La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha activado una de las mayores ofensivas regulatorias de los últimos años en el sector eléctrico tras el gran apagón del 28 de abril de 2025. El organismo ha abierto un total de 20 expedientes sancionadores en el marco de su investigación sobre el incidente, en los que aparecen implicadas las principales compañías del sistema eléctrico español, con un foco especialmente sensible sobre Red Eléctrica de España (REE), a la que se atribuye la única posible infracción calificada como muy grave.
La decisión sitúa al operador del sistema en el epicentro de la investigación, al considerar la CNMC indicios de posibles incumplimientos de funciones esenciales para la seguridad del suministro. Aunque el regulador insiste en que el origen del apagón es multifactorial y que la apertura de expedientes no prejuzga responsabilidades, la tipificación del caso de REE introduce un nivel de gravedad superior al del resto de agentes investigados.
Red Eléctrica, bajo el foco por su papel como operador del sistema
El expediente contra REE se apoya en el artículo 64.25 de la Ley del Sector Eléctrico, que contempla como infracción muy grave el incumplimiento de las funciones críticas del operador del sistema cuando este derive en un perjuicio para la red.
Entre esas funciones se encuentran la programación del sistema eléctrico, la emisión de instrucciones vinculantes a los agentes del mercado, la coordinación operativa y la gestión de información esencial para el equilibrio entre generación y demanda.
La CNMC analiza si en el momento del apagón estas funciones se ejecutaron con los estándares exigidos o si pudieron producirse fallos en la coordinación que contribuyeran a la inestabilidad del sistema. El expediente también examina el flujo de información entre operadores y la capacidad de reacción ante situaciones de tensión en la red.
Un mapa de expedientes que abarca a todo el sistema eléctrico
Junto a REE, el regulador ha abierto expedientes a un amplio conjunto de empresas del sector energético, entre ellas Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol Generación Eléctrica, Bahía de Bizkaia Electricidad y la central nuclear Ascó-Vandellós II. En estos casos, las posibles infracciones se enmarcan en el artículo 65.8 de la misma ley, con una calificación inferior a la de REE, al tratarse de incumplimientos considerados graves y no necesariamente vinculados a un riesgo estructural del sistema.
La CNMC subraya que los indicios detectados incluyen comportamientos mantenidos durante periodos prolongados que podrían haber afectado al funcionamiento global del sistema eléctrico. Sin embargo, el organismo insiste en que el apagón no puede atribuirse a una única causa ni a un solo actor, sino a una combinación de factores técnicos y operativos.
Un procedimiento de alto impacto regulatorio y político
La investigación se desarrolla en un contexto especialmente sensible, a las puertas del primer aniversario del apagón, lo que añade presión sobre las compañías implicadas y sobre el propio regulador. Las posibles sanciones oscilan entre los 600.000 euros y los 60 millones, dependiendo de la gravedad de las infracciones, aunque el impacto más relevante podría ser el reputacional y el reinterpretativo sobre las obligaciones del operador del sistema.
Más allá del caso concreto, el procedimiento abre un debate estructural sobre el funcionamiento del sistema eléctrico en un entorno cada vez más complejo, marcado por la mayor penetración de renovables, la tensión en la red y la dependencia creciente de mecanismos de ajuste en tiempo real.
Un sistema bajo revisión tras el mayor apagón reciente
La CNMC deja así una fotografía doble del sistema eléctrico español: por un lado, el cuestionamiento del papel de Red Eléctrica como pieza central del equilibrio del sistema, y por otro, la extensión de la investigación a prácticamente todos los grandes operadores de generación del país. El resultado final del procedimiento no solo determinará posibles responsabilidades individuales, sino que podría redefinir el alcance de las obligaciones técnicas y operativas en el conjunto del sistema eléctrico español.