Podemos ha advertido este miércoles de que el decreto ley impulsado por Sumar para extender hasta 2028 los contratos de alquiler, cuyo borrador ya se ha remitido a los grupos parlamentarios y cuya aprobación se prevé en el próximo Consejo de Ministros, incorpora una modificación de la Ley del Suelo que la formación califica de “línea roja”.
En un comunicado, el partido morado señala que el texto preliminar del decreto contempla una reforma destinada a suprimir varios preceptos de la Ley del Suelo, alterando el sistema de recursos frente a los instrumentos de planeamiento urbanístico y el régimen de cancelación registral de los derechos de reversión sobre suelos expropiados.
Según Podemos, la modificación relativa a los recursos contra el planeamiento urbanístico supondría dar cobertura legal, con efectos retroactivos, a proyectos urbanísticos considerados ilegales y rebajar los controles sobre los desarrollos futuros. A su juicio, también recortaría la capacidad de organizaciones de la sociedad civil para denunciar posibles irregularidades urbanísticas.
Operación Chamartín y críticas de Podemos
En cuanto al cambio sobre la cancelación registral de los derechos de reversión, Podemos sostiene que eliminaría la posibilidad de que el antiguo propietario recupere un terreno expropiado por causa de interés público si finalmente no se destina a ese objetivo. La formación ha afirmado que se trata “de una reforma hecha a la medida de los intereses de BBVA, la constructora San José y Merlin Properties en la Operación Chamartín”, en Madrid.
Ante este escenario, el partido que lidera Irene Montero ha arremetido contra estas modificaciones y ha manifestado su “rechazo frontal”, exigiendo que se retiren del borrador como “condición ineludible” para abrir cualquier negociación.
Además, Podemos ha criticado que la reforma incluida en el decreto “es prácticamente igual” a la propuesta por el PP en 2018, a la impulsada por el PSOE en 2024 (rechazada no sólo por Podemos, sino también por Sumar, ERC y Junts) y a la que los socialistas llevaron al Congreso en 2025 junto con el PNV, que también fue tumbada por la mayoría de la Cámara.