El Ministerio de Seguridad Social, y en concreto la Secretaría de Estado de esta cartera, tiene desde hace unos días sobre la mesa de su despacho otra nueva propuesta de la Pasarela RETA.
Se trata de una alternativa de consenso, compartida con Demócrata, que ahonda en la necesidad de una fórmula universal. Es decir, que dé cobertura a todos los jubilados, de manera que no deje en el camino, tal y como está planteada la iniciativa parlamentaria del PSOE, a un importante grupo de personas, si se aprueba en los términos actuales.
Planteada por tres asociaciones —ANMARQ (Asociación Nacional de Mutualistas Arquitectos, que engloba a los profesionales de la arquitectura, arquitectos técnicos y aparejadores), ANAMA (Asociación Nacional de Afectados por la Mutualidad de la Abogacía) y AMCO (Asociación Riojana de Mutualistas Sustitutivos/Complementarios)— y con el respaldo de colegios profesionales encargados de hacer llegar esta proposición a Moncloa, y en concreto a Borja Suárez, secretario de Estado de Seguridad Social, estas asociaciones profesionales advierten de que, en este momento, la actual propuesta de la Pasarela RETA -en la Comisión del Parlamento español y cuyo debate se retomará el próximo 20 de mayo-, “deja fuera a los colectivos más vulnerables del sistema, entre los que se encuentran los mutualistas pasivos y quienes acumulan más de 15 años cotizados en la Seguridad Social”.
"Una propuesta técnica y económicamente viable"
Conocedores de que el secretario de Estado no parece tener la intención de cambiar de opinión sobre la cobertura de los pasivos y los que tienen más de 15 años cotizados, la portavoz de ANMARQ, Luisa Saavedra, con el apoyo de algunas fuerzas políticas como PP y Vox, explica a este diario que “su propuesta alternativa es viable técnica y económicamente, y así lo han estudiado expertos en la materia y exresponsables políticos en la misma”.
Así pues, “lo único que tiene que hacer Borja Suárez —anota— es leer nuestra propuesta y entender que hay otra manera de hacer la pasarela y de realizar esas transferencias de fondos y años sin dejar a nadie fuera. Es verdad que el Ministerio de Seguridad Social —apunta— está con el mantra del 1x1 para todos de los abogados y esas son las únicas cuentas que se han planteado. Pero —añade— lo que nosotros pretendemos es que se sepa que hay otra manera posible y viable económicamente sin dejar fuera a nadie”.
Porque, de otro modo —advierte—, “se acabará consolidando una situación de desigualdad que afecta a miles de profesionales que cotizaron durante décadas en mutualidades por obligación normativa y que han pagado religiosamente impuestos con los que ahora se pagan las pensiones de otras personas o el ingreso mínimo vital”.
Las líneas maestras de la propuesta alternativa:
La exposición alternativa insiste en que existe unanimidad entre todos los colectivos afectados en que “la pasarela” ha de ser voluntaria, lo que implica que nadie puede ser obligado a solicitar su inclusión. Pero, a la vez, también existe unanimidad en este punto en que debe ser universal, de tal forma que quien decida acogerse pueda hacerlo sin ninguna restricción temporal, ya se encuentre en situación de activo o de pasivo.
El único requisito —destacan— es haber estado en situación de mutualista por imperativo legal hasta la aplicación en cada caso de la reforma introducida por la Ley 30/1995 o, en su caso, como alternativo a partir de esa fecha. Para quienes opten a la pasarela, los periodos cotizados como mutualista alternativo deben computar a todos los efectos como cotizados en el sistema público, exclusivamente a efectos del porcentaje a aplicar a la base reguladora. Esto es lo que se considera equivalencia uno por uno en tiempo.
Obviamente —distinguen—, solo se computarán los años no coincidentes. En aquellos casos en los que en el mismo periodo el mutualista estuviera dado de alta en el RETA, como profesional colegiado, no se duplicará el cómputo. De esta forma, los mutualistas tendrán derecho al mismo porcentaje de pensión que cualquier otro trabajador que haya cotizado los mismos años.
Reglamentariamente —ponderan— se establecerán los términos y condiciones de la transferencia de derechos económicos acumulados y la conversión de dichos derechos a períodos cotizados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
Para la conversión de los derechos económicos acumulados a períodos cotizados y para el cálculo de las bases reguladoras de las prestaciones y pensiones en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos —aclara—, se tendrá en cuenta la base mínima de cotización que habría correspondido al trabajador de haber estado incluido en dicho régimen, aplicando a esa base un coeficiente a fin de tener en cuenta las contingencias excluidas. Este coeficiente —señalan— podrá ser variable en función de la cantidad de años cotizados.
Asimismo —remarcan—, será necesario contemplar la situación de los pasivos, que no pueden ser excluidos de su derecho a optar a la pasarela, siempre y cuando cumplan con las mismas exigencias que los activos. Los principios que inspiran su incorporación voluntaria son los mismos que para los activos. Sin embargo, tienen una singularidad que debe abordarse desde el punto de vista actuarial: la edad a la que se incorporen, ya como pensionistas, al sistema público. Para ellos —proponen— es preciso diseñar un mecanismo en forma de porcentaje de reducción creciente a aplicar sobre los fondos que un hipotético “mutualista tipo” hubiera tenido que traspasar en la pasarela para obtener el periodo de cotización (a efectos del porcentaje de pensión) y las bases de cotización (a efectos de determinar su base reguladora) correspondientes.
