Este jueves, la compañía Philip Morris España presentaba ante los medios de comunicación en su sede en Madrid, su primer informe. Elaborado por The European House Ambrosetti, el estudio recoge el impacto socioeconómico de Philip Morris en nuestro país en aspectos macroeconómicos, como el empleo, las oportunidades y el progreso, que traducido en números ha supuesto en 2023 un impacto total superior a 3.300 millones de euros.
En este sentido, la consultora señala la transición experimentada por dicha compañía, con certificaciones reconocidas como la Global Top Employer, quien en los últimos 10 años ha pasado de ser un fabricante de cigarrillos convencionales de combustión, a una sociedad que ha apostado por la inversión tecnológica y científica, para sustituir su negocio tradicional por nuevos productos sin humo, que están acaparando el mercado, por parte de los fumadores adultos, .
Es el caso de Portugal, donde el tabaco calentado ya tiene mayor demanda y supera al tradicional paquete de Malboro. O el caso de países como Italia, Reino Unido o Suecia, donde solo el 3,9% de los fumadores consume tabaco convencional, a fecha actualziada de ayer y, donde también según los datos de la sanidad sueca perciben que el cáncer de pulmón entre varones ha llegado a disminuir un 42%.
La reducción del daño en la salud y, la reducción también del gasto sanitario son las claras apuestas de esta compañía que defiende una regulación adaptada a los nuevos productos, cuya fiscalidad no grave del mismo modo a aquel que daña más -como ocurre con el cigarro convencional- que a otros como los productos alternativos, cuya venta en España va por detrás del mercado europeo.
Un marco regulatorio diferenciado
"De ahí la importancia de un marco regulatorio diferenciado -explica el director general de PME, Daniel Cuevas-, basado, por supuesto, en la evidencia disponible y, en un consumidor bien informado, algo que traería mayor inversión a España por parte de la compañía, reportando datos como el triplicado de su plantilla en la última década, apostando por el talento joven y cualificado, y con niveles de productividad un 60% superiores a la media industrial".
En el último año -recalca Cuevas-, "Philip Morris ha incorporado más de 260 profesionales a través de acuerdos con universidades -como el acuerdo de la Fundación Universidad-Empresa-, reflejo del perfil profesional de la empresa en España, en una apuesta decidida por un futuro sin humo".
La prueba -sostiene el director de PME es que, "hoy en día, el 42% de los ingresos netos globales provienen de productos libres de humo; productos -subraya Cuevas-, a través que se han podido desarrollar a través de la innovación, la inversión y la colaboración, y con la decidida dirección de crear un futuro, que no solo sea libre de humo, sino también más inclusivo, resiliente y sostenible".
La oportunidad de la Directiva Europea
De cara a la próxima revisión de la Directiva Europea de Productos del tabaco -que España tendrá que transponer y asumir normativamente-, cuya consulta pública está al caer, Philip Morris se erige como actor proactivo, entre otras razones -defendió en un panel de expertos, Ricardo Miranda, director general de Cetarsa, "porque esta puede ser una oportunidad para todos si el regulador ve los nuevos productos como una opción real, para que los fumadores se pasen a estas alternativas menos dañinas, y al mismo tiempo, para dar sostenibilidad a toda la cadena de valor que vive del tabaco en nuestro país".
Una cadena de valor que tiene un lugar sobresaliente en dos comunidades autónomas de España, como es el caso de Canarias y Extremadura. Razón por la que Dácil Barreto, CEO la empresa tabaquera Dos Santos (Las Palmas de Gran Canaria), recalca que, desde una perspectiva industrial, contar con un marco regulatorio equilibrado y previsible, como ya ocurre en Canarias, es clave. Cuando la regulación tiene en cuenta su impacto en inversión y empleo -añade-, la industria responde mejorando capacitación e instalaciones, atrayendo proyectos internacionales y reforzando la vocación exportadora".
Para Pilar Colás, directora general de Logista Iberia, "la regulación es positiva cuando busca ofrecer alternativas seguras al usuario y combatir el mercado ilícito. Necesitamos un marco -señaló-, que garantice que la transformación del sector se produzca de forma ordenada, asegurando que el producto llegue solo al adulto y siempre a través de los canales autorizados, que garanticen el control y la fiscalidad".
El caso de Suecia
Según el informe elaborado por trece expertos, Sin humo, menos daños, Suecia es el primer país del mundo considerado libre de humo, al situar su tasa de fumadores por debajo del 5%, el umbral fijado por la OMS. Dicho informe muestra que Suecia consume niveles de nicotina similares a la media europea, pero sin embargo registra un 41% menos de cáncer de pulmón y menos de la mitad de las muertes asociadas al tabaquismo.
El extraordinario éxito de los suecos -subraya este estudio- se debe a la combinación de las políticas tradicionales de prevención y cesación del tabaquismo en combinación con una política pionera en materia de alternativas más seguras a los cigarrillos como el snus (bolsas de tabaco para uso oral), los cigarrillos electrónicos y las bolsitas de nicotina (que no contienen tabaco pero sin nicotina).
La OCDE, en su informe sobre cáncer en Europa (2025), confirma además que Suecia presenta la menor incidencia de cáncer entre los hombres de la Unión Europea, y que también experimentó las mayores reducciones de mortalidad evitable por cáncer de pulmón. También se prevé que Suecia tenga el menor aumento del gasto sanitario per cápita en atención oncológica durante el periodo 2023-2050, mientras que los mayores aumentos se prevén en Chipre, España y Polonia.
Otro ejemplo normativo es del Portugal, quien ha optado por regular e integrar fiscalmente las bolsas de nicotina en lugar de prohibirlas. Desde este año, este producto está sujeto a un impuesto específico, reconociendo legalmente la categoría como producto sin tabaco y sin combustión, lo que, en opinión de empresas como Philip Morris, permite el control, supervisión y reducción del comercio ilícito, alineándose con otros países de la UE.