El Pleno del Congreso ha dado luz verde este jueves, 23 de julio, en una sesión extraordinaria, al nuevo decreto ley con medidas fiscales para paliar el impacto del conflicto en Oriente Medio. La norma ha salido adelante con la abstención de PP y Podemos, el voto en contra de Vox y el respaldo del resto de grupos de la Cámara.
El Ejecutivo ya había puesto en marcha un primer paquete de actuaciones para amortiguar los efectos de la guerra iniciada en Irán, sobre todo en el ámbito de los hidrocarburos, pero aquel decreto ley tenía una vigencia limitada y varias de sus disposiciones dejaron de aplicarse a finales de junio.
Ante la prolongación del conflicto y la presión sobre los precios de la energía, el Gobierno se vio obligado a diseñar un segundo bloque de rebajas fiscales. Como ocurre con cualquier decreto ley, las medidas entraron en vigor tras su aprobación en el Consejo de Ministros del pasado 29 de junio, y ahora el Congreso debía decidir entre convalidarlas o derogarlas. Finalmente, la mayoría de la Cámara ha optado por mantenerlas.
Rebaja del impuesto especial de hidrocarburos
Entre las disposiciones más relevantes figura la reducción del impuesto especial sobre los hidrocarburos, que se traducirá en una rebaja de 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre. Pese a este alivio, decae la reducción del IVA al 10% en los carburantes que se había incorporado en el primer paquete anticrisis, en línea con las recomendaciones trasladadas desde Bruselas.
El decreto incorpora además una cláusula automática que permite volver a los 20 céntimos por litro de apoyo si el conflicto se agrava y la inflación de los carburantes vuelve a dispararse.
Asimismo, el texto prevé una revisión mensual y permanente de la evolución de los precios respecto al IPC del año anterior y, si se detectan variaciones que sitúen la inflación por encima del 15%, se reactivarán las rebajas tanto en la factura eléctrica como en el gas, en función de ese indicador. En síntesis, la cláusula de reactivación afectará a gasóleo, gasolina, gas y electricidad.
Por otra parte, se mantiene el descuento equivalente a 20 céntimos por litro en los carburantes para los profesionales del sector primario y del transporte. En el caso de la agricultura, se añaden 165 millones de euros adicionales para la compra de fertilizantes a los 500 millones ya contemplados.
Control de gasolineras y fiscalidad energética
La norma también establece que la CNMC pondrá en marcha un sistema de seguimiento de los márgenes brutos de todas las estaciones de servicio, con el fin de verificar que cumplen con las medidas fijadas en el decreto ley. Hasta el momento, el Gobierno sólo ha detectado un comportamiento anómalo en 52 gasolineras.
En el ámbito de la fiscalidad energética, el decreto desarrolla la eliminación estructural y gradual del impuesto sobre la producción de energía eléctrica, una reivindicación que PP y Junts han planteado de forma reiterada durante esta legislatura.
La supresión se llevará a cabo mediante una reducción progresiva de los tipos. El gravamen, fijado en el 7% para este año 2026, bajará a un entorno del 5% en los dos trimestres restantes, se situará alrededor del 3,5% en 2027 y desaparecerá en 2028. Según los cálculos del Ejecutivo, la eliminación de este impuesto permitirá a la industria incrementar su producción en 2.600 millones de euros anuales y generar unos 3.700 puestos de trabajo.
Condiciones a las empresas y fondos europeos
El decreto prorroga igualmente las condiciones impuestas a las empresas que reciban ayudas, manteniendo la obligación de contar con un Plan de Movilidad Sostenible para sus trabajadores y la prohibición de despedir por causas vinculadas al conflicto a aquellas compañías que se beneficien de apoyos relacionados con la guerra.
Otra de las medidas incluidas en el real decreto-ley es la flexibilización en el uso de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Fuentes de Economía explican que se permitirá ejecutar inversiones más allá de la fecha límite de finales de agosto en aquellos hitos ya cumplidos pero cuyas inversiones aún no se hayan completado.
El primer Real Decreto-ley, aprobado el 20 de marzo, ya había fijado para todo 2026 el llamado escudo social del Gobierno, mediante los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico (42,5% para consumidores vulnerables y 57,5% para vulnerables severos), el aumento de la ayuda mínima del bono social térmico hasta 50 euros y la prohibición de cortar suministros básicos (agua y energía) a los hogares en situación de vulnerabilidad.
En conjunto, este nuevo paquete de medidas, con una vigencia de tres meses, supondrá un apoyo fiscal adicional de 1.825 millones de euros en términos presupuestarios para 2026, al que se añaden otros 2.700 millones derivados de la menor recaudación prevista en 2027 y 2028 por la eliminación progresiva del impuesto a la producción eléctrica.
En el capítulo de medidas estructurales, para seguir impulsando la implantación de energías renovables y la generación de biogás con el mayor retorno socioeconómico posible para las zonas donde se ubiquen las instalaciones y con el menor impacto ambiental, se faculta al Organismo Nacional de Normalización (UNE) a desarrollar, mediante normas técnicas, el sello de excelencia social, territorial y ambiental que permitirá una tramitación preferente a los proyectos mejor valorados.