El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha trasladado este sábado a diversas instituciones de la Unión Europea (UE) la decisión del Gobierno de volver a implantar controles fronterizos en los aeropuertos y puertos con enlaces directos entre el Reino de España y la República Italiana, según ha detallado el Ministerio en una nota.
La notificación se ha dirigido a la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Henna Virkkunen; al comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner; a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y a la secretaria general del Consejo de Ministros de Interior de los Estados miembros de la Unión Europea y de los Estados asociados a Schengen, Thérèse Blanchet.
En el documento remitido, Grande-Marlaska señala que las autoridades españolas siguen de cerca la evolución de la situación migratoria en el espacio Schengen y, en concreto, la presión migratoria que se está registrando en la ruta del Mediterráneo central que afecta a la República Italiana y a otros Estados miembros, como consecuencia de la actuación de redes de delincuencia transfronteriza ligadas a la migración irregular.
Ante las eventuales consecuencias de este escenario para el orden público y la seguridad interior, España ha optado por reintroducir de forma temporal controles en determinados pasos fronterizos interiores, al amparo de los artículos 25 y siguientes del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, que configura el denominado Código de Fronteras Schengen.
En la comunicación, Grande-Marlaska detalla que, de acuerdo con el artículo 27 del citado Reglamento, la recuperación temporal de los controles fronterizos se aplicará a las conexiones aéreas y marítimas entre el Reino de España y la República Italiana desde las 00.00 horas del 8 de agosto y hasta las 00.00 horas del 7 de septiembre.
Este periodo podrá ajustarse en función de cómo evolucionen las circunstancias que han motivado la medida y, una vez concluya, las autoridades españolas efectuarán una nueva valoración de la situación para determinar si procede mantenerla, modificarla o dejarla sin efecto, según concluye el ministro.