El Partido Popular ha señalado como responsables del apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 al Gobierno, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y a Red Eléctrica de España (REE) y su matriz Redeia, y ha apreciado una responsabilidad institucional “relevante” de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por su inacción regulatoria y supervisora”.
Tras varios meses de trabajo en la Comisión del Senado, en la que han intervenido desde la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, hasta los máximos responsables de las grandes eléctricas y del operador del sistema -REE-, el principal partido de la oposición ha registrado su propuesta de dictamen con las conclusiones de la investigación de la Cámara Alta. En ese documento, donde el Grupo Popular cuenta con mayoría, se sostiene que el cero eléctrico no fue un suceso “imprevisible”, sino la consecuencia de una debilidad estructural detectada con anterioridad.
En una comparecencia ante los medios, la portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, afirmó que “las responsables políticas” del 'blackout' eléctrico “son las señoras del apagón, la señora Aagesen y la señora Beatriz Corredor, ya que no actuaron a tiempo, hicieron caso omiso a pesar de las alertas, de los avisos y de las advertencias, y porque Red Eléctrica no activó un protocolo de emergencia”.
En este contexto, reclamó “la dimisión inmediata” de Aagesen y de Corredor “por parte de quien la nombró, que fue Pedro Sánchez”. “Hoy queda claro que son las responsables de que España se fuera a negro el 28 de abril y las culpables no pueden seguir ni un minuto más en su puesto. Y tampoco pueden seguir ni un minuto más las políticas que nos han llevado hasta aquí”, añadió.
Paralizar el cierre de las nucleares
Como una de las principales lecciones del apagón, García defendió que es “imprescindible paralizar el cierre de las centrales nucleares”. Recordó el caso de Almaraz como ejemplo cercano, advirtiendo de que su clausura “puede suponer un torpedo directo en nuestro sistema eléctrico”. “Y no lo digo yo, lo dicen los expertos, lo dice la experiencia acumulada y lo dirá el dictamen que emita esta Cámara. Y termino con una idea central”, subrayó.
La Comisión sobre el cero eléctrico del Senado celebrará este jueves su última sesión para aprobar las conclusiones definitivas, que posteriormente se elevarán al Pleno. No obstante, García consideró “imposible” alcanzar consensos con el PSOE.
Respecto a eventuales pasos en los tribunales, la senadora explicó que el PP actuará “poco a poco”, aunque ya se están analizando posibles vías, y esperará a que la Comisión y el Pleno aprueben formalmente las conclusiones de su informe.
En la propuesta de dictamen de conclusiones de la Comisión del PP, se afirma que el sistema llegó a esa fecha con márgenes insuficientes, con una inestabilidad de tensión ya reiterada en semanas y meses previos, y sin que las instituciones llamadas a prevenir, supervisar y corregir el riesgo actuaran con la diligencia exigible”.
Antecedentes documentados del cero eléctrico
En sus trabajos, el documento de conclusiones del Grupo Popular detalla que ha sido posible reconstruir lo ocurrido a partir de audios, transcripciones, correos operativos, documentación técnica y testimonios en sede parlamentaria. A partir de ese material, se concluye que el 28 de abril “no inaugura el problema, sino que lo culmina”, ya que se identifican antecedentes documentados desde el 31 de enero de 2025, cuando, según su versión, operadores de REE reconocen falta de recursos para controlar tensiones y atribuyen parte de la problemática a entradas bruscas de generación solar.
El informe incide en los sucesos del 7 de abril, en los que la propia red llega a describirse como “incontrolable”, con oscilaciones constantes y carencia de grupos suficientes con inercia para estabilizar el sistema, y considera “muy relevante” el episodio del 16 de abril, en el que se vincula de forma directa la inestabilidad con la limitada generación nuclear o convencional disponible.
El PP sostiene además que quedan acreditados los incidentes del 22, 24 y 26 de abril, así como las llamadas de la madrugada y la mañana del propio 28 de abril, como expresiones de una misma patología de fondo. Añade un elemento de tendencia que refuerza la tesis de la previsibilidad: el notable aumento de episodios de sobretensión en años anteriores y el reconocimiento interno de que faltaban herramientas para afrontarlos adecuadamente.
El grupo popular atribuye a REE la responsabilidad operativa directa, al ser la entidad encargada de garantizar la seguridad del sistema en tiempo real, disponer de los medios técnicos, activar los protocolos y reaccionar ante la degradación progresiva de la red. Considera que el operador conocía el riesgo con suficiente antelación y que, pese a ello, no promovió ni ejecutó a tiempo una respuesta adecuada en el plano preventivo, operativo y documental.
En cuanto al Gobierno, el dictamen lo señala como responsable del apagón por omitir su deber de tutela, planificación y reacción ante señales de riesgo que, a juicio del PP, eran persistentes y suficientemente visibles. Sitúa el núcleo de esa responsabilidad en la política energética y en la supervisión ministerial, al entender que no basta con fijar objetivos de transición o de despliegue renovable.
Respecto a la CNMC, el PP sostiene que no actúa como mero observador externo, sino como “una pieza integrante del andamiaje regulatorio” cuya actuación insuficiente habría contribuido al fallo institucional del sistema. A su entender, el organismo conocía o debía conocer los riesgos estructurales y no ejerció con la diligencia exigible sus funciones de actualización normativa, supervisión técnica e impulso de medidas correctoras.
Medidas propuestas para evitar otro apagón
Por otro lado, la propuesta de informe del PP en la Comisión del Senado plantea un conjunto de medidas para minimizar el riesgo de un nuevo apagón. Entre ellas, reforzar con urgencia el control de tensión, los márgenes de potencia reactiva y la disponibilidad real de recursos capaces de estabilizar el sistema, así como acelerar la automatización de maniobras y reducir la dependencia de actuaciones manuales en escenarios de deterioro rápido.
El texto también propone garantizar una programación del sistema con recursos firmes, síncronos o equivalentes suficientes en las zonas más vulnerables, junto con reformas regulatorias de calado, como la actualización sin más demoras de los procedimientos de operación y la obligación de que todas las tecnologías técnicamente capaces contribuyan de forma efectiva al control de tensión y a la estabilidad.
En el ámbito de la política energética, el PP reclama revisar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la normativa de transición energética para introducir la seguridad de suministro como criterio central, verificable y previo a cualquier decisión estructural.