El pasivo que opte por la pasarela verá reducida la aportación sobre la base del “mutualista tipo” en función de su edad, siendo este porcentaje de reducción creciente, ya que el número de años de esperanza de percepción de la pensión es menor cuanto mayor es la edad.
Por último, estaría el caso de los pasivos que no tengan fondos propios en la mutualidad. Se trata de un caso muy minoritario, que afectaría en principio a los pasivos de mayor edad, y que debería abordarse, al menos, desde la situación económica de los afectados y sus circunstancias personales y familiares. El reglamento debería articular las obligaciones y condiciones en las que dichos pasivos puedan optar a la pasarela y, en su caso, plantear una solución alternativa.
Mutualistas con pensiones de 300 euros quedarían excluidos.
Los colectivos afectados recuerdan que muchos mutualistas perciben prestaciones de entre 300 y 400 euros, muy inferiores a una pensión no contributiva, sin revalorización y en 12 pagas. Otros, con rentas ligeramente superiores, se vieron obligados a contratar rentas temporales de 10, 15 o 20 años, igualmente sin actualización. Al no integrarse en el sistema RETA, estas personas no pueden acceder a derechos básicos como:
• Bonificación de medicamentos
• Servicios del IMSERSO
• Acceso a residencias públicas
• Complementos a mínimos
• Beneficios por brecha de género
Las asociaciones subrayan que se trata de personas que han contribuido durante toda su vida al sostenimiento del sistema público mediante impuestos y que ahora quedan desprotegidas.
Por otra parte, los profesionales con más de 40 años cotizados tampoco podrían completar su carrera laboral. Además, la propuesta del Grupo Socialista en el Congreso también excluye a quienes, sumando años en la mutualidad y en la Seguridad Social, superan con frecuencia los 40 años de cotización. Hasta 1997, la normativa impedía a estos profesionales cotizar en el RETA, lo que les obligó a permanecer en las mutualidades. Como consecuencia, muchos solo podrán acceder al 50 % de la pensión, pese a haber trabajado toda una vida.
Las asociaciones recuerdan que el Gobierno ha impulsado medidas para corregir situaciones discriminatorias en colectivos como becarios, trabajadores en prácticas o deportistas, reconociendo la falta de control en sus cotizaciones históricas. Sin embargo, con la actual propuesta, buena parte de los mutualistas —que han vivido una situación similar— quedan fuera de cualquier proceso de regularización.
¿Qué es la pasarela RETA?
Mecanismo de integración al sistema público de pensiones que permitiría a mutualistas profesionales (abogados, arquitectos, procuradores, etc.) trasladar sus cotizaciones a la Seguridad Social y computarlas en el RETA para mejorar su pensión.
Quién la impulsa
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Colectivos de mutualistas (abogacía, arquitectura, procuradores)
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Colegios profesionales y plataformas de afectados
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Impulsada políticamente por el PSOE en el Congreso
¿Existe en Europa?
No hay una figura equivalente en la UE. Algunos países han integrado regímenes profesionales en sistemas públicos, pero España es un caso singular por la coexistencia histórica de mutualidades privadas con el sistema público de pensiones.
La propuesta del Grupo Socialista
La reforma para permitir a los mutualistas alternativos incorporarse al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) ha sido desbloqueada en el Congreso mediante una proposición de ley impulsada por el PSOE. Esta iniciativa responde a la presión de miles de profesionales que cotizan en mutualidades y buscan acceder al sistema público de Seguridad Social. El texto ya ha superado la fase de ponencia, lo que permite su avance parlamentario, pero todavía no está cerrado: las enmiendas siguen vivas, por lo que continúan abiertas a modificación, y el contenido final depende de las negociaciones entre los distintos grupos políticos.
Entre las principales modificaciones introducidas destaca la eliminación de límites temporales estrictos para acogerse a la pasarela, ampliando el acceso a mutualistas desde 2013. También se fija un coeficiente del 0,77 para convertir el capital acumulado en cotizaciones equivalentes, y se introduce una regla parcial de “1 a 1” para mayores de 55 años en 2025, facilitando el acceso a la pensión. Además, se contempla el reconocimiento de hasta cinco años cotizados para quienes perdieron aportaciones en el pasado y se establece una equiparación total (100 %) entre cuotas y prestaciones respecto al sistema público.
La propuesta también incluye medidas estructurales, como el retraso a 2028 del fin de la “alternatividad” (la posibilidad de elegir entre mutualidad o sistema público), junto con el compromiso del Gobierno de analizar el impacto de esta transición. Sin embargo, quedan cuestiones clave sin resolver: los mutualistas ya jubilados siguen fuera de la pasarela; no hay acuerdo sobre garantizar una fiscalidad neutra en el traspaso de fondos (como reclama el PP); y las mutualidades piden que el traslado del capital se produzca solo cuando se genere el derecho a la prestación, para evitar pérdidas.
En este momento, la ley está en una fase decisiva pero abierta. Precisamente, el próximo 20 de mayo se reúne la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados y ahí, durante el debate, se verá si propuestas alternativas como esta, que se ha dado a conocer a varios partidos, y que está en la mesa del secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, tienen cabida.