El Área Pública de Comisiones Obreras (CCOO) interpreta que el reciente fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el abuso de la temporalidad en el empleo público constata que el marco legal español continúa sin aportar una respuesta realmente efectiva para prevenir y sancionar el uso abusivo de contratos temporales en las administraciones.
“La sentencia europea vuelve a dejar una conclusión difícil de discutir: las medidas actualmente existentes en España no han sido consideradas suficientes para prevenir ni sancionar adecuadamente el abuso de la temporalidad en el sector público. Lo que queda ahora por resolver es cómo debe traducirse eso, en la práctica, en nuestro ordenamiento jurídico”, ha señalado el sindicato a través de un comunicado.
Desde CCOO sostienen que la salida de fondo pasa por una reforma legislativa precisa que adapte el sistema español a las exigencias del Derecho de la Unión Europea, otorgue mayor seguridad jurídica a las personas afectadas y evite que los casos de temporalidad abusiva sigan resolviéndose “a golpe de litigio”.
Mientras tanto, la organización sindical asegura que continuará supervisando los procesos de estabilización en marcha, defendiendo los derechos del personal temporal y prestando asesoramiento jurídico a quienes decidan, de forma individual, acudir a los tribunales para proteger sus intereses.
CCOO detalla que, en su resolución, el TJUE vuelve a recordar que son los tribunales nacionales quienes deben valorar y declarar, en cada supuesto concreto, si se ha producido abuso o fraude en el recurso a la temporalidad.
“No se trata, por tanto, de una declaración automática ni general, sino de una valoración que debe realizarse en sede judicial atendiendo a las circunstancias individuales de cada persona afectada”, ha señalado el sindicato.
Asimismo, el tribunal comunitario vuelve a incidir en la deficiente trasposición al ordenamiento español de la Directiva 1999/70/CE y del Acuerdo Marco sobre trabajo de duración determinada, al entender que las herramientas actuales no ofrecen una reacción efectiva frente al abuso.
Para CCOO, no es suficiente con fórmulas formales o genéricas, sino que deben arbitrarse mecanismos realmente eficaces, disuasorios y proporcionados. En la misma línea, el TJUE recalca que los procesos de estabilización, aunque sean una vía legítima de organización del empleo público, no equivalen por sí solos a una sanción adecuada ante el abuso.
“Y no lo son porque se trata de procedimientos abiertos, sometidos a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, en los que puede concurrir cualquier aspirante, haya sufrido o no abuso en la temporalidad”, ha precisado el sindicato.
Del mismo modo, CCOO subraya que vuelve a ponerse en cuestión la indemnización tasada de 20 días por año trabajado con el tope de una anualidad, al carecer de un auténtico componente sancionador ligado específicamente al abuso cometido.
Reitera el TJUE, así como lo hizo el Comité Europeo de Derechos Sociales interpretando la carta social europea, que el régimen indemnizatorio por despido en España no es suficientemente disuasorio ni reparador. También se cuestiona la eficacia del régimen de responsabilidades previsto para las administraciones públicas, por su carácter ambiguo, abstracto y poco previsible.
Ahora bien, para CCOO conviene subrayar con claridad “que el TJUE no impone de forma automática la fijeza como solución general ni afirma que esa sea la única respuesta posible”.
Según el sindicato, la conversión en fijo se contempla en la jurisprudencia europea como una opción a tener en cuenta cuando el ordenamiento interno no disponga de otras medidas idóneas para sancionar el abuso, pero no como una consecuencia directa e inmediata aplicable de forma generalizada.
En este contexto, CCOO ha trasladado a la mesa de diálogo social una propuesta de reforma del despido que ponga fin a los sistemas de abuso de la temporalidad y revise el actual modelo indemnizatorio.
Por ello, desde CCOO llaman a actuar con prudencia y con base jurídica sólida. “Habrá que esperar al estudio pormenorizado de la sentencia y, especialmente, a cómo la interpreten y apliquen tanto el Tribunal Supremo como los restantes órganos judiciales. Será esa doctrina la que determine el alcance real del pronunciamiento europeo dentro del marco constitucional y legal español”, ha subrayado.