Las transferencias de dinero que se realizan dentro de los propios hogares en España mueven en torno a 130.000 millones de euros cada año. En este contexto de envejecimiento demográfico, las personas mayores de 55 años acumulan el 68% del ahorro de las familias y el 43% del conjunto de los recursos del hogar.
Estas son algunas de las principales conclusiones del informe “Ingresos y gastos de los hogares españoles por edad y género”, presentado este miércoles y elaborado por el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre y por Fedea.
De acuerdo con el estudio, las transferencias internas entre miembros de una misma familia ascienden a 130.000 millones de euros anuales y “fluyen fundamentalmente desde los adultos y los seniors hacia niños y jóvenes para financiar su consumo hasta su incorporación plena al mercado laboral”.
Del total de 129.687 millones que reciben los menores de 30 años (de 0 a 29 años), la parte más relevante, 102.641 millones, procede del grupo de 30 a 54 años, mientras que los mayores de 55 años aportan 27.046 millones.
Las familias, eje del Estado del bienestar
“Los grandes pilares del Estado del Bienestar son las familias”, subraya durante la presentación Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada de Fedea, quien define estos flujos como una forma de solidaridad “importante y esperada” hacia los hijos.
El documento incide en el papel económico del colectivo sénior dentro de los hogares y para el propio Estado. Los mayores de 55 años, que suponen el 34% de la población, concentran el 68% del ahorro de los hogares (73.578 millones) y generan uno de cada tres euros del Producto Interior Bruto (32,8%).
Además, son el tramo de edad con mayor capacidad de gasto en España: realizan el 39,3% del consumo privado total, por encima del grupo central de 30 a 54 años (36,9%), y registran el mayor consumo privado medio por persona, con 16.406 euros. También representan el 42,7% del total de los recursos económicos destinados al sostenimiento del Estado y de sus administraciones territoriales a través de los impuestos, sin incluir las cotizaciones sociales.
Ante estos datos, Juan Fernández Palacios, director del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre, destaca su “enorme peso económico”, al que se refiere como “pieza clave de la economía familiar” y complemento del Estado del Bienestar. Al mismo tiempo, insta a superar un “prejuicio arraigado”: “No son solo receptores de prestaciones”.
Según recalca, el colectivo sénior contribuye de forma decisiva tanto a las economías domésticas como al conjunto del país: “Dan más de lo que reciben”.
Impacto del envejecimiento y de la esperanza de vida
Los autores del informe advierten, no obstante, del progresivo envejecimiento de la población española, que “influye directamente en el consumo, la distribución de los recursos y el peso económico de los hogares” en el conjunto del país.
Si bien señalan que el sistema público de pensiones en España ofrece estabilidad económica “hoy por hoy”, apuntan que la evolución demográfica condiciona de forma intensa las políticas públicas. En este sentido, reclaman que empresas y administraciones busquen respuestas ante la “escasez de recursos laborales”, derivada también de las bajas tasas de natalidad y de un déficit que “la inmigración por sí sola no va a compensar”, en palabras de Fernández.
“No se trata de retrasar la jubilación, sino de flexibilizar el acceso a la jubilación” en función de la dureza y características de cada profesión, matiza el experto, que reclama acabar con una discriminación por edad que “todavía persiste”.
Plantillas más envejecidas y edad de jubilación
En este contexto, se insta a los empresarios a “asumir” que sus equipos tendrán “una edad media mayor de la que ellos a lo mejor pensaban que era la óptima”, algo que, a su juicio, “no es ninguna mala noticia”: “Estamos hablando de un colectivo de personas que tiene capacidad y conocimientos”, recuerda.
Por su parte, Ángel de la Fuente pone el acento en el aumento de la esperanza de vida en España y sostiene que la edad de retiro “debería estar ligada” a esa evolución.
“Si no elevamos la edad de jubilación en consonancia con eso, va a llegar un día en el que estemos más tiempos jubilados que trabajando. Y eso, lógicamente, hace muy difícil mantener un sistema de pensiones con niveles de pensiones dignos”, alerta.
El economista se refiere también a “la mayor dificultad de acceso a la vivienda” que afronta la población: “Posiblemente las nuevas generaciones no lleguen al nivel casi universal de propiedad de la vivienda que teníamos hace unos años”, admite.
Regularización extraordinaria y papel de la inmigración
En la recta final de la presentación, ambos expertos valoran la regularización extraordinaria de personas migrantes en España impulsada por el Gobierno, dirigida a quienes estuvieran en el país antes del 31 de diciembre de 2025 y acrediten al menos cinco meses de residencia continuada en el momento de solicitarla.
“Ante la escasez de recursos laborales, la inmigración aparece como una alternativa, yo diría inexcusable, no solamente en España, sino en el conjunto de Europa y de países desarrollados”, señala Juan Fernández Palacios, que pide que estos procesos se produzcan “de manera ordenada, controlada y evitando que se produzcan disrupciones que, a menudo, terminan en conflictos sociales”.
“Tenemos que asumir, y entiendo que está asumido, que España va a seguir necesitando contar con un flujo importante de inmigrantes, y lo único que hay que hacer es que eso se haga de forma regulada, respetando siempre el derecho de las personas” y evitando dichos conflictos, añade.
“Sería deseable que fuera un flujo continuo, sin altibajos y sin sustos”, regulado de forma algo más “selectiva”, apunta también Ángel de la Fuente durante la presentación.
El estudio se ha elaborado a partir de una base de microdatos construida mediante la fusión estadística de la Encuesta de Condiciones de Vida y la Encuesta de Presupuestos Familiares, complementadas con información de la Contabilidad Nacional y otras estadísticas oficiales, utilizando datos correspondientes a 2022, según detallan las organizaciones en un comunicado.