Ni una iniciativa legislativa aprobada sin el beneplácito del PSOE. Así podría resumirse a grandes rasgos la producción normativa de las Cortes en lo que va de legislatura. Nada atípico si no fuera por la situación de minoría que los socios de Gobierno (PSOE y Sumar) viven tanto en el Congreso como en el Senado.
Desde el arranque de la XV Legislatura, 41 proposiciones de ley (PL) de grupos parlamentarios han superado el trámite de toma en consideración: 25 en el Congreso y otras 16 en el Senado, según el análisis de Demócrata de los casi dos centenares (197) de PLs calificadas desde septiembre de 2023. De todas ellas, solo siete han pasado de la fase de enmiendas. ¿El denominador común? Son autoría del Grupo Socialista, bien en solitario o junto a otras fuerzas.
Fragmentación y pluralidad
En el Congreso, PP, Vox y UPN superan en 25 escaños al PSOE y Sumar, mientras que en el Senado los populares gozan de mayoría absoluta. Además, fruto de la fragmentación y de la aritmética variable que se da en los plenos, todos los grupos parlamentarios, a excepción del liderado por Santiago Abascal, han conseguido la toma en consideración de al menos alguna de sus proposiciones de ley (PL), en no pocas ocasiones con el voto en contra de la bancada del PSOE.
Aun así, pese a las circunstancias anteriores, el PSOE ha encontrado la vía con la que priorizar unos textos legales y dilatar otros.
El cerrojo de la Mesa
«La XV Legislatura debe ser el momento (…) para que dejen de bloquearse durante la tramitación parlamentaria iniciativas legislativas por el procedimiento de prorrogar indefinidamente, semana tras semana, los plazos para enmiendas». Con esas palabras el diputado del PNV Mikel Legarda expresaba el malestar de su formación con la práctica de retrasar proposiciones de ley, hasta dejarlas morir, mediante la ampliación continúa de los plazos para registrar enmiendas.
El deseo de los nacionalistas vascos, pronunciado tres días después de las elecciones generales de 2023, en el pleno de convalidación de un Real Decreto-ley, ha caído en saco roto. Desde noviembre de 2023, la Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar tienen mayoría, ha acordado prorrogar los plazos de enmiendas en más de seiscientas ocasiones (628) para PLs de grupos parlamentarios, algunas de ellas desde hace más de un año.
Al Senado, ni agua
Los casos más llamativos se producen en aquellas proposiciones que inician su andadura en el Senado, todas ellas del Grupo Popular en la Cámara Alta, a excepción de una presentada por Junts. Superada la toma en consideración, las 16 PLs remitidas al Congreso están congeladas en fase de enmiendas.
La proposición de ley por la que se reduce al 10% el IVA a peluquerías, barberías y salones de belleza se encuentra paralizada desde hace casi 14 meses, tras 39 ampliaciones del plazo para registrar enmiendas. Más de un año y 37 prórrogas acumula ya la PL para asimilar la valoración de la dependencia con la calificación mínima del grado de discapacidad. Y así sucede con otros 11 textos del PP que pasan de la decena de ampliaciones y del centenar de días en fase de enmiendas.
Un ‘Sí’ sin garantías de avance
Que el Grupo Socialista haya apoyado la toma en consideración de una iniciativa no implica que esta cambie su suerte. El PSOE ha votado ‘Sí’ a tres iniciativas del PP en el Senado: la PL para introducir en voto telemático en entidades locales, diputaciones y cabildos; la PL para reconocer el carácter de agentes de autoridad a los funcionarios de prisiones y, en el último pleno del año pasado, una PL de modificación del Código Penal para reforzar la lucha contra el narcotráfico. Las dos primeras superan la veintena de ampliaciones y los 250 días en fase de enmiendas, mientras que el destino de la otra está por ver.
En el Congreso, los socialistas han votado afirmativamente a todos los textos que en estos momentos se encuentran en periodo de enmiendas, a excepción de dos, ambos del PP: una PL para rebajar la protección al lobo y otra para que el envío de tropas o material militar al extranjero deba ser aprobado en la Cámara Baja. El resto, de los populares, de sus socios en el Gobierno o de las formaciones que respaldaron la investidura de Pedro Sánchez, acumulan extensiones de plazos, muchas de ellas a decenas.
Es el caso de la PL del PNV sobre la reforma de la Ley de Secretos Oficiales (30 ampliaciones y más de 300 días en fase de enmiendas); la proposición de Sumar para eliminar del Código Penal ciertos delitos relativos a la libertad de de expresión, como el de ofensas religiosas, calumnias e injurias a la Corona o enaltecimiento del terrorismo; o la de ERC para que los deportistas no estén obligados a acudir siempre que son convocados por las federaciones o selecciones nacionales; ambas con los tiempos prorrogados en 36 ocasiones y 369 días en enmiendas.
A favor, pero mejor leyes propias
El 23 de abril del año pasado, el Senado debatía la toma en consideración de la PL del PP sobre los funcionarios de prisiones, que a primeros de mayo, comenzaba el periodo de enmiendas. El 18 de junio, el Congreso debatió una proposición del PSOE que tenía el mismo objetivo. La Mesa del Congreso mantiene la del PP en la Cámara Alta en plazo de enmiendas, mientras que las prórrogas para la socialista terminaron a finales de septiembre, momento desde el que se encuentra a la espera del informe de ponencia.
No es la única vez que ha sucedido algo así en la legislatura. A mediados de marzo, el Congreso tomaba en consideración una PL del PP para la atención integral de afectados por ELA. Una semana más tarde, lo hacían con una de Junts “para mejorar la calidad de vida de las personas con ELA”. Ambas contaron con el beneplácito del PSOE. A finales de abril, llegaba una tercera PL para pacientes ELA (y personas afectadas por otras enfermedades neurodegenerativas), esta del Grupo Socialista. Al final, en septiembre se acordó refundirlas todas en una nueva, la conocida como Ley ELA que finalmente vio la luz.
Las propias, a toda mecha
Las anteriores son dos de las siete PLs de grupos parlamentarios que han conseguido avanzar más allá de la fase de enmiendas. Para las otras cinco, todas con la participación del PSOE, la Mesa del Congreso limitó a un máximo de cinco ocasiones las extensiones del tiempo para el registro de enmiendas.
Así sucedió con la Ley de Amnistía (dos prórrogas); la de protección de donantes en vida de órganos o tejidos (tres); la reforma de la Ley del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal, pactada con el PP (sin ampliaciones); la de la modificación de la Ley reguladora del derecho de asociación, con la vista puesta en la ilegalización de la Fundación Francisco Franco (en fase de dictamen, tras cinco ampliaciones); y la reforma de la conocida como Ley Mordaza, junto a Sumar, EH Bildu y PNV (tras tres ampliaciones).
