRESUPUESTARIA
El Gobierno, tras pedir previamente al Senado que anulara el acuerdo por el que aceptaba tramitar las enmiendas de la polémica (25 de febrero) y la negativa de su presidente, Pedro Rollán (27 de febrero), acordaba en Consejo de Ministros requerir de nuevo al Senado para que revoque la decisión (18 de marzo). Tras ratificarse Rollán en su postura (19 de marzo), el Consejo de Ministros celebrado esta última semana (8 de abril) ha acordado plantear conflicto de atribuciones ante el TC.
SENADO-GOBIERNO: POR LA SEPARACIÓN DE PODERES
El pleno del Senado del pasado miércoles, 9 de abril, acordaba actuar contra el Gobierno. Se le requiere así formalmente a que deje sin efectos el acuerdo por el que comunicaba al Congreso su disconformidad con las enmiendas aprobadas por el Senado. El conflicto, impulsado por el PP, entiende que la facultad que la Constitución reserva al Ejecutivo queda acotada a enmiendas en tramitación, pero nunca a "modificaciones aprobadas por el Senado", a textos ya aprobados.
SENADO-CONGRESO: POTESTAD DE LAS FACULTADES LEGISLATIVAS
En la misma sesión, pero con otro expediente, el Senado dio luz verde a otro conflicto de atribuciones, el tercero a raíz de la tramitación de la Ley de desperdicio. El procedimiento, también promovido por el Grupo Popular, marca posición frente al Congreso, a cuya Mesa se le pide que revoque el acuerdo por el que suprimieron partes del proyecto enmendado por el Senado antes de que el Pleno de la Cámara Baja pudiera pronunciarse sobre ellas.
Se acusa al órgano presidido por Francia Armengol de "modificar" y "tergiversar" la voluntad del Pleno del Senado al ignorar, "con total agravio de la función legislativa del Senado, el acuerdo soberano de su Pleno".
Ahora, la Mesa del Senado trasladará a la Mesa de la otra Cámara y al Gobierno los acuerdos alcanzados en el último pleno, para requerir formalmente a ambas instituciones que retrocedan en sus actuaciones. Si como es previsible el Ejecutivo y el Congreso se mantienen firmes en sus decisiones, la Mesa del Senado tendrá un mes desde el momento en el que reciba las negativas para elevar la disputa al Constitucional.
