Junts per Catalunya ha advertido este miércoles de que no respaldará, en los términos actuales, el decreto ley impulsado por Sumar para extender los contratos de alquiler hasta 2028, al considerar que se trata de una iniciativa “intervencionista” que “no respeta las competencias de Cataluña en materia de vivienda”.
La formación independentista sostiene que la crisis de acceso a la vivienda es “insostenible” y que en la ciudad de Barcelona los alquileres volvieron a subir durante el primer trimestre del año, al igual que el precio medio de los nuevos contratos firmados.
Pese a ello, Junts ha avisado al Gobierno de coalición de que no apoyará en el Congreso de los Diputados el decreto “si se mantienen las medidas que perpetúan las ocupaciones y no protegen ni a los inquilinos ni a los pequeños propietarios” o si el Ejecutivo no incorpora las exigencias planteadas por el partido.
Según ha señalado la formación en un comunicado, “las políticas intervencionistas del Gobierno español no solo no han logrado resolver el problema, sino que lo han agravado y lo han trasladado a municipios en los que el problema no era tan grave”.
Desde Junts apuestan por poner en marcha “iniciativas concretas y equilibradas”, entre ellas la desgravación fiscal de los alquileres para los inquilinos y de parte de la cuota hipotecaria para los pequeños tenedores, la recuperación de las cuentas de ahorro destinadas a la compra de vivienda, así como incentivar la construcción de nuevas promociones y movilizar al mercado las viviendas ya existentes.
Además, reclaman un incremento sustancial de la inversión pública en vivienda, el desbloqueo de la ley contra la okupación registrada por Junts hace dos años y que sea el Estado quien asuma el coste de las políticas sociales de vivienda dirigidas a personas vulnerables, en lugar de recaer sobre los pequeños propietarios.
El borrador del decreto ley ya ha sido remitido a los grupos parlamentarios y la previsión del Ejecutivo es aprobarlo en la próxima reunión del Consejo de Ministros.
Críticas de Podemos al decreto de Sumar
Podemos también se ha posicionado en contra del decreto ley promovido por Sumar, al entender que la reforma de la Ley del Suelo supone una “línea roja” al alterar el sistema de recursos frente a los instrumentos de planeamiento urbanístico y el régimen de cancelación registral de los derechos de reversión sobre terrenos expropiados.
El partido ‘morado’ considera que estos cambios permitirían legalizar con carácter retroactivo proyectos urbanísticos ilegales y rebajar los controles sobre los desarrollos futuros. A su juicio, también restringirían la capacidad de la sociedad civil para denunciar posibles irregularidades urbanísticas.