El Gobierno quiere cerrar este mes el relevo en la presidencia del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). El organismo de resolución está presidido en la actualidad por Álvaro López Barceló, que en septiembre ocupará el puesto de director ejecutivo alterno del Banco Iberoamericano de Desarrollo (BID), cargo que le corresponderá a España durante los próximos tres años.
El nombramiento de López Barceló fue anunciado el pasado mes de abril, sin que desde entonces haya cesado en su responsabilidad al frente del FROB.
Según informan a DEMÓCRATA varias fuentes conocedoras del proceso, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa quiere hacer efectivo el nombramiento antes de agosto, elevando este mismo martes una propuesta al Consejo de Ministros.
El plan del Ministerio de Economía es, en principio, proponer a su persona candidata este martes y aprobar su nombramiento por decreto la próxima semana, en el último Consejo de Ministros antes de agosto.
Antes de hacerlo efectivo, la persona candidata acudirá a la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso, en sesión extraordinaria ya que julio no es mes hábil a efectos parlamentarios. Todas las miradas apuntan al jueves 23, ya que ese día todos los diputados están convocados al último Pleno antes del parón de agosto.
Comparecencia pero no votación
Tal y como prevé la Ley 11/2015 de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, el presidente del FROB es nombrado por decreto a propuesta del ministro de Economía.
Sin embargo, la persona elegida para ocupar el cargo debe comparecer previamente ante la Comisión de Economía del Congreso, con el fin de “dar cuenta de las condiciones de experiencia, formación y capacidad que la hacen adecuada para el cargo”.
En todo caso, la norma no prevé ningún tipo de votación para refrendar la idoneidad del candidato, ni habilita a la Comisión para poder vetar el nombramiento, como sí sucede con otros altos cargos de otros organismos, como los de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
La ley también recoge un pronunciamiento expreso de los supervisores, por lo que es de esperar que el Banco de España y la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) se manifiesten al respecto.